La autogestión, el modelo más avanzado de democracia participativa
La posibilidad de acceder y participar, a escala nacional en los medios de comunicación en los países desarrollados está contemplada en diversos proyectos y realidades de empresas, gobiernos y organismos internacionales. Como ejemplos concretos se pueden citar los de Inglaterra, en donde pueden variar sustancialmente los planteamientos de la comunicación audiovisual si se ponen en práctica las recomendaciones del Informe Annan. Este informe defiende entre otras cosas la creación de un cuarto canal de televisión, dirigido por un nuevo organismo abierto a la participación de la sociedad, ya que de esta manera se garantizaría en mayor medida la pluralidad informativa y la pluralidad educativa a través de programas abiertos.En la actualidad, en Inglaterra, la utilización del teléfono es una forma privilegiada y muy popular de tener acceso a la radio. Tres emisiones semanales de la BBC permiten a los radiooyentes expresar sus opiniones en directo ante un vasto público y también pueden criticar y preguntar a las personalidades y especialistas invitados al estudio.
En otros países la participación del público en la comunicación se canaliza a través de la ayuda técnica que reciben los programas propuestos por las bases. Por ejemplo, en Finlandia, las emisiones televisivas combinan los filmes o reportajes producidos por los grupos a quienes afectan los contenidos, con la ayuda de profesionales, con las críticas y debates de otros sectores también sobre los mismos temas. Estas emisiones permiten a los trabajadores de fábricas, labradores y, a otros grupos marginados dar a conocer sus problemas y entrar en contacto directo con las autoridades. En Dinamarca esta participación alcanza el grado sumo, ya que, en materia de cine y radio, permiten a los individuos o grupos no sólo producir sus propios programas, sino incluso realizarlos utilizando ellos mismos medios técnicos de producción.
La radiodifusión y la televisión de los Países Bajos constituyen también un ejemplo único en su género del sistema de representación. Los tiempos de antena y de programación son repartidos entre siete asociaciones que representan a diferentes sectores político-religiosos. Una representación de estas asociaciones, costeadas por los miembros suscriptores, se encarga de asegurar la cooperación entre las diversas asociaciones. En caso de insatisfacción los miembros pueden cambiar de asociación. Ejercen por tanto, la posibilidad de influir sobre la programación.
Autogestión en los sistemas de información
Yugoslavia presenta el ejemplo más definido de la participación del público en la gestión y en las tomas de decisión en las empresas de comunicación. Es lo que nosotros entendemos, en teoría, por autogestión,. En este país, un Estado federal compuesto de un gran número de nacionalidades y de minorías nacionales, la democratización del proceso de comunicación reposa sobre la propiedad social de los medios de producción y sobre la autogestión, en general, que rige la vida de las instituciones políticas y económicas. Las seis repúblicas y las dos provincias autónomas que componen Yugoslavia poseen sus propias empresas de información, que son independientes y difunden sus programas en todas las lenguas nacionales.
En el interior del órgano de información, en Yugoslavia, la autogestión está asegurada por los consejos de trabajadores que representan a los trabajadores de las empresas. Los delegados del consejo de trabajo asisten a la asamblea, órgano supremo de gestión de la empresa, en la que también participan otras personas ajenas a la empresa pero implicadas en la producción.
En definitiva, este sistema de autogestión social yugoslavo se caracteriza por la aparición y efectividad de una serie de órganos de consulta y de decisión que representan tanto a los trabajadores como al público, que también está asociado a la definición de la política, de la gestión y de la programación de las empresas de comunicación.
Todos los órganos de información -en el sistema de autogestión que nos ocupa- tienen una entidad fundadora que puede ser una organización de trabajo, social o un organismo político, como la asamblea regional o comunal, o un cuerpo sociopolítico. El público está directamente representado por el Consejo de Programación del órgano de comunicación. Este Consejo fija las líneas generales de la programación y decide su puesta en práctica. También analiza las proposiciones presentadas por el público y realiza un informe anual de las actividades del medio. Este informe, que es entregado a las organizaciones fundacionales, es también accesible al público.
Un segundo nivel de participación en la autogestión y de influencia del público en los medios es el constituido por la Asociación de los Consejos de Emisión, que se forman con representantes de cada sector social de producción, como la educación, las artes, los deportes.
El público está también representado en un tercer nivel participativo constituido por el Consejo de Difusión creado en el seno de los pueblos o de las comunas. Este Consejo vela para que los programas respondan a las necesidades de la comunidad y se encarga de transmitir al Consejo de Programa ción las críticas y sugerencias de la población local. El mismo público es informado por todos los canales masivos de comunicación (prensa, radio y televisión) del balance anual del funcionamiento de los órganos de información autogestionados y de la política informativa a seguir en el próximo año. El Consejo de Programación solicita las sugerencias del público, cuyas reacciones son integradas en las líneas e innovaciones previstas.
La estructura y funcionamiento de los órganos de información yugoslavos, aunque presentan el modelo más avanzado de democracia participativa aplicada a la comunicación social, se encuentran, sin embargo, condicionados por el sistema político central, que implacablemente impone un funciona miento fuertemente burocrático.
Difícil industria de la comunicación
Fuera del caso de Yugoslavia, la aplicación práctica del potencial de acceso y participación del público en los medios de comunicación en los países industrializados se hace muy difícil, ya que en la mayoría de éstos los órganos de información nacional tienen una larga tradición de comunicación vertical según la cual la política y el contenido de la información son decididos unilateralmente por las autoridades res ponsables y la producción de mensajes corre a cargo de un cuerpo de profesionales. Por otra parte, los medios de información en manos de empresas comerciales encarnan el peligro de intentar, ante todo, el beneficio económico en detrimento de la información que interesa al público. Estas empresas dependen económicamente de la publicidad y de la competencia del mercado de mensajes organizado como industria de la comunicación. En este contexto, el acceso y la participación del público en las empresas de comunicación parece que está en contradición con el principio mismo de las empresas comerciales para las que la audiencia es esencialmente una masa de consumidores. Por otra parte, los medios de comunicación estatales representan también intereses que limitan el acceso y la participación del público en los mismos. El modelo de información única que presentan estos medios, el control gubernamental sobre el contenido de la información que transmiten, reducen también las posibilidades de expresión y de crítica del público. Aunque la gestión de estos medios estatales se haga a través de comisiones parlamentarias, éstas no llegan a constituir una forma de intervención directa del público.
Otra de las resistencias de la s organizaciones de comunicación al acceso y participación del público procede de los mismos profesionales, quienes se oponen a cualquier tipo de control ajeno sobre la práctica de su profesión. En este sentido, los profesionales de la información suelen mostrar fuertes reticencias a la participación del público en la producción de mensajes.
Pero no hay que olvidar, tampoco, que la participación del público viene limitada también por los condicionamientos socioculturales del propio público. La pasividad de la audiencia es uno de los condicionamientos más importantes. Las demandas de acceso a la comunicación son, generalmente, presentadas por los grupos más favorecidos o con más poder, mientras que los grupos o personas más perjudicados y con menos poder no promueven ninguna demanda participativa.
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