Ante el proyecto Constitucional

Catedrático de Teoría del Estado y Derecho ConstitucionalLa precisión y la claridad, como diría Ortega y Gasset, son la cortesía de quien pretende ser un buen profesor, un buen profesional de la política y, fundamentalmente, un buen intelectual. El proyecto constitucional adolece de precisión y claridad... Deseo exponer sintéticamente mi actitud ante el proyecto constituciónal aprobado por ambas Cámaras, y habiendo el Senado introducido algunas importantes enmiendas al texto constitucional que en su día aprobó el Congreso de los Diputados es por lo que -y según lo prescribe la ley para la Reforma Política (Ley Suárez) se sometió a la comisión mixta integrada paritariamente por miembros de ambas Cámaras para llegar a un consenso sobre un mismo proyecto constitucional.

El comportamiento de nuestros políticos, constituyentes y de nuestras Cortes -que ha dejado su huella en tal proyecto constitucional- ha adolecido en este primer año predemocrático (desde el 15 de diciembre de 1978 hasta hoy) de, al menos, estos grandes defectos:

1. Los parlamentarios se han regido en sus actuaciones no por el dictado de «su» propia conciencia y atendiendo a la voluntad y sentir del cuerpo electoral que los eligió, sino por lo que les dictaba el comité del partido al que pertenecían. ¿Habrá habido alguna excepción? íQuizá! Pero de haberla habido confirmaría la regla. Los parlamentarios han adoptado la actitud que les ha indicado su partido ,aun a costa de ser contraria a los intereses del sector del pueblo que representan. Y así, por ejemplo, ante la pregunta que la periodista valenciana R. Ubanell le hizo al senador del PSOE Martínez Amutio de ¿qué papel representará el consenso en el debate de la Cámara alta?, el citado senador respondió: «Creo que el mismo que en la Cámara de Diputados. El tiempo apremia y en el caso del Senado más todavía, pero creo que los senadores, en su mayoría, seguirán las líneas de sus partidos; yo concretamente votaré lo que me ordene mi partido» (Levante, 9-VIII-78). Ha quedado bien patente cuál ha sido el comportamiento del Senado durante el tiempo que han durado los debates en torno al proyecto constitucional... En conclusión, en aras de la «disciplina de partido» todos -o casi todos- los parlamentarios han votado, como nos diría el diputado valenciano señor Ruiz Ramírez (PSOE), aun en contra de «su propia disciplina personal», posponiendo, pues, los intereses de «su» cuerpo electoral que les votó.

De lo anteriormente expuesto fácilmente podemos afirmar que la «partidocracia» (o abuso o uso indebido por los partidos de los derechos de las Cortes y de las obligaciones de los parlamentarios) ha hecho su aparición en la joven democracia española: el desastroso camino político de la democracia italiana se ha emprendido ya en España. ¡Siempre plagiamos lo malo! ¿Por qué nuestros legisladores, puestos a plagiar del constitucionalismo extranjero -pues en él han entrado a saco- no habrán plagiado el ordenamiento regional italiano previsto en la Constitución del 27 de diciembre de 1947?

2. Cualquier semientendido en temas constitucionales advertirá con una atenta lectura al texto del proyecto constitucional las lagunas, ambigüedades, contradicciones, imprecisiones técnicas... que el citado proyecto encierra....., y que saldrán a la superficie tan pronto entre en vigencia la Constitución. Estamos convencidos de que de aprobarse el proyecto constitucional tal y como ha salido de la Cámara de los Diputados y del Senado pronto entrará en desuso. Será una Constitución semántica o nominal a sumar a las muchas que España ha tenido. La futura Constitución -de aprobarse, insisto, en su actual redacción- será inviable.

3. Más aún, tomando el ejemplo alemán de establecer un poder ejecutivo fuerte se ha desembocado en esta absurda situación: para poder provocar una crisis del Gobierno, verbigracia la del Gobierno del señor Suárez, se necesita una mayoría absoluta, pero dudo que lleguen a una unanimidad los partidos de la Oposición para presentar un sustituto, y si no llegan a este consenso mayoritario ¿cómo podrá gobernar Suárez, por ejemplo, sin tener mayoría absoluta en las Cortes? ¿Se ha pensado en la disfuncionalidad de este voto de censura constructivo en el marco de un sistema multipartidista en España?

4. ¿Se ha parado mientes, por otro lado, que en materias importantísimas la Constitución remite su regulación a futuras leyes orgánicas? ¿Se ha meditado lo suficiente que mientras las futuras Cortes no aprueben dichas leyes orgánicas gran parte de la Constitución quedará en el alero? ¿No tendrán las futuras Cortes un carácter semiconstituyente que podrán desvirtuar, a través de las leyes orgánicas, el contenido de la Constitución? A este respecto ha dicho Julián Santamaría que «Ia continua remisión del texto constitucional a futuras leyes orgánicas no sólo convierte a las Cortes en un poder constituyente casi permanente, sino que puede afectar de manera decisiva la validez y efectividad de las prescripciones constitucionales, que en muchas ocasiones no incluyen siquiera los criterios mínimos a que deberá atenerse el legislador a la hora de hacer la ley orgánica correspondiente».

5. Otro ejemplo más lo tenemos en la composición del Tribunal de Garantías Constitucionales, que se forma por criterios políticos en lugar de por técnicos y juristas. De esta manera, y debido al tipo de composición que tendrá el citado organismo, las interpretaciones de la Constitución obedecerán a criterios políticos e irán variando según el color mayoritario de quienes lo integren. ¿Se ha reflexionado sobre la gravedad que encierra el hecho de la politización -por razón de su composición- del Tribunal Constitucional? ¿Se ha meditado el importante papel que cumple, y que por tal había de ser fundamentalmente aséptico? En fin, podríamos hacernos otros interrogantes..., pero el que pueda entender que entienda...

La futura Constitución no será, desde luego, un timbre de gloria para nuestros constituyentes. Nuestra opinión desfavorable al proyecto la hemos expuesto en múltiples artículos periodísticos y a ellos me remito. Sé que, por el contrario, las opiniones de los portavoces senatoriales de los grupos parlamentarios más importantes (verbigracia A. Jiménez Blanco, de UCD; F. Ramos, del PSOE; M. Villar Arregui, del PSI; P. Portabella, de la Entesa dels Catalans etcétera...) son favorables al texto del proyecto. Las ha publicado la prensa.

6. ¡Menudo «pastiche» es el Título VIII del proyecto constitucional español, que regula las comunidades autónomas! ¡Cuánto trabajo de orfebre florentino se necesitará para explicar y aplicar ese Título VIII ¡Cuánta cola va a traer! Hace agua por todas partes...

Podría insistir en otras imprecisiones terminológicas como, por ejemplo, las existentes entre soberanía popular y soberanía nacional, y la confusión establecida entre la forma de Gobierno y de Estado. Igualmente, los constituyentes han demostrado tener ideas poco científicas en la redacción del artículo 2, que incluye el término «nacionalidades», que en pura lógica implica que podría y debería reconocerse el derecho de secesión y de autodeterminación o, en caso contrario, no incluir este término. Pero ahí está, y el señor Arias Salgado dio una definición «culturalista» de nacionalidad que nadie entiende y que no sirve para diferenciarla de la de región, Por eso he afirmado anteriormente que el Título VIII será de difícil interpretación.

La teoría de la política del consenso

Pero el defecto que mayormente ha caracterizado a la vida política española en este año ha sido el «secretismo» con que se han realizado todas las labores políticas y constituyentes; tanto el comportamiento del Gobierno como el de los grupos parlamentarios y el de los partidos ha sido el contrario a lo que debe definir a toda democracia, es decir, «luz y taquígrafos», El secreto -casi masónico- propio de las «autocracias» ha campeado por sus reales en la casi... casi... «non nata» democracia para España. A esta política de total secretismo, causante de la creciente apatía del pueblo por la vida política y constitucional española, se la ha bautizado como «política del consenso». Veamos un poco esta teoría, y ya hemos visto algunos ejemplos de la misma que mejor que cualquier comentario servirán para demostrar la malandada política del consenso.

El consenso, evidentemente, es importante y fundamental. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el consenso puede ser democrático o no. Una cosa es el consenso democrático, que es un producto de unos debates.... y otra el consenso «a priori», que es el que ha primado en la vida política española actual. Este consenso ha sido realizado en comidas, cenas o tomando whisky..., fuera de los cauces parlamentarios. Es esta actitud la que ha provocado la apatía de los españoles con respecto a nuestra democracia. Nadie sabemos cuáles son las posturas que han mantenido los diferentes partidos políticos: en una democracia hay que saber quién es quién, para que luego el pueblo obre y vote en consecuencia. Un consenso democrático es, o debe ser, una resultante de los debates y no apriorístico, como ha sido el que se ha realizado. ¿Cómo a los políticos de la joven democracia española se les ha metido en la cabeza eso que ha venido a denominarse «política del consenso», y que el propio Cela denuncia como causa de la falta de claridad y de rigor del proyecto? En relación con la «política del consenso» seguida por los diputados y también por los senadores afirma Cela: «Ese consenso del que están tan orgullosos es una especie de burla sangrienta que se hace a los españoles que no pertenecemos a UCD ni al PSOE.» Algo más diría yo: la «política del consenso» es una befa a la democracia.

En mi opinión, la Constitución es un «pastiche» que dará problemas, porque no existen diferenciaciones ni matizaciones. Como, por ejemplo, ¿qué diferencia existe en el actual texto -ya lo apuntábamos antes- entre región y nacionalidad?

A no ser por estar en una transición, no votaría a la Constitución. A pesar de las imprecisiones, lagunas y defectos que tiene el texto constitucional, y que hemos subrayado a lo largo de este comentario, mi postura ante el mismo es de que si no fuera porque es necesario salir de esta situación de tránsito, no votaría en el referéndum constitucional. Pero dada la situación, como debemos tener reglas de juego para que los partidos puedan realizar su labor, me creo en el «deber cívico» de aceptar el actual texto constitucional. Y, aunque no me gusten los cauces marcados, más valen éstos que la temporalidad existente, porque si no los votamos ahora corremos el riesgo de no poder votarlos nunca. Prefiero andar con muletas a no poder andar.