Lavapiés, un barrio que se niega a desaparecer

El próximo día 28 los habitantes de Lavapiés proyectan manifestarse en el centro del barrio para exigir un freno eficaz a la especulación y el realojamiento de las familias desahuciadas. La Asociación de Vecinos de La Corrala ha presentado ya la correspondiente solicitud en el Gobierno Civil. Esta manifestación cerrará la campaña que durante los últimos quince días se ha realizado en la zona por los mismos motivos por los que los vecinos quieren manifestarse.La situación de degradación y ruina a la que ha llegado la zona arroja de momento el balance de trescientos expediente de ruina y cuatrocientas familias desahuciadas. Sin embargo, la amenaza de ruina se cierne sobre numerosos edificios más. Muchos de éstos están abandonados desde hace largo tiempo y sus propietarios esperan su deterioro para vender después los solares y obtener importantes beneficios. Además, el bajo nivel adquisitivo de muchas familias les impide realizar las debidas obras de conservación, por lo que la declaración de ruina supone para ellos un respiro económico.

Ante todo este proceso de destrucción del barrio, la Asociación de Vecinos La Corrala consiguió hace tiempo el compromiso escrito por parte del antiguo gerente de urbanismo y la promesa verbal del actual de que los solares municipales del barrio serían destinados a la construcción de viviendas de promoción directa para alojar a las familias desahuciadas. Sin embargo, el Ayuntamiento se ha vuelto atrás y ha anunciado la venta de solares bajo el pretexto de que necesita dinero. Por ello la petición de que los solares municipales del barrio no sean vendidos será otro de los motivos de la manifestación. Los vecinos argumentan además que convendría que la cantidad que el Ayuntamiento gasta en subvención a los desahuciados -57 millones y medio el pasado año- podría dedicarse a la construcción de las viviendas.

Como solución inmediata, la asociación de vecinos va a pedir al gobernador civil de Madrid que las muchas casas desocupadas del barrio sean utilizadas por las familias desahuciadas. Para ello piden que el gobernador civil obligue a los propietarios de esas viviendas a alquilarlas o que en caso de negativa aplique unos fuertes gravámenes fiscales.