Ruiz-Giménez, hijo, detenido y puesto en libertad tras una acusación de presunta estafa
Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, abogado e hijo del presidente de la Federación Demócrata Cristiana, fue detenido el pasado martes y puesto en libertad ayer por el juez de instrucción, a raíz de una denuncia del propietario de una empresa inmobiliaria en la que se le acusaba de estar implicado en una supuesta estafa de terrenos. La acusación, que según el juez no ha motivado el procesamiento del letrado, fue calificada de maniobra política por el señor Ruiz-Giménez, padre.
«Es un asunto completamente profesional. Lo único que hizo el señor Ruiz-Giménez fue asesorar en la elaboración de un contrato de compra-venta de una finca entre un vendedor y un comprador que era cliente suyo», manifestó Antonio Pedrol Rius, decano del Colegio de Abogados y defensor del letrado.Según la acusación, por la que se le retuvo, el señor Ruiz-Giménez realizó un contrato entre José Luis Palacios, denunciante, y Fermín Alonso.
Hace unos días, y a raíz de la detención de Fermín Alonso, acusado, al parecer, de un supuestó robo de joyas en Albacete, salió a relucir una posible estafa cometida con una venta de solares en Madrid, en la persona del señor Palacios. Llamado éste a declarar, el pasado martes, a la Dirección General de la Guardia Civil, explicó que la compra la había realizado por consejo de su abogado, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar.
Detenido éste, a los pocos minutos algunos diarios y agencias comenzaron a recibir llamadas anónimas en las que se informaba que el abogado madrileño estaba detenido por estafa. «Es una maniobra política. Mi hijo se limitó a hacer el contrato y el denunciante en vez de acudir a la vía civil presentó denuncia por lo penal. Hace unos días, al parecer, el querellante se presentó en el bufete amenazando a mi hijo con llevar él asunto a la prensa», dijo a EL PAIS Ruiz-Giménez, padre.
Según se pudo saber en ¡uentes policiales, el vendedor detenido podrá estar implicado en otros asuntos y relacionado con una supuesta organización que actuaría en distintas provincias de la Península. El método usado, según las mismas fuentes, consistiría en vender terrenos no inscritos en el Registro de la Propiedad. Con una serie de trámites falsos, la propiedad sería comprada ficticiamente por un intermediario que, ya con la propiedad en su poder, podría venderla a un comprador ajeno a la operacion. «El comprador no es una persona que compra una finca por primera vez. Es propietario de una inmobiliaria y los contratos que realiza llevan sus peticiones en un 90 % del texto. Ruiz-Giménez es un profesional que se limitó a dar forma al contrato. Nadie le dijo que investigara sobre si la propiedad era del vendedor. Sólo se le dijo que no estaba inscrita en el Registro de Propiedad y que el comprador retenía cuatro de los dieciséis millones para el pago de derechos reales y para que inscri biera la propiedad», manifestó asi mismo el señor Pedrol.
Al parecer, la operación se realizó muy deprisa, ya que la compra fue considerada como una ganga. Sin que el comprador verificase los términos, el abogado, que había conocido la existencia del negocio y se lo había comunicado a su cliente, hizo el contrato a petición de los dos interesados. «Es lo que podríamos llamar un accidente profesional. Como confío en la justicia, espero que con la declaración del señor Ruiz-Giménez ante el juez, el próximo día 20, termine este tema, que defiendo por la honestidad de mi compañero», maniféstó por último el señor Pedrol.
