El Canal de Isabel II abastecerá a toda la provincia

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer un real decreto de Presidencia del Gobierno por el que se reorganizan las funciones y el carácter del Canal de Isabel II, así como la supresión del organismo Canalización del Manzanares.

Según el decreto, el Canal pasa a ser una empresa pública, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que debe asegurar todo lo relacionado con el abastecimiento de agua en la provincia de Madrid, sin perjuicio que posteriores decretos amplíen el marco de sus actividades. Su consejo de administración lo formarán un presidente, designado por el Gobierno a propuesta del MOP; siete vocales designados por el ministro de Obras Públicas, de los que uno será propuesto por el ministro de Hacienda y otro por el de Gobernación, y cuatro vocales más por los ayuntamientos de la provincia, uno, de los cuales representará al de Madrid.El decreto incluye también la desaparición de Canalización del Manzanares, cuyas funciones pasan a la Confederación Hidrográfica del Tajo, excepto las relacionadas con materias urbanísticas, que pasan al Ayuntamiento de Madrid. Según las normas de financiación del antiguo organismo, los costes de las obras de canalización del río se pagarían mediante la urbanización del suelo situado a sus márgenes, lo que dio pie a fuertes jugadas especulativas sin ningún control, ni vecinal ni municipal. Estas funciones son las que ahora pasan al Ayuntamiento.

La Diputación Provincial firmará próximamente un convenio con el Canal de Isabel II para saldar definitivamente el problema del abastecimiento de agua a los pueblos de la denominada sierra pobre. La noticia fue confirmada por el presidente de la Diputación, Enrique Castellanos, a dieciocho alcaldes de estos pueblos, en una reunión mantenida en La Cabrera.

Las obras importarán unos 350 millones y revestirán una gran complejidad, dado que se trata de localidades pequeñas, separadas por distancias que varían entre cinco y treinta kilómetros. La financiación correrá a cargo de la misma Diputación y del Ministerio de Obras Públicas en un 50 %.

El eterno problema del agua en esta zona tiene su origen tanto en la falta de recursos económicos de los Ayuntamientos, que por lo general nunca disponen de un presupuesto superior al millón de pesetas, como en las mismas características del terreno, rocoso y con declives muy pronunciados, lo que ocasiona que el agua de lluvia se pierda rápidamente