La confusión, denominador común frente a la crisis

El pacto de la Moncloa ha sido, finalmente, el auténtico. protagonista de la VIII Semana Económica Internacional del Grupo Mundo, clausurada ayer en Barcelona. Aunque criticado por todos, la coincidencia resultante señala la necesidad de su estricto cumplimiento por parte de todas las fuerzas sociales. En la última jornada, Marcelino Camacho y Rafael Termes pusieron el mayor énfasis en recalcar que el pacto constituía el único medio de superar la crisis. Quedaban atrás las acusaciones de Tamames, asegurando que la banca privada pretendía boicotearlo.

Lo cierto es que, a lo largo de cinco jornadas, se han discutido casi todos los temas posibles, menos el planteado en el enunciado inicial: crisis política, crisis económica, crisis empresarial, sobre cuya existencia nadie ha puesto la menor duda. Las discrepancias han derivado de las acusaciones recíprocas, y sobre todo de las conductas respectivas para salir del atolladero. Hay que decir también que, salvo honrosas y contadas excepciones, el tono ha sido bajo y la mayoría de los ponentes han evidenciado una lamentable y preocupante falta de imaginación, con especial mención de patronal y centrales sindicales, cuyos representantes se han limitado a reiterar los eternos tópicos, rehusando decidirse abiertamente y obsesionados permanentemente por sus ansias electoralistas y fobias antigubernamentales.Uno de los juicios más sensatos de los vertidos en la semana fue el expresado ayer, en la jornada de clausura, por el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez, cuando se refirió a la confusión reinante, derivada de la ambigüedad y escasa claridad de la mayor parte de los planteamientos. Insistió también en la necesidad de entablar un diálogo sincero entre todas las fuerzas, especialmente las integradas en el proceso productivo, para sacar al país de la crisis en que se encuentra. Crisis que, por otra parte, tardará en ser superada más de los dos años anunciados, en el mejor de los casos, según estimación unánime.

En realidad, y como señaló Sebastián Auger en sus palabras al cierre de los debates, la confusión denunciada por el político democristiano hacía prácticamente imposible la delimitación de conclusiones; si es que la confusión no constituía una conclusión en sí misma.

Como aportaciones de la Semana pueden destacarse algunas intervenciones al margen del tono de ambigüedad imperante. Tono que los organizadores lamentaron -en privado- profundamente y señalaron como posible causa del escaso interés y nula participación de los asistentes a la Semana en los debates. Antonio Garrigues Walker aportó su tesis de que las derechas están en condiciones de plantear una alternativa al modelo económico imperante, a través de una revolución cultural de signo liberal, que no necesariamente debe llevar el marchamo de los partidos de izquierda. Ramón Tamames, por el contrario, expuso su creencia de que es el marxismo el más capacitado para ofertar esa alternativa -cuya necesidad nadie ha puesto en duda-, en buena medida porque recoge todos los elementos básicos del liberalismo y constituye una superación de los esquemas capitalistas. Por cierto que nadie desmintió a Garrigues cuando destacó la absoluta coincidencia existente a su juicio, entre los planteamientos de eurocomunismo, socialdemocracia y socialismo.

La aportación más brillante en el plano de la realidad española fue la de Miguel Boyer, que presentó una alternativa socialista perfectamente estructurada al modelo de crecimiento español, actualmente en crisis, incorporando el concepto de empresa gestionada y delimitando los campos de actuación de los sectores privado y público en el contexto económico. El comunista Tamames también razonó su creencia de que la economía española se desliza por la pendiente final de un ciclo largo, coincidiendo con todos en que las recetas clásicas del capitalismo no solventarán los problemas que España tiene planteados. Ambos, aunque más directamente Boyer, criticaron el liberalismo económico de Fuentes Quintana, calificado de inoportuno y falto de sentido común. También en el plano concreto destacó la polémica entre Rafael Termes y Ramón Tamames sobre un supuesto boicot de la banca privada al pacto de la Moncloa; desgraciadamente, ambos no tuvieron oportunidad de coincidier en una misma sesión. Fabian Estapé, por su parte, denunció -incidiendo en el tema- la huelga inversora de los empresarios, señalando los peligros que comporta para su propia supervivencia y para el futuro del conjunto de la sociedad española.

Las críticas al Gobierno arreciaron en dos sentidos: la aplicación de los pactos de la Moncloa y su comportamiento en temas laborales y sindicales, especialmente por parte de las centrales sindicales en este último aspecto. Los empresarios acusaron una vez más de izquierdismo al Gobierno y pidieron se introduzca el modelo económico de libre empresa en el texto de la futura Constitución española. Los representantes de centrales y partidos de izquierda expusieron la necesidad de que el mayor costo que la crisis comporta para la clase trabajadora sea compensado por una mayor participación de las clases populares en la decisión política, social y económica, sin excluir el ámbito empresarial.

En la última sesión intervinieron Xavier Casasas (SOC), Jerónimo Saavedra (UGT), Manuel Zaguirre (USO), Jerónimo Lorente (CSUT), Marcelino Camacho (CCOO), Joaquín Ruiz-Giménez (ID), Rafael Termes (ASOBAN), Fabién Estapé (CCOO), Alfredo Molinas (FTN) y Eugenio Peggio (PCI).

De la muy reducida participación extranjera, Levinson se mostró en su línea habitual, marcadamente combativo frente al eurocomunismo, en tanto que el responsable de temas económicos del Partido Comunista Italiano, Peggio, apareció sumido en un mar de contradicciones en un ataque-defensa del pacto social. De las alternativas ausentes, Unión de Centro Democrático no compareció por deseo expreso de la organización; Alianza Popular, por negativa rotunda de su secretario general, Manuel Fraga, y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), por entender que la Semana era profundamente antidemocrática, en base a que los derechos de inscripción estaban cifrados en 50.000 pesetas.