Ciento cuarenta trabajadores se encierran en una iglesia

Los 140 trabajadores de la plantilla de Azuelejera Española, SA, acompañados de un buen número de sus familiares, permanecen encerrados desde el pasado martes en un iglesia de la barriada obrera del polígono de Cartuja, como protesta por el cierre de la fábrica a que la empresa ha procedido de forma unilateral y sin contar con la oportuna autorización de la Delegación Provincial de Trabajo, por lo que su conducta podría estar incursa en el artículo 499 bis del Código Penal, como un delito social.

El pasado mes de abril, la Delegación de Trabajo aprobó, a instancias de la empresa, un expediente de reestructuración de plantilla, en virtud del cual, quedaron suspendidos todos los contratos de trabajo por un espacio de cuatro meses. Sin embargo, a pesar de que el plazo finalizó a las 24 horas del pasado día 29, la fábrica continúa aún cerrada, por lo que los trabajadores han presentado la correspondiente querella criminal en el juzgado de guardia por «posible delito social». La situación ha sido igualmente denunciada en la Delegación de Trabajo y el Gobierno Civil de Granada.

Según fuentes próximas a la empresa, ésta sólo parece dispuesta a readmitir a 68 de los 141 trabajadores de la plantilla. Por su parte los obreros mantienen la postura de no aceptar ningún tipo de división y han propuesto hacerse cargo de la fábrica, en plan de cooperativa, con el importe de los fondos para el paro que les corresponderían.

Por otra parte, la empresa tiene presentado por el Juzgado de Instrucción número dos de Granada un expediente de suspensión de pagos, con motivo del cual los terrenos sobre los que está instalada la fábrica han sido valorados por los interventores judiciales en 172 millones de pesetas. «Como tendrían que pagar más de 20 millones en conceptos de indemnizaciones -nos dice un abogado de los trabajadores- salta a la vista que el cierre de la fábrica podría ser un buen negocio».