Juan Manuel Fanjul: "El crecimiento de la delincuencia en España ha sido simplemente vegetativo"

Pregunta. ¿Qué variaciones hubo en el mundo delictivo de España en el año judicial cuya memoria acaba de ser dada a conocer?Respuesta. La memoria se refiere al año natural anterior al 15 de septiembre y corresponde a todo el año 1977. Por tanto, es una memoria relativa a un período en el cual yo no era fiscal. Lo era el señor González Zapatero. Sin embargo, naturalmente, la memoria la suscribe el fiscal que está en este momento en funciones. Aparte de las estadísticas habituales, esta recopilación lleva una introducción en la que se enfoca el encuadre que el ministerio fiscal tiene en lo que ya hay de Constitución. Esta introducción es responsabilidad mía, y actualiza, por decirlo así, la memoria que presentamos relativa a 1977.

Tiene el interés de que es el primer año de un contenido democrático completo. El referéndum fue el 15 de diciembre de 1976, al año siguiente se celebraron las elecciones. En 1977, el entorno político-jurídico gira en torno a unas coordenadas distintas de las de los años anteriores.

En líneas generales, la delincuencia entre 1976 y 1977 tiene un crecimiento que pudiéramos llamar vegetativo. Hay un cambio de diez delitos a doce por cada mil habitantes. Es un crecimiento normal, sobre todo en una etapa de transición política y de dificultades económicas. En cuanto al tipo de delitos, progresan de manera alarmante los que van contra la propiedad, que de 1976 a 1977 se incrementaron en un 87%. No ocurre así con el resto de los delitos, pese a algunas exageraciones de algunos medios de difusión respecto a delitos contra la honestidad que en realidad no tienen la trascendencia que se les ha querido dar. En los primeros meses de mi trabajo como Fiscal del Reino, alarmado por esas noticias, pregunté en todas las fiscalías territoriales de España por esta clase de delitos y me aseguraron que no existían signos de aquellas alarmas.

Las tres características de la etapa que comentamos podrían ser estas: aumento progresivo de los delitos contra la propiedad, en lo que yo creo que influye la situación de desempleo. Muchos acuden al delito contra la propiedad para buscar lo superfluo o para hallar lo que es esencial para comer. La segunda característica es la progresión en el consumo de drogas. El comercio de las drogas sigue recluido en estructuras tradicionales de tipo «mafioso», pero el consumo ha aumentado, sobre todo, y esto es lo más grave, en gente joven. La tercera característica es el enorme aumento de la delincuencia juvenil, protagonizada por chicos cuyas edades oscilan de los catorce a los dieciséis años.

Este último es un problema no estrictamente español, sino europeo. En Inglaterra, por ejemplo, alcanza grados de sadismo increíbles. Es la enseñanza que se obtiene de la Naranja mecánica. Esta delincuencia juvenil se basa en el convencimiento que tienen los chicos acerca de la casi impunidad de que gozan en virtud de su edad. Es un problema muy grave que me preocupa muchísimo y sobre el que la sociedad tiene que mentalizarse.

P. ¿Qué pueden hacer los estamentos responsables de la sociedad para reducir esos índices crecientes de delincuencia iuvenil? ¿Existenlos medios adecuados para la protección de la infancia y de la juventud o fallan las estructuras sociales obligadas a ofrecer esa protección?

R. Yo creo que se falla en muchísimos aspectos. En primer lugar, fallamos en lo que podríamos llamar caldo de cultivo social. Si ha habido una sociedad materialista en la historia es esta en la que nos hallamos. Nunca hubiera pensado Marx que su concepto del materialismo histórico iba a venir de la mano del capitalismo. Naturalmente, en esta sociedad de consumo el niño tiene a su alcance, con sólo encender la televisión, una serie de placeres que van desde el caramelo hasta la señora, pasando por la droga. La sociedad no ofrece un atractivo espiritual para el. niño. No se hace nada para frenar este materialismo. Por ejemplo, no se controlan los medios de difusión incluso los oficiales, que colaboran a este ofrecimiento malsano.

Con respecto a la tutela de los menores que ya han incidido en alguna infracción, en mi criterio es anacrónica, inservible y debe ser profundamente revisada. Por supuesto, de ello es consciente el ministro de Justicia, al que se lo he planteado muchas veces y que mantiene la convicción de que esto hay que transformarlo de arriba abajo, como se vuelve un calcetín.

P. Algunos medios de difusión, a los que usted ha aludido calificándolos de alarmistas, insisten en identificar el nacimiento de la democracia con el aumento de la delincuencia. ¿Cómo se enfrenta usted a esa opinión?

R. Es como confundirla gimnasia con la magnesia. La democracia tiene el fundamento filosófico de que todos los hombres son mejores y de que todos desarrollan su actividad en un ambiente de libertad y de relajamiento, sin complejos. El hombre que se halla en esas circunstancias tiene que producir unos resultados mucho más positivos que el que se halla sometido a tensiones y a inhibiciones impuestas desde fuera.

Un cambio tremendo

Lo que ocurre es que nuestro tránsito de 1975 a la situación actual ha sido tremendo, trascendental e inesperado en algunos sentidos. Ese cambio ha influido tanto en la vida de los hombres que en ciertos casos algunos se han disparado. A partir de esa circunstancia, alguien ha pretendido asimilar democracia y delincuencia diciendo que la democracia no es posible. Si no es posible esto, pregunto yo muchas veces, ¿qué es posible? ¿Debemos volver a sufrir una tensión como la que ha vivido el país? Evidentemente, no era una tensión que se palpara en las calles, pero se hallaba en la mente y en la vida de las personas.Lo que ha pasado es que se ha producido una solución de continuidad entre una mecánica legal y otra mecánica legal distinta. Durante una serie de años funcionó una mecánica legal, de carácter administrativo, con arreglo a una legislación que reprimía toda clase de excesos, tanto los justos como los injustos. De ahí se saltó a la democracia, sobre todo, a raíz del nombramiento de Adolfo Suárez. Esa democracia no ha construido aún su paquete de medidas legales. Aquellas medidas legales antiguas no pueden ser aplicadas en su mayoría porque políticamente han periclitado. Y estas otras todavía no se han construido. Por eso nos encontramos muy frecuentemente con un vacío de legalidad en el cual, naturalmente, se producen excesos.

P. ¿Cómo puede responder a una mecánica progresista, desde el punto de vista legal, un cuerpo jurídico español que ha sido fundamentalmente conservador?

R. Como está respondiendo. El jurista tiene por función aplicar, la ley que se le da, le sea más o menos simpática. Por tanto, en la actuación de la magistratura, el hombre se desprende de sus principios para aplicar la ley que se le otorga. Contemplo cómo magistrados y Fiscales, izquierdistas o derechistas en el campo ideológico, reaccionan ante problemas que se les presentan con conceptos dogmáticos del derecho que verdaderamente llamarían la atención, porque han superpuesto a sus principios personales la finalidad de la ley.

P. ¿No cree usted que la dependencia del ministerio fiscal de las directrices gubernamentales ha sido y es excesiva en España?

R. La relación entre el ministerio Fiscal y los poderes ejecutivos de todos los países es evidente. Se ha discutido mucho cuál es el papel del ministerio fiscal dentro de la estructura general de la administración de justicia. Hay quienes creen que es una magistratura postulante, inserta en el poder judicial, pero independiente, mientras que otros sostienen que los fiscales deben ser meros funcionarios al servicio del Gobierno.

Hay que clarificar la idea de que el ministerio fiscal pueda ser una mera máquina, por la cual entra el impulso del ejecutivo y se transforma en una querella y sale la querella por el otro lado de la máquina. Entre ese impulso y la posible querella está la aplicación de los principios de imparcialidad y legalidad. Cualquier denuncia que le pasa un órgano del poder ejecutivo, si en el criterio fiscal no está de acuerdo con la legalidad, este ministerio puede archivar la denuncia sin dar explicaciones a nadie. Yo le aseguro que se está aplicando de una manera rigurosa por parte de los fiscales esa normativa. Por mi parte, que podría ser el que se pusiera más en duda por parte de algunas personas, puesto que procedo de la política, desde el momento en que fui nombrado, primó en mí una realidad insoslayable: después de treinta y ocho años de abogado en ejercicio, me retiré de todo, me hice el compromiso de servir a este cargo con una pureza absoluta y desde ese momento, no he tenido más preocupación que la de cumplir con lo que es la cabeza del ministerio fiscal en sus dos vertientes: las relaciones del ministerio fiscal con la comunidad y las del fiscal del Reino con sus fiscales. Operamos con un criterio estrictamente jurídico: imparcialidad y legalidad, y de ahí no nos saca nadie. Antes de torcerme un milímetro, me marcharía de este despacho.

P. Desde distintos ángulos de la vida española se pide la derogación de la ley de Peligrosidad Social, a la que se califica de «anacrónica». ¿Qué opina usted de ello?

R. Es un tema que está en continua evolución. El gran pionero del concepto de peligrosidad social fue mi maestro Luis Jiménez de Asúa, cuya ley de Vagos y Maleantes, dictada en la República, que fue calificada como «una gran conquista social». Luego vino la reforma de esa ley y más tarde se promulgó la actual ley de Peligrosidad Social de 1970. Yo me opuse a ella desde mi escaño de procurador en Cortes de representación familiar. Dije en una enmienda, la única que se presentó a la totalidad, que la ley de Peligrosidad Social sin establecimientos adecuados y sin equipos humanos técnicos era un fraude. Esta idea mía es la que existe en el Ministerio de Justicia, donde se trabaja sobre una nueva ley de marginados, o de rehabilitación social, que vaya al compás de los tiempos. Es decir, que el problema existe desde 1933, cuando el profesor Jiménez de Asúa redactó su ley primitiva y va evolucionando al compás del desarrollo social.

P. ¿Cree usted que es normal, en pleno año 1978, que un homosexual sea considerado en España como delincuente?

R. No. El concepto de delincuente social hay que ponerlo en relación con el daño que produzca en su entorno. Para mí, este ejemplo que usted me ha puesto, si no produce un impacto de escándalo o proselitismo, si no acarrea riesgo de contaminación, me parece respetable. Desde el momento en que ese problema propio, humano, se proyecte sobre los demás, hay que atajarlo. Hay que impedirlo en su proyección, no en su existencia.

P. Se ha hablado de la posibilidad de que la judicatura tenga su propia policía. ¿Cree usted que esto haría más eficaz la administración de la justicia en España?

R. Esa policía judicial es indispensable y urgente. Según lo que le he oído al ministro del Interior, creo que puede considerarse como algo muy próximo. Es necesario que la magistratura y la fiscalía dispongan de una policía.