Nuevo proyecto para el restablecimiento de la Generalitat

Los catedráticos de Derecho Administrativo Eduardo García-Enterría y Sebastián Martín-Retortillo serían los principales asesores jurídicos del Gobierno -concretamente de Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa- en el tema de la elaboración de fórmulas jurídicas que permitan lograr la restauración de la Generalitat de Cataluña durante el período provisional, que mediará desde una fecha próxima hasta la promulgación por el Congreso de Diputados de un estatuto de autonomía de Cataluña.

Dicha información fue obtenida por EL PAIS de una fuente parlamentaria catalana del mayor relieve, la cual precisó también que el Gobierno tendría ya en su poder un dictamen jurídico emitido por suspropios asesores en el que se afirma que no es procedente el restablecimiento de la Generalitat a partir de la base primera, apartado tercero, de la ley de Bases de Régimen Local, sino que la fórmula jurídicamente procedente consistiría en desarrollar la base 20 de la misma ley, en contra de la tesis mantenida por Tarradellas y los parlamentarios catalanes (base primera, apartado tercero) que ya le fue expuesta a Martín Villa.El dictamen gubernamental basaría sus consideraciones en que los «entes superiores a la provincia» a los que alude la base primera, apartado tercero, pueden ser únicamente servielos específicos, sin dimensión política propia, tales como coordinación de servicios forestales, docentes u otros, por lo que es preciso acogerse a la base 20.

Para salvar esta bipolarización, un sector parlamentario concreto elaboró y entregó a Rodolfo Martín Villa otro proyecto más genérico que los anteriores -y desde luego incomparable con el «proyecto de real decreto-ley sobre la Generalidad»-, que contiene tres puntos. El primero de ellos alude a la derogación del decreto de 5 de abril de 1938, firmado por el general Franco con la finalidad de suprimir el estatuto de autonomía de 1932. El segundo punto reclama el restablecimiento de la Generalitat bajo la presidencia de Josep Tarradellas, y el tercero señala la creación de un consejo provisional de la Generalitat, cuya única función sería redactar un proyecto de estatuto que posteriormente sería plebiscitado en Cataluña y, más tarde, presentado al Congreso de Diputados.