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Los socios privados de J. Barreras, reticentes ante la propuesta del INI de reducir a cero el capital de la empresa

Los accionistas privados de la empresa de construcción naval Hijos de J. Barreras tienen previsto contestar la propuesta de reducir a cero el capital de la sociedad, que será presentada por el Instituto Nacional de Industria (INI) a la próxima junta general, convocada para el próximo día 27, según ha podido confirmar EL PAÍS. Medios cercanos a los hermanos Barreras -socios mayoritarios hasta la entrada del INI- manifestaron su intención de incluso impugnar una eventual decisión en tal sentido de la mencionada junta general.

La empresa Hijos de J. Barreras, radicada en Vigo, atravesó una difícil situación a partir del verano de 1976, derivada, según todos los indicios, de una discutible gestión de sus astilleros y planta de fabricación de motores. Sus dificultades alcanzaron el grado máximo a finales de octubre de ese año, ante la imposibilidad de atender las obligaciones financieras pendientes, evaluadas por encima de los 2.000 millones de pesetas. El agravamiento definitivo de la situación se produjo al no ser abonados los salarios correspondientes a octubre a los trabajadores de la plantilla, lo que motivó el inicio de una huelga indefinida en todas las instalaciones de la empresa. El paro se complicó al iniciar la dirección de Hijos de J. Barreras la aplicación de una serie de medidas disciplinarias y de fuerza que contribuyeron al deterioro total de la situación, provocando incluso conflictos de orden público, trascendiendo el marco de la empresa.A raíz de la virulencia que iba cobrando la situación, el Gobierno inició una serie de actuaciones que concluyeron en la decisión del Consejo de Ministros de ordenar al Instituto Nacional de Industria la entrada como socio mayoritario en la sociedad. El mandato último del Gabinete, a partir de un plan elaborado por el entonces ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio, fue que el holding estatal adquiriera la totalidad de las acciones de Hijos de J. Barreras por un valor no inferior a una peseta y pasara a hacerse cargo de la sociedad. Asimismo, el Gobierno ordenaba la realización de una auditoría sobre el estado real de la empresa, con el fin de valorar las acciones en el momento de la transmisión, de acuerdo con el auténtico valor patrimonial, aunque con la limitación a la baja del precio antes señalada.

Desde la entrada del INI en la empresa, el signo de la cuenta de explotación ha ido evolucionando favorablemente, hasta el punto de que expertos del sector consideran en estos momentos que en un plazo inmediato pueda llegar a ser incluso rentable, a pesar del difícil momento por el que atraviesan las empresas del sector. Según ha podido saber EL PAÍS, el veredicto de la auditoría realizada por mandato del Gobierno indica un valor real de la sociedad de signo negativo de varios cientos de millones de pesetas. El mismo análisis coincide en ratificar la opinión de los expertos, ya expresada con ocasión de la crisis, que centraba el origen de las dificultades en la pretensión de realizar determinados proyectos que trascendían las posibilidades financieras y técnicas de la empresa. En concreto, parece que se cita el de realizar la construcción de una sofisticada plataforma petrolífera. En estos momentos, las esperanzas de rentabilidad futura de la empresa se centran en los proyectos de reconversión acometidos y en la competitividad comercial de sus productos, lograda a partir de una especialización de sus procesos productivos.

En medios empresariales vigueses existe la creencia de que los hermanos Barreras pretenden en estos momentos, mantener su participación en la sociedad, a la vista de la rentabilidad demostrada tras el cambio de gestión. El proyecto presentado por el INI a la junta general, en cambio, consiste en aplicar el mandato del Gobierno en el sentido de convertirse en accionista totalitario de la empresa. Ello se instrumentaría mediante la reducción a cero del capital de la sociedad y una posterior ampliación, que sería suscrita íntegramente por el capital público.

Según ha podido constatar EL PAÍS, ambos medios implicados guardan un absoluto hermetismo respecto al previsible desarrollo de la próxima junta general. Al tiempo no han sido desmentidos unos supuestos contactos en los últimos días entre los representantes de los hermanos Barreras y del INI, encaminados a ultimar un acuerdo que limite la previsible conflictividad de la junta. Acuerdo que, hasta el momento, no ha sido descartado en medios próximos a la empresa viguesa.

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