La empresa concesionaria de la autopista del Atlántico, emplazada a un debate público
El Círculo de Información y Estudios Sociales (CIES), cuyas tesis vienen siendo compartidas por la Asociación Nacional de Afectados por la Autopista del Atlántico, ha decidido emplazar a la empresa concesionaria de la obra a un debate público, como respuesta al informe que aquella envió a la Asamblea de Parlamentarios y que recogió EL PAIS el pasado día 8. Exige que demuestre la validez de sus afirmaciones con pruebas documentales o contables, ya que de no hacerlos entenderá que se ha tratado de «desorientar al pueblo gallego con una estimación arbitraria de costes».
Afirma CIES que la reparación a fondo de la N-550, de La Coruña a Vigo, y la construcción de circunvalaciones, es condición previa a la construcción de la autopista. «En caso contrario, el Ministerio de Obras Públicas sería culpable de promover el uso de una vía privada, con el correspondiente pago de peaje, al no dar alternativa.»En el aspecto de tráfico, afirma CIES, basándose en datos oficiales, que una carretera redia -ellos proponen dos y la mejora del servicio ferroviario- puede absorber más tráfico efectivo que una autopista, cualquiera que sea la capacidad teórica de carga de una y otra. Resalta, por otra parte, que la concesionaria no ha aludido nunca a la capacidad que ofrece la alternativa completa de los afectados, que incluye el ferrocarril, medio del que hace una amplia defensa.
Al aludir a los costes de construcción, se insiste en que la alternativa de dos redias y el ferrocarril, incluidas las expropiaciones, importarían 26.915, millones de pesetas, que la concesionaria situaba en 49.000 millones sin tener en cuenta expropiaciones. Ponen de manifiesto que si el proyecto de autopistas era de 32.000 millones en 1973, hoy, dados los costes de inflación, cuesta por lo menos 55.968 millones, y no los 25.700 que apuntaba la concesionaria. Según esto, la alternativa de CIES y los afectados importaría 30.000 millones menos que la autopista.
En materia de expropiaciones, CIES considera «ofensiva» la argumentación de la concesionaria.
Esta aseguraba que la autopista únicamente expropia 1.500 hectáreas y la alternativa que los afectados defienden, 2.100. Señala también que la carretera potencia de forma continua las zonas que atraviese, cosa que no hace la autopista, al producir «corte territorial».Como se sabe, la autopista está paralizada en un tramo de dieciocho kilómetros, de Pontevedra a Vigo, desde hace cinco meses, por la oposición de los afectados, que tuvo en cuenta el entonces ministro de Obras Públicas, Calvo Sotelo.
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