"Nada hay en el dictamen de Acción Sindical que permita hablar de autogestión o cogestión"

PREGUNTA. En la polémica que está teniendo lugar en tomo al anteproyecto de ley de trabajadores en la empresa, y al dictamen de la ponencia sobre el texto remitido por el Gobierno, no se ha explicado, y seria interesante que usted lo hiciera, las razones por las que UCD le cedió la mayoría a la izquierda en la ponencia y, con ello, la posibilidad de transformar radicalmente, como así hicieron, el primitivo articulado.RESPUESTA. El dictamen de la ponencia ha sido el resultado lógico de una dinámica de negociaciones y discusiones en su seno. Yo no hablaría, en principio, de una cesión de UCD. Sus parlamentarios, al margen de que hayan presentado numerosas enmiendas al texto, han actuado influenciados por los razonamientos que fueron expuestos en la ponencia. No se puede afirmar, como han hecho algunos empresarios, que el grupo parlamentario de UCD haya encajado una serie de goles de la izquierda. Su postura ha respondido a la seriedad de los argumentos que se debatían. Es muy difícil mantener posturas irracionales en el seno de un reducido grupo de trabajo, donde se justifican con absoluto rigor los pros y los contras de cada cuestión específica.

El acuerdo previo para la constitución de la ponencia es irrelevante si, como ha sucedido en el dictamen final, han prevalecido los razonamientos.

P. Uno de los puntos que llama la atención y que no ha sido suficientemente desvelado en esta polémica es la coordinación que ha existido entre la izquierda en la ponencia. Los planteamientos de UGT y CCOO, del PSOE y del PCE, no han coincidido hasta ahora, hasta la ponencia, en mútiples aspectos de la regulación del ejercicio de las libertades sindicales. ¿Qué ha ocurrido?

R. Voy a responderle sin ningún triunfalismo y sin tampoco hacer de este tema un patriotismo de siglas. Nosotros, la Unión General de Trabajadores, mantenemos públicamente desde hace muchos, muchos meses, determinada filosofía sindical. Hemos defendido, por ejemplo, la necesidad de las secciones sindicales en los centros de trabajo, la confección de listas cerradas para las elecciones y el protagonismo exclusivo de las centrales en las negociaciones de convenios fuera del marco de la empresa. Otras centrales, por el contrario, habían mantenido hasta ahora criterios distintos, y, en estos momentos, han hecho suyos los nuestros. CCOO, que había defendido las listas abiertas en las recientes elecciones, estuvo dispuesta en la ponencia, incluso, a que las listas fueran sindicales en todas las empresas de más de cincuenta trabajadores. Quiero con esto decirle que, efectivamente, UGT ha defendido en la ponencia lo que propugnaba desde hace mucho tiempo, en tanto que CCOO, por las razones que fuere, tras las elecciones sindicales ha hecho suyos nuestros planteamientos.

Por otra parte, como centrales sindicales y como partidos obreros, el principio objetivo de acuerdo era fácil: una ley que beneficie fundamentalmente a los trabajadores.

Comité de Empresa

P. Uno de los artículos del texto del dictamen que ha concitado mayores críticas de las organizaciones patronales ha sido el noveno. Las facultades atribuidas a los comités de empresa han sido calificadas de autogestionarias y de prejuzgar el futuro modelo económico adelantándose a la Constitución ¿podríamos analizarlo detalladamente a la luz de las críticas de que ha sido objeto?

R. Naturalmente. Podemos empezar por el párrafo primero, uno de los más controvertidos, que se refiere a la obligación de la dirección de la empresa a informar a su comité. Pero, ¿qué es lo que supone el «ser informativo»? Las patronales aducen una argumentación compleja para oponerse a tales atribuciones, afirman que el comité de empresa puede exteriorizar o dar a conocer a las empresas competidoras lo que deben ser informaciones muy reservadas y de estricto carácter interno. Nosotros, frente a estos argumentos, que los comprendemos, pensamos que la solución no está en eliminar el derecho a la información, sino en añadir al párrafo unas líneas, que estamos dispuestos a discutir, donde se garantice la reserva de las informaciones que realmente tengan tal carácter.

Otro de los aspectos presentes en las críticas; de la patronal es su temor a ciertas expresiones, a ciertas palabras, que estiman duras. Se vio en el título de la ley, en la última reunión de la Comisión de Trabajo, con la denominación acción sindical, y se está viendo con la palabra control, referida a las atribuciones del comité, que para los empresarios tiene claras connotaciones autogestionarias. ¿Cuál es la postura de los socialistas? La de discutir el significado de las palabras, para disipar temores, y salvaguardar el fondo de lo que se ha querido decir con ellas al incluirlas en el dictamen.

También, y con respecto al cómité de empresa, se quejan los empresarios del párrafo segundo, en el que se dice que será preciso el acuerdo del citado organismo en relación a las decisiones de los empresarios sobre una serie de temas de implantación. Según ellos, la falta de acuerdo supondría un veto que paralizaría toda la funcionalidad de la empresa. Yo, sinceramente, creo que no tienen razón. No hay que olvidar que en este proyecto de ley nos estamos moviendo en un marco general, en el que existen unos tribunales y un procedimiento legal. De no haber acuerdo con el comité, el empresario puede seguir aplicando sus criterios y que sean las centrales sindicales las que reclamen a los tribunales, que son quienes, en última instancia, darán la razón a quien la tenga. E incluso, si su redacción está incompleta, si se estima que faltan garantías, podemos discutirlo y encontrar una fórmula.

El asesoramiento de expertos al comité cuyos honorarios serían atribuidos al empresario, otra de las críticas de la patronal, es también un tema discutible. La ayuda de los expertos es necesaria, pero la retribución a los mismos podría reconsiderarse si son las secciones sindicales quienes negocien.

En resumen, le puedo asegurar a usted que ni en este artículo noveno, ni en ningún otro, existe nada que responda a la autogestión o a la cogestión. La división de fuerzas del país los hacen hoy inadmisibles. Hay una cosa curiosa en las críticas de la patronal, nos acusan de marxistas -que lo somos- y de querer apoderarnos de los medios de producción, y la verdad es que nosotros somos perfectamente conscientes de que nos movemos en una economía de mercado, que es injusta, pero está ahí.

Secciones sindicales

P. ¿Y en relación con las secciones sindicales?

R. Sinceramente, y aunque haya sido muy criticado, yo le diría que el artículo veintinueve es anodino. Reconoce una cuestión de principio, que es la implantación de las secciones sindicales en la empresa, pero a continuación, en cuanto a facultades y cometidos, se limita a permitir el cobro de cuotas de afiliación sin que se produzca interrupción del ritmo de trabajo y a poder fijar propaganda en los tablones de anuncios de la empresa.

P. Se habla, sin embargo, de ciertas limitaciones...

R. La intención de UCD, por lo que sabemos, es reducir la implantación de secciones sindicales al ámbito de las empresas de más de quinientos trabajadores. Luego, existe también el peligro, sobre todo para las grandes centrales, en el porcentaje de afiliación exigido para constituir sección sindical. Aquí podría aprovechar UCD los dos colegios electorales para crear secciones sindicales de cuadros.

P. ¿Qué otros artículos se presentan como más controvertidos?

R. El cuarto, que motivó el aplazamiento de la sesión de la Comisión de Trabajo, por referirse a los trabajadores de dependencias militares. El veintisiete, referente a las listas abiertas que pretende imponer UCD en las empresas de menos de 250 trabajadores, y a las cuarenta horas abonables concedidas a los representantes sindicales. El tema de las asambleas -también se nos ha acusado de asambleismo- podría también provocar algún debate, pero doce horas anuales de asambleas no se puede decir que sea fomentar el asambleismo, al que las propias centrales nos oponemos.

P. ¿Confían realmente, a la vista de las críticas de la patronal y de la mayoría de UCD y AP en el Parlamento, en sacar el proyecto adelante?

R. Yo, personalmente, no confío ante las presiones y la mayoría de UCD y AP. Pero, por otra parte, la situación que puede producirse en este país, en plena transición política y en plena crisis económica, es gravísima, y el Gobierno debe ser consciente de su responsabilidad. La minoría mayoritaria de UCD en el Parlamento no puede ceder a las presiones de la patronal y legislar de espaldas a una realidad social, máxime cuando se trata de una ley a aplicar a los trabajadores. El Gobierno tiene que tener muy en cuenta a las centrales sindicales, especialmente a CCOO y UGT, que cuentan con una estimable representatividad, y que ya le han dado pruebas de poder paralizar sectores enteros de la producción. Y esto no es una amenaza.

P. ¿Y la actitud de las patronales?

R. Mire usted, lo que ocurre en este país, a diferencia del resto de los países europeos, es que aquí la izquierda es más coherente y está más organizada en partidos y sindicatos que la derecha. Los intereses económicos de la patronal que están presentes en UCD y en el propio Gobierno, no encuentran, sin embargo, su reflejo ideológico en un partido. Por ello recurren a los planteamientos de grupo de presión más que a los de partido conservador. Y en este sentido cabe entender la campaña de dramatización en torno al proyecto, que en nada beneficia al proceso de democratización en marcha.