El jefe superior de Policía de Bilbao será objeto de una querella criminal
El jefe superior de Policía de Bilbao, José Sainz, no compareció ayer en el Juzgado Municipal número 2 de la capital vizcaína, en el que había sido citado, junto con el secretario municipal, Pedro Oñate, para un acto de conciliación previo a querella criminal por presuntas injurias y calumnias vertidas en un informe policial.El señor Oñate formalizará la querella en el transcurso de los próximos treinta días. Como compensación por los daños morales, exige cinco millones de pesetas, que se destinarían al museo de la Resistencia y la Cultura Vasca, que se proyecta construir en Guernica, y una rectificación pública en los diarios EL PAIS y, Abc
El informe policial que es objeto de la presente querella está fechado el 26 de febrero de 1971 y figura en el expediente abierto por la audiencia nacional a raíz del recurso presentado por el señor Oñate contra una sanción que le inhabilitó en sus funciones de secretario por un período de seis años.
En relación con este caso, el señor Sainz ha declarado que no tiene nada que conciliar con Pedro Oñate, a quien no conoce, para añadir que todos los informes que envió acerca de¡ querellante fueron por conducto oficial y a requerimiento de otro organismo también oficial. El señor Oñate entiende, sin embargo, que esta circunstancia no altera en absoluto el posible carácter delictivo de las acusaciones que en dicho escrito se vierten contra él.
El querellante hace constar la contradicción existente entre el dictamen del Ministerio de la Gobernación, que el 22 de abril del 76 afirmaba que la conducta personal del señor Oñate era intachable, según constaba en los informes policiales, y esta otra comunicación, firmada por el jefe superior de Policía de Bilbao cinco años antes, en la que se le acusa, entre otras cosas, de intento de homicidio, malos tratos y escándalo sexual.
Por último, Pedro Oñate manifiesta que los trámites judiciales que sigue la Audiencia Nacional en relación con su recurso se han demorado por encima de los plazos legales. Así, el abogado del Estado, que interviene en nombre del Ministério de la Gobernación, no ha contestado aún a las pruebas del recurrente, pese a que el 24 de enero se le instó a que lo hiciese en el plazo improrrogable de quince días.
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