Los empresarios de la antracita reclaman incremento de precios

La producción de antracita de 1978 no podrá ser utilizada por las centrales térmicas «hasta dentro de tres o cuatro años», según los empresarios del sector, al haber acumulado estas últimas unos stocks equivalentes a la producción anual de toda la minería del país. Una sola central -la de Compostilla, en Ponferrada, propiedad de Endesa- cuenta en estos momentos con dos millones y medio de toneladas de carbón almacenadas en sus instalaciones, en tanto que la producción nacional se sitúa en torno a los cuatro millones de toneladas anuales.Los datos arriba citados fueron expuestos ayer en una rueda de prensa convocada por la patronal minera leonesa -León produce el 60% de la antracita consumida por las térmicas de todo el país- en respuesta a las acusaciones de las centrales sindicales sobre los expedientes de crisis que amenazan con hundir al sector. Los empresarios, a su vez, han acusado a la Administración de provocar la crisis con la actual política de precios, favoreciendo la importación de combustibles derivados del petróleo. Mientras que el precio de una tonelada de antracita es de 2.500 pesetas para las centrales térmicas, que absorben el 75% de la producción, los costos de explotación se sitúan en tomo a las 5.000 pesetas por tonelada, precio que sólo se alcanza en el carbón de uso doméstico y que apenas representa una cuarta parte de la producción total.

Los empresarios han pedido a las centrales sindicales que hagan frente común con ellos, «para un planteamiento de fuerza de cara a la Administración», con el objeto de conseguir una revisión de los precios y ayudas financieras para hacer frente a la crisis y a los problemas de stocks. Según la patronal, tal «frente común» tiene antecedentes satisfactorios en la crisis minera de 1968, fecha en que un alza oficial de los precios evitó la desaparición de la mitad de las empresas del sector. La renta de la minería de la antracita en la provincia de León se aproxima a los 12.000 millones de pesetas anuales -casi un 20% de la renta provincial-, con un censo laboral de 7.000 trabajadores que podrían perder su empleo, de forma gradual, en breve plazo «al agotarse la capacidad de resistencia de las empresas».