Enrique Barón: "Los socialistas no quieren estatalizar la economía

Organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), de Bilbao, se celebró en la capital vizcaína el pasado jueves una mesa redonda con el título Economía, empresa y Constitución, en la que participaron Enrique Barón (diputado del PSOE), Jaime García Anoveros (diputado de UCD), Luis Enrique de la Villa (catedrático de Derecho del Trabajo, de la Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Sagardoy (catedrático de Derecho del Trabajo, de la Universidad Complutense de Madrid) y Manuel María Zorrilla (magistrado de Trabajo de Vizcaya). Actuó de presidente-moderador Antonio Garrigues Walker, presidente de ACP.

Enrique Barón analizó la planificación democrática y la tutela de la productividad en una economía, bajo la perspectiva del PSOE. El diputado socialista, refiriéndose al primero de los dos puntos, dijo que su partido no ha propuesto ni propondrá nunca una planificación imperativa de la economía. «Este tipo de planificación, inventado en la economía rusa de los años veinte, cumplió una etapa de la industrialización básica, e incluso hoy está contestada técnica y políticamente en los países del Este, por ejemplo Checoslovaquia. Sin embargo, las bases técnicas y políticas de planificación se han aprovechado en países de economía capitalista y concretamente en el caso de España; bajo el franquismo, desde 1964, ha habido planes de desarrollo que han servido de planes de estudio y de medio de financiación privilegiada para la gran empresa. »Señaló Enrique Barón que los socialistas no han querido nunca estatalizar la economía, «pero queremos que la política económica sea pública, tenga objetivos a medio y largo plazo y se haga en función de los intereses de la mayoría, rompiendo con la actual política de privilegios al pequeño grupo».

Como solución a la crisis del Estado español el diputado socialista propuso «operaciones profundas de cirugía», que incluyen la nacionalización de la siderurgia, la planificación de la energía eléctrica y nuclear.

Refiriéndose a las relaciones empresarios-PSOE el diputado socialista dijo que «hay un malentendido que debe aclararse, y es que en una perspectiva socialista también necesitamos empresarios; no queremos una economía de funcionarios, y pensamos que este papel del empresario socialista es clave en la transformación de la sociedad».

Refiriéndose a la tutela de la productividad, Enrique Barón comenzó por calificar de «desgraciado» el artículo 32, segundo párrafo del proyecto de constitución «que parece -dijo- más propio de un reglamento de régimen interior que de una Constitución».

Señaló que hoy se pretende en cierto modo formular la ecuación libertad igual a baja productividad por indisciplina laboral y desmoralización, también causa de inflación y crisis. «Sin embargo, no se relaciona productividad del factor trabajo con el capital invertido e incluso con el nivel de salarios».

Falta de riesgo y pocos incentivos

Por su parte, Jaime García Anoveros acometió prácticamente el mismo tema desde la perspectiva de UCD. El diputado centrista afirmó que hoy el principal problema que tienen la economía occidental y la española, es que la recesión y el ocio tienen más seguidores que el riesgo.Propone el señor García Anoveros, frente a la falta de riesgo, la adopción de una serie de mecanismos que permitan exigir responsabilidades tanto a los empresarios como al trabajador, sin enmascarar con acciones públicas la mala gestión empresarial y la falta de prestación racional del trabajo en la empresa.

Estatuto de los trabajadores

Intervino posteriormente Luis Enrique de la Villa, quien al referirse al futuro de un estatuto de los trabajadores dijo que lo de menos es el nombre que se vaya a dar a la norma de protección al trabajador -estatuto, código de derechos o normativa básica-. «Lo importante es que incluya de manera inequívoca tres modificaciones básicas con respecto a la actual reglamentación: el reconocimiento de un marco realista para el ejercicio de derecho de huelga, un marco suficiente para la negociación colectiva con fijación inequívoca de quiénes son las partes que negocian, y el reconocimiento de la acción sindical en las empresas.

El proyecto del Gobierno de acción sindical

Antonio Sagardoy, que expuso el tema Las relaciones colectivas en la Constitución dijo en su intervención, que mientras no se apruebe la Constitución es «frívolo» pretender dictar normas con valor de ley sobre derecho colectivo.Opina el señor Sagardoy que el Gobierno debe retirar el decreto-ley de acción sindical en la empresa por dos motivos: por coherencia consigo mismo y con la práctica parlamentaria («si ha guillotinado el proyecto de Camacho alegando que hay que esperar a la Constitución, no es lógico que ahora quiera imponer un proyecto de este tipo»), y por haber demostrado el proyecto del Gobierno su claro matiz «perturbador», al pretender unas elecciones generales en empresas tres meses después de las que se celebran hoy y por el hecho de no incluir la creación de secciones sindicales en las empresas.

Finalmente intervino en la mesa el magistrado señor Zorrilla, quien expuso el tema Opinión constitucional del lock-out. Refiriéndose al tratamiento que del tema hace el proyecto de Constitución, señaló que en el artículo 35/2 del borrador de Constitución se menciona sólo la obligación, asumida por los poderes públicos, de salvaguardar los derechos de negociación colectiva y de huelga, mientras que el articulo 36/1 auguraba una tutela de la productividad a tono con las exigencias de la economía general y de planificación democrática. Recordó el señor Zorrilla que el artículo 32 del anteproyecto de Constitución, proclama el derecho del empresario a adoptar medidas de conflicto colectivo, «expresión que pese a lo cauteloso y sibilino de su redacción, se refiere, sin duda, al ejercicio del lock-out».