Desacuerdo sobre el modelo económico en la Constitución

Aun destacando la necesidad de respetar el consenso generalizado en los planteamientos de modelo económico previstos en el texto constitucional, los representantes de los principales grupos parlamentarios -UCD, PSOE, PCE y AP- discreparon notoriamente ayer respecto del alcance de lo dispuesto en el proyecto y las posibilidades que en el plano económico permite. Al debate, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), concurrieron Miguel Boyer (PSOE), Jaime García Añoveros (UCD), Guillermo Piera (AP) y Ramón Tamames (PCE).La oposición más firme al contenido del proyecto constitucional fue formulada por el representante de Alianza Popular. El señor Piera estimó que las limitaciones a los derechos de propiedad privada y libre empresa señalados en el texto existente yugulaban decisivamente las posibilidades de desarrollar ambos preceptos considerados, por otra parte, los pilares esenciales del ordenamiento socieconómico español.

Con la salvedad de que cada grupo político debería responder a la obligación de definir con claridad el marco económico que defiende, el señor Piera señaló que Alianza Popular preconiza la inclusión clara y concisa en el texto constitucional del reconocimiento al derecho de la propiedad privada, la defensa de la empresa como institución más adecuada para realizar dos tipos de ideales: el de la libertad individual y el del progreso social, y finalmente la aceptación de la economía social de mercado como mecanismo más eficaz para la adopción descentralizada de decisiones.

En una interpretación similar, aunque con dispar valoración, se manifestó el diputado comunista Ramón Tamames, quien admitió que con lo dispuesto en el proyecto constitucional sería posible aplicar desde la política más conservadora -en lo económico- a la más progresista, sin quebrantar las normas e incurrir en anticonstitucionalidad. Esto fue considerado positivo por el representante comunista, quien añadió que el proyecto actualmente debatido en el Congreso consagra derechos hasta el momento inexistentes en el ordenamiento anterior y que unidos suponen la consagración democrática de conquistas que costaron y están costando muchos esfuerzos. Tamames destacó también que el texto elaborado recoge en una nueva formulación algunos derechos ya existentes en etapas anteriores, que ahora adquieren un verdadero rango constitucional y suponen de hecho la consagración de un sistema de economia bre de mercado compensada por una serie de garantías laborales y sociales.

El representante socialista, Miguel Boyer, por su parte, estimó conveniente reflejar en la Constitución todos aquellos puntos sobre los que actualmente existe consenso, procurando definir un marco amplio para aquellos para los que no existía una claridad de objetivos sobre los que basar él futuro de la sociedad española. Miguel Boyer calificó de grave error cualquier intento de frenar avances sociales en el texto constitucional, ya que ello provocaría una permanente inestabilidad constitucional sujeta a los avatares del turno de predominio parlamentario.

Jaime García de Afloveros, diputado de la UCD por Sevilla y catedrático de Derecho Financiero, defendió, en buena manera, el texto constitucional en lo referente al sistema económico. Mostró su coincidencia con algunos comentarios expresados por algunos conferenciantes, en el sentido de que la Constitución debe ser marco general en el que se recojan los derechos fundamentales de las personas, con todo lo que esto representa en los diferentes órdenes.