Una comisión central planificará el entorno urbano en España

El Día Mundial del Urbanismo se celebra en España con un propósito definido: hacer comprender al ciudadano que el urbanismo es algo de todos los días, como dice Bernardo Ynzenga, director general de la especialidad en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.Para popularizar la idea de que el urbanismo depende de todos, el citado ministerio ha elaborado para estos días y para los meses futuros una serie de actividades, la mayor parte de las cuales tienden a divulgar la capacidad legal que tiene el ciudadano de denunciar desastres urbanísticos que se produzcan en su entorno.

La tarea de impulsar al ciudadano por el camino de la denuncia responsable no va a ser difícil. Hay una larga tradición administrativa de desidia por la planificación urbana racional. Un ministro de la Vivienda de la anterior etapa política, en misión oficial por una zona turística, llegó a alojarse en un hotel que carecía de las licencias municipales pertinentes.

El señor Ynzenga está convencido de que se producirá la concienciación ciudadana y también se halla persuadido de que la Administración va a responder con eficacia a esa preocupación del habitante por vivir en una ciudad racional.

Poco antes del verano el Gobierno puso en marcha una serie de medidas legales que van a hacer más difícil la infracción urbanística. Las multas pueden llegar a ser cantidades muy importantes. En cualquier caso, nunca serán inferioes a los beneficios que el infractor hubiera obtenido de seguir adelante con su proyecto urbanístico.

La vigilancia en torno a las infracciones urbanísticas se ha estrechado, asegura el señor Ynzenga. De 1.600 a 2.000 urbanizaciones ilegales fueron paralizadas recientemente en una sola región española: Cataluña. «Ha habido casos -señala el director general- en que de la denuncia a la paralización de unas obras ilegales se ha tardado tan sólo cuatro días. Se está actuando todo lo enérgicamente que permiten los medios lezales a nuestro alcance. Se está reforzando la inspección y se está librando una batalla por instaurar una verdadera disciplina urbanística».

¿Son suficientes los medios legales de que dispone el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismopara cumplir con los deseos que expresa el señor Ynzenga? El está seguro de que la situación legal es idónea y lo que hay que hacer es utilizar esas vías de una manera correcta. Es decir, a rajatabla.

Pero, evidentemente, los mecanismos legales necesitan refuerzos. Se habla de la posible inclusión en los códigos de un llamado delito urbanístico que obligue aún más al urbanizador, al constructor, al propietario y a las autoridades a respetar las normas que rigen en este país el negocio de la habitación.

El delito urbanístico, si se llega a implantar, y la aplicación rigurosa de la normativa sobre control urbano no servirán de nada si no se produce una democratización paralela de la vida municipal. La planificación urbanística requiere el uso de mecanismos democráticos, dice el señor Ynzenga, aunque él considera que resulta demasiado fácil hablar de las elecciones municipales próximas como el kilómetro cero del despegue de un urbanismo racional y democrático. Las elecciones municipales serán, sin duda, un factor decisivo para el cambio cualitativo del urbanismo en España, aunque por si solas no van a resolver el problema que muchos años de triunfalismo, especulación y masiflicación urbana han creado en este país.

La Comisión Central de Urbanismo

En este proceso de racionalización del urbanismo español puede jugar un papel esencial una entidad creada precisamente ayer en el Ministerio de Obras Públicas. Se trata de la Comisión Central de Urbanismo, cuya configuración se hallaba prevista en la ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana y cuya necesidad se explica sobre todo por la existencia de entes autonómicos con competencias en materia urbanística.La comisión constituida ayer es el órgano superior de carácter consultivo en la política urbanística. «Lo que quiere decir -dijo con ironía el señor Ynzenga- que hay política urbanística».

El informe de la Comisión Central de Urbanismo «es preceptivo en todas las materias urbanísticas cuya aprobación definitiva compete, según la ley del Suelo, al ministro de Obras Públicas o al Consejo de Ministros, pudiendo asimismo emitir informe en los temas que, a iniciativa propia, le sean consultados por el ministro o, a través de él por el Consejo de Ministros».

La importancia de esta comisión es evidente: sus informes, preparados por la Dirección General de Urbanismo, se discutirán en Consejo de Ministros si el ministro del ramo no disiente de ellos. El ministro no tiene poder para pasarlos por alto.

El subsecretario de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es el presidente de esta nueva entidad. Con él componen el pleno de la comisión diez vocales en representación de los departamentos de la Administración central cuyas competencias inciden sobre temas de planeamiento urbanístico o su gestión y ejecución, un vocal por cada uno de los entes preautonómicos que hayan recibido competencias en materia de urbanismo: diez vocales en representación de las diputaciones y los cabildos: cuatro vocales en representación de los colealos profesionales de arquitectos. abogados, ingenieros de caminos y economistas: un representante del Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana y cinco, vocales de libre designación por el ministro.

Bernardo Ynzenga define a la comisión como «un órgano permanente de asesoramiento operativo». Tratará de adaptar a lo largo del próximo año el planeamiento vigente. Además. redactará, o revisará el planeamiento de acuerdo con la vigente ley del Suelo. Esta revisión, que afectará a todos los municipios españoles, servirá de apoyo al «proceso de transferencia de competencias a los entes preautonómicos y favorecerá el planeamiento comarcal y la creación de oficinas provinciales y regionales».

La comisión unificará criterios de propaganda de una nueva idea del urbanismo, para «favorecer la participación pública y la apertura a propuestas y soluciones de planeamiento y gestión».

Para reforzar el papel coordinador del planeamiento urbano, la comisión elaborará las disposiciones legales, la normativa y los procedimientos que contribuyan a superar planteamientos sectoriales «e incidir sobre aspectos de coordinación de los presupuestos y programas sectoriales».

La comisión será la encargada de poner en marcha ese objetivo definido por Bernardo Ynzenga para la labor de inspección urbanística. La comisión tratará de «reforzar las capacidades legales y operativas en materia de disciplina urbanística».

En cuanto a la política de suelo, la comisión tendrá como objetivo el de impulsar la legislación y los medios técnicos y económicos «para producir modificaciones estructurales en materia de suelo, coordinándolas con las necesidades derivadas de la política de vivienda y equipamientos».

El Ministerio de Obras Públicas y y Urbanismo va en serio en su tarea de convencer al ciudadano de que el urbanismo, la planificación, es de todos. De quinientos millones dedicados al tema en el presupuesto anterior se ha pasado a los 2.000 millones en el presupuesto que se pondrá en vigor en 1979. El objetivo es el que define el señor Inzenga: «Demostrarnos a nosotros mismos que es posible hacer habitables las ciudades.»