Crédito de 3.000 millones de pesetas para "sanear" el Metro

Tres mil millones de pesetas de un crédito extraordinario del Banco de España, que va a gestionar el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y una emisión de obligaciones con el aval del propio Estado, por una cuantía que se desconoce, serán las fórmulas de financiación de las obras de ampliación y mejora del Metro madrileño, después de que el servicio haya sido intervenido. Este dato fue dado a conocer ayer por la mañana, en el curso de una rueda de prensa que se celebró en torno al ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán.

La rueda de prensa de ayer por la mañana en el Ministerio de Transportes había sido convocada con el objeto de ofrecer a los informadores todos los datos que se derivan de la nueva situación del Metro, una vez que éste ha sido intervenido por el Estado y está a punto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial por la que se nombra a los miembros del consejo de intervención.El único dato de cuantos se ofrecieron en la rueda que suponía una novedad es el de la fórmula de financiación que se va a adoptar. Fundamentalmente, esta fórmula de financiación consiste en la concesión de un crédito extraordinario de 3.000 millones de pesetas por parte del Banco de Crédito a la Construcción y que ha de ser negociado con el Banco de España. Con estos 3.000 millones, el consejo de intervención ha de hacer frente al pasivo que actualmente tiene la Compañía Metropolitano y que asciende a unos 2.000 millones de pesetas, además de comenzar un llamado Plan Extraordinario de Conservación, que consiste fundamentalmente en la puesta en funcionamiento de los 13,2 kilómetros de ferrocarril que están prácticamente acabados en su infraestructura y en la mejora del material que redunde en una mayor seguridad para el viajero.

Sin embargo, los 3.000 millones de crédito no serán suficientes para los dos objetivos que se proponen, ya que las obras que se quieren acometer ya suponen una inversión de 1.220 millones de pesetas. Para conseguir los fondos necesarios, el propio Ministerio ha previsto una emisión de obligaciones, que contará con el aval del Estado, y que será hecha pública dentro de poco.

Valoración de las acciones

Por lo que respecta a la fórmula que se adoptará para la valoración de las acciones de la Compañía Metropolitano, el ministro aseguró que «será una valoración justa». Previamente a que, de acuerdo con la ley de Expropiación Forzosa, se fije el precio de cada acción, el Estado ofrecerá a los accionistas la posibilidad de canjear sus títulos por otros con intervención estatal. No existe todavía una oferta en firme, aunque se ha insistido en los últimos días en que ese canje podría ser por acciones de la Compañía Telefónica.Una vez que el Estado haya adquirido esas acciones, éstas serán transferidas al ente que se cree para su gestión y que, de acuerdo con el proyecto de decreto que el Gobierno ha remitido a las Cortes, será municipal con una participación del 25% de la Diputación, en previsión de una futura expansión del Metro fuera del término municipal de Madrid capital. En tanto esa ley no sea aprobada, el consejo de intervención se ocupará de sanear la economía de la Compañía y entregar, cuando llegue el momento, todo el activo perfectamente regularizado.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado su oposición a hacerse cargo del Metro en las actuales circunstancias e incluso se ha llegado a comentar que el enviar el proyecto de ley a las Cortes para que sean los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, los que decidan quién ha de ser el futuro gestor del servicio constituye una maniobra del Ministerio de Transportes para que la Corporación Municipal no pueda oponerse a la decisión que se adopte. El señor Sánchez Terán aseguró que tal maniobra no ha existido en ningún momento. «Unicamente -dijo- se ha pensado en que esta fórmula es la más democrática que se puede adoptar y no la del decreto-ley.»

Preguntado el ministro sobre el límite de seguridad que hoy ofrece este sistema de transporte, aseguró que «si hubiera riesgos, no se daría el servicio». Cuando un periodista insistió en el tema, preguntando si ese nivel de seguridad era el normal, el señor Sánchez Terán preguntó a su vez cuál era el nivel normal, para asegurar inmediatamente que «usted lo que pretende es pillarme en una trampa».

Según la orden que va a publicar el Ministerio, nombrando a los miembros del consejo de intervención, éste estará presidido por Jaime Badillo, antiguo director adjunto de Renfe y presidente hasta hace unos meses de los Ferrocarriles de Vía Estrecha. En el consejo se integrarán el director general de Transportes Terrestres, Juan Antonio Guitart, y el director general de Infraestructura del Transporte, Carlos García Maura, en representación del Ministerio de Transportes, así como dos representantes del Ministerio de Hacienda -sin designar todavía-, dos del Ayuntamiento de Madrid -uno de ellos su delegado de Circulación-, dos de los accionistas -los señores Valero y Marín- y dos del comité de empresa -los señores Herrero y Risco.