Defensa del consenso

Secretario de Información de UCD

¿Consenso? Diríase, ante algunos ataques recientes a la dimensión de la vida política y social que encierra esta palabra, que estamos ante una moda perniciosa inventada por los españoles del posfranquismo. Sin embargo, el concepto -llámese consenso, pacto, acuerdo, etcétera- no ha dejado de estar presente en la historia de las naciones, desde que lo empleara por primera vez Cicerón, como una actitud positiva del animal social e inteligente que es el hombre, para evitar el enfrentamiento y la ruptura de la convivencia. Consenso es equilibrio dentro de una nación y es también lo que permite la existencia, sin guerra, de una comunidad internacional con organismos donde conviven regímenes y sistemas.

El riesgo del enfrentamiento

La búsqueda del consenso refleja el temor a la dislocación social. Incluso si la vida política consiste en una permanente confrontación de grupos, intereses, partidos y programas, una nación no puede subsistir sin un mínimo de consenso social consistente en coincidencias ante cuestiones tales como las libertades y los derechos, la naturaleza del Estado, los principios que rigen el funcionamiento de los poderes públicos y, punto importante, el propio sistema por el cual a la sociedad políticamente organizada le es permitido modificar algún punto de ese consenso que hubiera quedado obsoleto por la propia evolución social e histórica.

El error de ciertas críticas al consenso es que lo describen no como limitado al ámbito sustancial de la vida política que, en circunstancias como la española de la transición, puede y debe ser ampliado a los grandes problemas, de forma que Gobierno y Oposición lleguen a acuerdos sobre materias no propiamente constitucionales. El consenso es siempre limitado en su ámbito con independencia de que circunstancialmente el nivel de consenso pueda ser superior al que se da en una dialéctica convencional de confrontación Gobierno-Oposición. Consenso y confrontación conviven en una sociedad plural, estable y equilibrada. El consenso hace posible la confrontación sin ruptura de la convivencia. En una sociedad democrática, consenso es también el reconocimiento de la legitimidad del disenso, de la existencia de diferentes opciones y de la libertad para opinar sin amenazar la paz. Sin un suficiente nivel de consenso. la paz es imposible y la convivencia inviable, pero si el consenso supera un nivel no justificado históricamente por situaciones de transición o emergencia, y viene a ocupar el espacio reservado al disenso, entonces se produce la ruptura, no de la convivencia, sino del pluralismo. Entonces sobreviene una sociedad no consensual, sino uniforme y donde la ausencia de una confrontación dinámica impide el progreso. Todo esto eso que sucede en las sociedades totalitarias, en las cuales se produce el máximo nivel de consenso y éste viene a abarcar la respuesta concreta, y única, a los problemas ordinarios.

Consenso y pluralismo

Ninguna sociedad política puede vivir sin consenso, pero la sociedad democrática y libre no puede vivir solamente por el consenso. Por eso, una sociedad que practica el pluralismo de ideologías que se toleran y relevan en el ejercicio del poder es normalmente más flexible y, a la vez, estable que una comunidad basada en una ideología única. Entre el desacuerdo total y el consenso máximo podríamos dibujar una amplia escala donde caben distintas intensidades y niveles de consenso. El mínimo común necesario en la sociedad libre y democrática es una idea cultural, prepolítica incluso, que abarca ciertos valores socialmente reconocidos, y es también un conjunto de reglas políticas básicas, ya sean escritas en un texto constitucional o, como en Inglaterra, de naturaleza consuetudinaria y simbolizada en la Corona. El mínimo consenso reconoce y admite la diversidad que origina el disenso, como una situación no traumática y parte de la voluntad de los individuos de vivir juntos en la misma sociedad y bajo el mismo Estado sin recurrir a la violencia. Lo que permite el consenso es ser adversarios sin ser enemigos, es la coexistencia de ideologías diferentes, ninguna de las cuales trata de imponerse violenta o irreversiblemente a las demás.

Consenso y pluralismo coexisten y se complementan, y sólo la ignorancia o la corta visión puede hacer escribir a algunas plumas que el consenso mata al pluralismo, pues el consenso permite la convivencia y sin ésta no hay ejercicio posible del pluralismo. Consenso es lo que trasciende del pluralismo y queda al margen de éste, pero respetado. La línea divisoria entre uno y otro puede variar de una sociedad a otra y evolucionar o cambiar de una situación histórica a otra dentro de una misma sociedad, aunque no puede dejar de estar clara en cada momento. Es evidente que en las circunstancias que la transición española y, a diferencia de coyunturas históricas anteriores, es y debe ser posible el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y sociales. No sólo por la naturaleza del proceso constituyente, sino también por la necesidad de lograr mediante acuerdos libres y responsables un nuevo sistema de valores de la nueva sociedad y soluciones a la crisis económico-social, lo que requiere extender el consenso al contenido de un pacto social.

Ahora mismo hay quienes -no faltan los políticos jubilados prematuramente y convertidos en francotiradores desplazados por el sistema de partidos y sin protagonismo alguno en la política de consenso- les resulta sospechosa, si no negativa, esa afirmación de que la Constitución permite gobernar en capitalismo, o en socialismo, o en todas las claves políticas parlamentarias, que es una Constitución con consenso para el disenso que cada cual le interpretará a la medida de su programa. Esto, dicen algunos, es motivo de sospecha y recelo...

La Constitución de 1978

¿Qué decir de todo esto? Yo veo positivo lo que a esas opiniones les resulta negativas. Afirmo que la práctica de consenso constitucional e incluso la inclinación de las fuerzas políticas y sociales a la negociación, el pacto y el consenso es un hecho positivo de la vida política española. Una Constitución vale lo que la amplitud de la adhesión que suscita. Y por eso es válida la Constitución española de 1978, pese a su prolijidad, sus deficiencias técnicas y hasta semánticas. Si esa Constitución es admitida por las fuerzas políticas parlamentarias lo es, obviamente, porque permite gobernar a diferentes alternativas políticas.

Ciertamente, no olvido las críticas que se han hecho a la forma de llegar a acuerdos sobre ciertos puntos conflictivos. Pero las famosas «cenas consensuales» no serán más que anécdotas -que incluso serán valoradas por el juicio de la historia positivamente- si el resultado -y todos esperamos que lo sea- es una Constitución con arraigo y futuro. No me importaría nada que dentro de siglo y medio algún historiador pudiera decir de nuestra Constitución de hoy lo que André Maurois escribió de la Constitución americana en su «Historia de Estados Unidos»: « Los fundadores se envolvieron en un verdadero aparato de silencio y misterio. Todas las sesiones tenían lugar en puerta cerrada. Ese método salvó la Convención y aseguró la calidad de su obra. En varias ocasiones, violentos conflictos opusieron a los delegados entre sí. De haber sido público los desacuerdos, todo compromiso hubiera llegado a ser imposible. La Constitución de Estados Unidos, obra excelente, es hija de la Sabiduría y el Secreto. La Constitución es esencialmente un compromiso.»

Hay quienes hubieran querido -constitucionalizar las ideas e intereses de una parte del país e impedir, con la Constitución en la mano, que un eventual Gobierno de izquierda pudiera llevar a cabo su programa. Esta pretensión, de triunfar, habría hecho imposible la convivencia. Es cierto que un mismo artículo de la Constitución podría dar lugar al desarrollo de dos políticas bien diferentes, pero ¿para qué servirían las elecciones, si no es para que los electores conozcan las diferentes opciones programáticas y opten entre ellas?

Temores excesivos

La Constitución de 1978 es permisiva, pero como bien se ha dicho repetidamente estos días, tiene un carácter y «personalidad» inequívocos: es una Constitución liberal-progresista. Por lo demás, ciertos temores parecen excesivos si se piensa en la existencia de un Tribunal Constitucional encargado de vigilar la armonía de todo el sistema jurídico con la Constitución y de acoger el recurso de amparo. No creo que nuestra Constitución permita vuelcos políticos más allá de unos precisos ideales de progreso en libertad, a los que aspira la gran mayoría de los españoles. Permite, obviamente, por ejemplo, un Gobierno del PSOE, pero dudo mucho que se pueda implantar en España una política socialista, marxista, revolucionaria, lo mismo que un programa opuesto a una mayor justicia e igualdad social, sin violar manifiestamente el ordenamiento constitucional.