Elecciones municipales, ya

EL SOLEMNE compromiso del segundo Gobierno Suárez, contraído por propia voluntad, de convocar las elecciones municipales antes de que concluyera 1977 ha sido incumplido. Las declaraciones de los líderes y portavoces de UCD han sido, a lo largo de los últimos meses, lo suficientemente vagas y contradictorias como para borrar todos los rastros que pudieran permitir hacerse una idea cabal de los verdaderos propósitos al respecto del partido que ocupa el poder ejecutivo y tiene el control de las Cortes. Tampoco la actitud del resto de los grupos parlamentarios acerca de esa crucial cuestión ha sido expuesta con la claridad y rotundidad que el respeto a sus electores exigía. Para sorpresa de todos, los pactos de la Moncloa, que cubren un amplísimo espectro de cuestiones económicas y políticas, no incluyeron la menor alusión a la forma de realizar esa convocatoria ni a la fecha de celebración de los comicios. La sospecha de que las direcciones de los partidos habían llegado a acuerdos explícitos o a componendas implícitas para aplazar las elecciones municipales hasta después del referéndum constitucional (e incluso de las segundas elecciones generales parlamentarias) tenía bases lo suficientemente sólidas como para resistir ante los débiles y cautos desmentidos de las oficinas de prensa de los partidos. Sin embargo, la reciente declaración de la Comisión Ejecutiva del PSOE exigiendo la celebración de las elecciones municipales dentro del primer trimestre de 1978, aclara cuando menos la posición de la segunda fuerza política del país. Pertenece al secreto del sumario la razón de la anterior tibieza y flojera de los socialistas, que prefirieron hasta ahora centrar su atención en otras cuestiones y que olvidaron incluir en el orden del día de las conversaciones de la Moncloa la urgencia de la renovación democrática de la Administración local. Las próximas semanas aclararán, también, si la declaración del PSOE es un simple gesto destinado a salvar las apariencias o si el partido de Felipe González está resuelto a llevar hasta las últimas consecuencias lógicas su postura; pues en sus manos están los instrumentos de presión necesarios para arrancar del Gobierno la convocatoria, y de las Cortes la aprobación urgente del proyecto de ley enviado por el Ministerio del Interior para su regulación.

Ahora les corresponde el turno de réplica a las demás formaciones políticas con representación parlamentaria. Aunque parece interesada en la rápida celebración de las elecciones municipales, Alianza Popular no ha puesto énfasis excesivo en el asunto. En cuanto al PCE, Santiago Carrillo, en la conferencia de prensa del pasado 10 de diciembre, sembró el desconcierto en las filas de su propia organización al mostrarse favorable al aplazamiento de la convocatoria hasta después del referéndum constitucional, pese a que, hasta ese momento, la posición oficial de los comunistas era urgir su celebración.

Pero la actitud de los dos grupos que cubren las alas opuestas del arco constitucional no es decisiva. Lo importante, ahora, es que el partido del Gobierno se pronuncie claramente, sin circunloquios ni vaguedades, sobre las elecciones municipales. Si UCD y PSOE se pusieran de acuerdo, los comicios para la renovación democrática de la vida local podrían llevarse a cabo a finales de marzo o comienzos de abril. No hay obstáculos técnicos ni legales que no sean salvables por la voluntad combinada de los dos grandes partidos. El PSOE se ha pronunciado ya de forma rotunda en favor de una rápida convocatoria; la única duda es si los socialistas quieren librar de verdad una batalla política o si, convencidos de la inevitabilidad de una demora a la que contribuyeron hasta el momento con su absentismo, desean tan sólo guardar las formas, y están dispuestos de antemano a resignarse ante el hecho consumado. En cualquier caso, la responsabilidad última del aplazamiento recae, ahora, sobre el Gobierno. Tal vez existan razones de «alta política», ignoradas por la baja ciudadanía, que aconsejen la postergación de la convocatoria municipal. Pero es mucho más probable que la explicación de la demora haya que buscarla en los intereses electorales de los partidos. No hay por qué contraponer la renovación democrática de los ayuntamientos y las diputaciones con el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución. Se trata de un falso dilema. Es muy importante que la Monarquía parlamentaria española vea reguladas sus instituciones en una carta constitucional coherente. Pero también lo es que la Administración local, en manos todavía de personas designadas por el franquismo, pase a ser regida por alcaldes y concejales libremente elegidos. La consolidación de la democracia española sólo será posible mediante la eliminación del autoritarismo y la corrupción en. la vida provincial y municipal. Un parlamento elegido por sufragio universal no puede coexistir con ayuntamientos y diputaciones designados mediante procedimientos autoritarios. Los diputados y senadores son, ciertamente, los representantes de la soberanía popular; pero mostrarían un desconcertante menosprecio hacia ésta si permitieran que miles de aldeas, pueblos y ciudades españolas, siguieran gobernados por los hombres del antiguo Régimen.

Finalmente, los regímenes provisionales de autonomía no serán más que una piadosa ficción en tanto que los ayuntamientos y las diputaciones no sean ocupados por los representantes de la voluntad popular. El indudable avance que han significado los estatutos preautonómicos de Cataluña y el País Vasco obliga al Gobierno, para no ser acusado de inconsecuente, a llevar a cabo, antes del referéndum constitucional y en el más breve plazo, la renovación democrática de los municipios, sobre los que descansan en definitiva las instituciones de autogobierno.