La manipulación de los funcionarios

El ínfimo eco que las asociaciones profesionales han tenido entre los funcionarios del Estado y de los organismos autónomos, y la clara insuficiencia de los colegios profesionales como vehículos de integración de los funcionarios de la Administración Local (ahí está el conflicto de los bomberos de Madrid para demostrarlo) son datos que hablan de una realidad social, la función pública, que carece de cauces democráticos para su organización y defensa.Dos son las posiciones fundamentales ante esa realidad social. La inmensa mayoría de los funcionarios y contratados quieren la libertad sindical, de tal suerte que, si mañana hubiera libertad sindical en la Administración, presenciaríamos la legalización de los sindicatos democráticos que operan actualmente entre funcionarios y contratados.

El Gobierno, por su parte, juega a dejar pasar el tiempo, sin, entretanto, hacer nada para facilitarla llegada de la libertad sindical a la Administración. Es más, el Gobierno obstaculiza a diario la implantación de sindicatos de funcionarios y contratados. Durante el último mes se ha puesto en marcha por diversos Ministerios una vasta operación, tendente a crear asociaciones profesionales de funcionarios, especialmente entre funcionarios de titulación superior. Se está presionando a no pocos colectivos de funcionarios para que constituyan sus asociaciones profesionales. Se les está coaccionando desde las instancias superiores de algunos Ministerios, en algunos casos, muy recientes, mediante escritos en los que altos mandos de algún departamento olvidan conceptos tan elementales como la autonomía, la libertad y la independencia de todo tipo de organizaciones de trabajadores respecto de su empleador.

Cuando la Administración se opone a la libertad sindical de los funcionarios lo hace hoy utilizando argumentos tan viejos como la lucha misma de los funcionarios por su sindicación:

1. El sindicalismo es cosa de trabajadores manuales.

2. El reconocimiento de los sindicatos de funcionarios supone el reconocimiento del derecho de huelga, que es incompatible con el servicio público.

3. Las retribuciones de los funcionarios no se pueden negociar porque su fijación está reservada al Parlamento.

Pero estas tazones no resisten el menor análisis crítico ya que el sindicalismo es cosa de todo el que se gana un sueldo o salario mediante su trabajo; las huelgas ya se hacen con frecuencia en la Administración española, y las retribuciones, las llamadas retribuciones complementarias (que hoy por hoy no son negociables para los sindicatos de funcionarios) de hecho, se negocian por unos pocos cuerpos de funcionarios, en tanto que a los cuerpos; que están fuera de las negociaciones (que es lo mismo que decir, fuera de las juntas de Retribuciones) se le dejan las migajas presupuestarias.

Uno de los primeros objetivos de los sindicatos de los funcionarios y contratados sería luchar por la justicia y la transparencia de las retribuciones. Esto lo saben los que gobiernan este país, que, como en otros países de Europa Occidental, son los altos funcionarios.

También lo saben los altos mandos de la Administración que, recientemente, por lo que pueda pasar tras las próximas elecciones generales, han dictado un decreto-ley sobre reforma de la función pública que, como tantas otras cosas que afectan al millón de TAP que prestan sus servicios a la Administración, se ha elaborado a espaldas de la base funcional.

En el decreto-ley de 30 de marzo, que tal es la pieza legal a la que me refiero, se aumentan (con efectos de 1 de enero de 1978) las retribuciones básicas de los funcionarios, pero se aplaza la regulación de las retribuciones complementarias, que son las hoy injustamente distribuídas en favor de los altos cuerpos, en perjuicio de los modestos funcionarios.

El Gobierno Suárez ha pretendido tapar las bocas de los funcionarios modestos prometiéndoles una subida salarial para 1978, pero, a la vez, ha procurado mantener el statu quo retributivo de los privilegiados cuerpos de funcionarios que están presentes en el propio Gobierno y en los aledaños del Poder.

Las prisas del Gobierno Suárez a la hora de prometer futuras subidas de sueldos a los funcionarios no encuentran paralelismo con su desinterés, por la libertad sindical de los funcionarios, hasta el punto de que el decreto-ley de reforma de la función pública es, en sí mismo, una pieza más de la artillería gubernamental, que sólo pretende bajar la tensión conflictiva en la Administración y atraer hacia el presidente del Gobierno la mirada (y tal vez también el voto) agradecido del millón largo de españoles que trabajan en la Administración, a los que sigue negando el derecho de asociación sindical. Parece poco serio que el Gobierno intente fijar con el voto de los funcionarios, pero este tema, y de la actitud de los partidos políticos ante los problemas de los funcionarios, tiempo tendremos de reflexionar más adelante.