Gestión de la crisis/ 4

El tema de la centralización o descentralización de las decisiones económicas no es independiente de las actitudes sobre la dosificación entre el mercado y el plan, y está desde luego ligado a la manera de configurar la propiedad de los medios productivos. En los programas políticos de comunistas, socialistas y democristianos de izquierda se advierte su preocupación por acentuar la descentralización decisoria, aun que sea también perceptible la imprecisión de las acciones que propiciarían el proceso descentralizador. La concentración de poder económico, consustancial con las nacionalizaciones, se en dulza enfatizando el carácter descentralizado y democrático de la planificación. Los efectos centralizadores resultantes de la intervención del mercado se suavizan con alusiones críticas a la burocracia planificadora.

La ambigüedad aludida también al tratar de la asignación de recursos, tiene su origen, entre otras razones, en las serias dificultades de conciliar posturas tibias respecto a las porciones que han de integrar el área de definiciones básicas de los programas: la democracia política, la propiedad pública de los medios de producción, el plan, el mercado y la descentralización. Las dificultades se agravan por la imposibilidad de precisar los perímetros de cada subárea con referencias a sistemas socialistas en funcionamiento.

El mercado libre es el único medio sin cirugías o composturas compatible con la descentralización económica: en la medida en que se constriñe se precipita el traspaso de la coordinación de decisiones hacia la dirección administrativa central. El grado en que el dirigismo perturba la democracia política y origina una enorme carga burocrática pretende obviarse por los partidos de izquierda hablando de planificación descentralizada en un proceso piramidal, en el que se da por supuesto que con la desconcentración del plan se evitan los riesgos del dominio tecnoburocrático. La coherencia de este sistema habría que intentarla sobre «la marcha» y de ahí la presentación en nebulosa de los caminos que han de unir los vértices de los programas propuestos.

Los programas económicos de la izquierda operan en una sociedad que evoluciona desde la situación actual a lo largo de un proceso de límites temporales indeterminados entre las huellas que allí se marcan, interesa destacar alguna para centrar con el rigor posible el objeto de nuestra reflexión. La alteración del .status de propiedad de los medios de producción y el traspaso al sector público del dominio directo de una parte importante de la actividad productiva, todo ello unido al fuerte poder previo necesario para invertir la situación inicial, coloca a la organización política en una situación dominante. El proceso hasta el logro de ese marco económico queda subsumido en un contexto democrático, y en el intento de incardinar aquél en éste es cuando aparecen en escena los problemas más serios.

Dirigismo económico y democracia político

¿Cómo hacer compatible el protagonismo de los centros públicos de decisión con la democracia política defendida por los partidos de izquierda? El intento exige el hallazgo de una vía de conciliación que cumpla objetivos nada fáciles. El primero hacer coherentes los programas en el ámbito de la pura lógica interna: se trata de lograr la congruencia entre los grandes soportes lógicos del sistema. Un sector público con omnípodos poderes en lo económico no es compatible con la democracia política (salvo que de ésta se defiendan únicamente los aspectos formales). Si tal afirmación no es cierta la exigencia material de lograr la coherencia entre el dominio del sector público y la libertad política, conlleva la necesidad de encontrar una vía de circulación de poder que compense la concentración operada en aquél.

El traspaso al sector público de la fuerza económica difuminada en el privado entre millones de unidades decisorias supondría la integración de todo un potencial disperso y su asiento en la organización que ostente el poder político. Veamos como el fenómeno se traduciría en la práctica:

— Vacío de poder del sector privado, extendido no sólo a los dirigentes de las empresas, sino a un importante número de ciudadanos que toman decisiones cotidianas en el ejercicio de su condición de consumidores.

-Disminución de la autonomía de la persona y de los grupos sociales por el correlativo aumento del peso específico de los órganos estatales de dirección.

Ambos fenómenos entorpecerían la estabilidad social, dificultarían la convivencia e imposibilitarían la democracia política. Por ello, lanzados afanosamente los partidos de la izquierda a la búsqueda de la piedra filosofal, creen haberla encontrado en la autogestión. El proyecto autogestionario se convierte así en el operador lógico manejado por aquellos partidos para hacer posible la coherencia interna de sus programas. La autogestión es una inferencia obligada para asegurar la congruencia entre democracia política, intervencionismo económico y participación social.

Alcance político de la autogestión

Los teóricos del proyecto autogestionario coinciden unanimamente en el marco de condiciones necesarias para que la autogestión sea algo más que una quimera. La autogestión es incompatible con la propiedad privada de los medios de producción, con la jerarquía y la organización política y tecnoburocrática. En el orden laboral supone la independencia del trabajador respecto del patrono, la elección democrática de la organización del trabajo y de los dirigentes, la decisión colectiva del marco laboral y de las políticas empresariales. La fábrica es la matriz del despotismo: reformarla significaría volver a la sociedad sin conflictos.

La autogestión obtiene su consistencia desde la crítica al socialismo burocrático y al capitalismo. Se ofrece como una vía que haga posible la idea central del socialismo, y relativice hasta su anulación las desviaciones del socialismo real: diríamos que se trata de «un nuevo estilo» en la manera de gestionar una sociedad socialista. Para lograrlo entiende necesaria la toma del poder por los trabajadores y la sustitución de la clase dirigente (el fin no es congruente con el método). Puede entenderse como postulado ideológico y procedimiento para el logro de un socialismo nuevo. En ambos niveles no pasa de ser una utopía producto de la especulación, apoya da exclusivamente en valores filosóficos más que sobre bases científicas.

Precisamente, el supuesto carácter de humanizar la circulación del poder, otorga a la autogestión un valor mítico conocido por los líderes políticos, no. sólo de la izquierda, como lo evidencia las «pintadas» suscritas por grupos de extrema derecha. La autogestión forma parte de la nueva dialéctica de muchos políticos, incluso de los que no conocen el alcance del fenómeno, pero que saben que el término es un operador psicológico que cataliza la adhesión emocional y facilita la dúplica a la crítica apoyada en la realidad empírica del socialismo del bloque oriental. Se intenta de esta suerta abrir una vía de argumentación según la cual el socialismo conocido no es auténtico, sin percatarse de que el aserto es a la vez la negación total al socialismo: del que existe y del que hoy es sólo utópico.

Proyectos del poder total... en el vacío

Dadas las condiciones vigentes en las sociedades industrializadas del bloque occidental, pensar en un programa político, cuya validez esté condicionada por el recurso a una solución utópica, no pasa de ser un puro proyecto en el vacío. En el supuesto ideal de que la autogestión fuera el mecanismo que asegura se la coherencia teórica y práctica del sistema, se olfatea un proceso que, a grandes pinceladas, estaría perfilado por la presencia en el plató de un gran sector público directamente implicado en la actividad productividad y obviamente en la presupuestaria; un aparato de dirección económica, la tecnoburocracia dirigista, y un sector colectivizado o de capital «arrendado» manejado: — En el orden macroeconómico por la planificación.

— En las decisiones sociolaborales por los sindicatos vinculados al partido.

— En las decisiones empresariales por los consejos de obreros.

Todos estos actores interpretarían sus papeles en el gran escenario del Estado socialista (suponemos que autogestionado) en unas condiciones tales que los partidos marxistas jugarían al poder con «poker de ases», mientras que los demás, de hacerlo, jugarían a perdedor.

A nuestro entender, en las etapas de transición, la prepotencia del sector público constreñiría la esfera global de libertad y autonomía del sector privado. Es claro que en una situación así es preciso catalizar la circulación del poder para compensar con la mayor intensidad la menor extensión del campo decisorio. ¿Es la auto gestión un recurso real válido para dispersar el Poder? El proceso autogestionario es irreversible o puede traducirse en una experiencia acorde en regresar al punto de partida por inviabilidad constatada? Pero no se puede volver al punto de partida si el proceso autogestionario ha destruido todos los puentes, si la ruina económica sólo conduce a la revolución o la dictadura.

Otra consecuencia no menos importante debe quedar clara. Si la autogestión es sólo un recurso lógico y discursivo, o aún no siéndolo, se trata de una solución inviable, la democracia política no sería factible por razón del autoritarismo económico. Si responde, por el contrario, a una actitud conscientemente deseada y la autogestión es viable, el punto final del proceso será la configuración de una sociedad integralmente autogestionaria de la que necesariamente se inferiría un Estado republicano y federal. ¿Entienden bien esto los frívolos aficionados a la micropolítica?

Crítica de la autogestión

Es obvio que no se puede caer en la ingenuidad de afirmar que no es válido algo que no se ha experimentado. Lo que se pretende es simplemente concluir que el experimento integral no es posible, al margen de pronósticos sobre posibilidades futuras y configuración de la sociedad ideal, de la sociedad que ratifique científicamente un procedimiento que por el momento sólo cuenta como operador ideológico. En la dura marcha hacia el paraíso autogestionario, el proyecto tropezaría con todos los inconvenientes de un intento de involución total en una sociedad ahormada y en evolución. Veamos algunos aspectos que corroboran el aserto.

1. Autonomía y factores externos.

El esfuerzo autogestionario no puede olvidar los múltiples factores que condicionan el estado real y la evolución de una sociedad. Estos se acentúan en los países industriales modernos con fronteras abiertas a la circulación de ideas, costumbres, personas, mercancías, capital...

Una sociedad avanzada, de elevado nivel tecnológico y cultural, es necesariamente un sistema abierto al exterior; circunstancia que se traduce en la incidencia sobre la economía interna de factores independientes de la voluntad decisoria de las unidades de gestión internas, tanto de las macroeconómicas como de las empresariales, integrando un conjunto de limitaciones claras que restan autonomía a la voluntad autogestionaria.

2. Autonomía y factores internos.

En el orden interno, las fuerzas sociopolíticas, sus interrelaciones, el curso económico y las interdependencias perfilan firmes fronteras frente a las que se estrellaría la autonomía precisa para hacer posible una decisión autogestionada.

En un país con las características de España, la actividad económica, desde los planteamientos macroeconómicos a los microeconómicos, es la resultante de miles de complejas decisiones que no son autónomas y que se sincronizan y coordinan a través del mercado.

En un sistema autogestionario puro la coordinación de decisiones se ejerce a través de la planificación. Es el plan el instrumento de coherencia de las decisiones autogestionadas, lo que no guarda congruencia con nuestra realidad económica.

3. Planificación, mercado y autogestión

Un modelo autogestionado es inconcebible, abstracción hecha de la coordinación operada por la planificación: cabe plan sin autogestión, pero no ésta sin aquél.

La planificación es el operador que impide que la autogestión económica sea un caos y pierda su razón de ser. Si esto es así, el problema consiste en situar el operador en el justo término para que el nivel coercitivo del plan no asfixie la capacidad autogestionaria. Evidentemente, en la dirección económica donde acaba el plan empieza el mercado. Por ello, surge la exigencia de verificar otra situación de equilibrio.

Ya no sólo preocupa combinar planificación coercitiva con libertad autogestionaria, sino también intervención del mercado y efectos de su disciplina. La cantidad a producir, los precios, las calidades, etcétera, etcétera, y por inferencia, la organización del proceso productivo y del comercial, o las ordena o «semi-indica» el plan, o las impone el mercado, o se deciden exclusivamente por autogestión. En los dos primeros casos, la autogestión, como método de organización empresarial y como vía para un socialismo autogestionado, pierde su contenido. En el segundo, deja inmediatamente de ser una vía para la transformación del sistema. En el último supuesto satisface sus exigencias de naturaleza filosófica, pero haría estallar el caos económico. En el esfuerzo por llegar al equilibrio entre los tres vectores, había aún que considerar la verosimilitud del plan sin burocracia estatal y la coherencia entre autogestión y tecnoburocracia. El generalizado rechazo de los autogestionados a cualquier forma de organización estatal obliga a repasar la viabilidad de un plan económico sin el apoyo de una nutrida y compleja infraestructura burocrática.

4. Dominadores y dominados

La autogestión, aunque supere el debate propietarios-no propietarios de los medios de producción, no obvia las condiciones de dominadores y dominados, y en esta medida pierde validez como procedimiento para eliminar los conflictos.

5. La autogestión empresarial

La actuación empresarial está condicionada por la integración de un sistema económico. En las economías adelantadas, obvio es decirlo, la integración se traduce en una amplia red de conexiones que trasciende las fronteras nacionales. En este contexto las de cisiones empresariales no sólo están condicionadas por el entorno, sino que precisamente se adoptan porque el entorno existe: en último término, son las respuestas a los retos externos. En este orden no cabe hablar de autonomía decisoria, por cuanto que la decisión está condicionada por las necesidades superiores y por la exigencia de integración de los subsiste mas.

La decisión pudo ser en las economías preindustriales una opción subjetiva apoyada en el sexto sentido; hoy está sometida a la propia racionalización técnico-funcional en la que se inscribe. En el marco empresarial interno, el razonamiento sigue siendo válido. Dentro de él, las interdependencias se operan entre dos ción. ¿Puede decirse que la dosis en la que cada elemento forma parte de una combinación, es manejable a voluntad? En el ámbito de una organización empresarial con un grado medio de complejidad, la dosis no es un capricho ni de los accionistas, ni de los gerentes, ni de un comité obrero, sino que es una consecuencia inmediata de la tecnología productiva y de los procedimientos de trabajo. Cuanto mayor es la complejidad de la actividad productiva, menor es la autonomía para tomar decisiones y mayor la integración que condiciona la libertad de acción. Por ello, argumentar que un cambio de régimen en el ejercicio del poder decisorio empresarial invertirá la naturaleza del trabajo al punto de catalizar la libertad para la decisión colectiva auto gestionada no tiene validez por que se apoya en supuestos inexactos: la autogestión escamotea el problema real al suponer que autentificaría la cohesión social de ser mayor la libertad para actuar y decidir.

La actividad productiva se configura por la intervención y mutua conexión de tres puntos básicos: productividad y rentabilidad, nivel e intensidad de la información generada o exigida y especialización y variedad de los conocimientos. El conjunto de factores condiciona la eficacia interna, la coordinación con otras unidades, y origina interdependencias y subordinación de actividades. Cuanto mayor es la integración y más compleja es la actividad, mayores son las dificultades para la gestión. Los tres factores generan un orden objetivado que condiciona la voluntad individual, que se superpone a ésta, y reduce la capacidad de decidir a voluntad, limitando el proyecto autogestionario a un plan sólo válido para unidades elementales. Prueba de ello es que la práctica yugoslava derrapa constantemente hacia la tecnoburocracia y que en una experiencia válida de autogestión empresarial (la de la «Volvo») la autogestión es parcial: sólo ha sido posible por adaptación total de la tecnología a pequeñas unidades de montaje en las que un reducido grupo de operarios autodecide en un punto del proceso en el que su decisión no condiciona el resto de la actividad (se trata de las unidades de ensamblaje de los distintos elementos independientes de un automóvil). Es notable que el experimento más válido tenga lugar en una economía de mercado de alto nivel de desarrollo, lo que demuestra que sólo en condiciones tecnológicas avanzadas es posible la autogestión.

Una decisión colectiva no puede llamarse así si la información necesaria para decidir no es conocida, o no es entendida o se interpreta de manera desigual por todos los que deciden. Pero el factor informativo no es el único condicionante del nivel colectivo de la decisión. Tanto o más lo es la imposibilidad de homogenizar conocimientos, porque los niveles intelectivos no son idénticos. La multiplicidad de conocimientos y de aspectos técnicos de la 'gestión moderna condicionan de todo punto la similitud de los niveles culturales de los integrantes del colectivo, hasta el extremo de que, como sucede en Yugoslavia las decisiones las toma un grupo reducido, En tanto que los elementos de distorsión de la decisión colectiva citados anteriormente no se difumine hasta desaparecer, lo cual parece que no va a ser el caso ni aún a largo plazo, los problemas de pérdida de autonomía laboral y de obediencia al status organizativo y de dirección pueden compensarse por la deliberación colectiva.

De otra parte, este estilo somete la acción del grupo a la autoridad colectiva y no a la autoridad exterior, pero ni relaja las dependencias exteriores ni hace posible el objetivo autogestionario de organizar el trabajo a voluntad de quien lo desarrolla. La acción deliberativa empresarial que daría perfilada por estos rasgos: acción verbal, previa a la decisión, comprometedora y diferenciable del asunto a tratar. La frecuencia de decisiones de carácter empresarial, implica que si previamente es preciso un entendimiento verbal, el sistema se hace pesado, intolerable y costosísimo. La eficacia del sistema deliberativo está condicionada por estos factores:

— La distorsión entre la lentitud de proceso y la necesidad de «acción».

— El volumen de información a manejar.

— La homogenización de los conocimientos y niveles.

Aún en el supuesto de que en muchos casos estas distorsiones no se produjeran la integración empresarial es tal que la amplitud de la decisión del grupo sobrepasa su propio entorno.

6. El problema de la representatividad

El análisis del estado actual de la representatividad en las empresas yugoslavas autogestionadas, es suficientemente revelador. Es cierto que la experiencia yugoslava es un supuesto aislado y está más próxima a una cogestión posible que a una autogestión embrionaria. Conviene, no obstante, preciar en qué medida los órganos colegiados de decisión, integrados por trabajadores, representan efectivamente a quienes nominalmente dicen representar.

Los estudios más recientes permiten afirmar que los cuadros laborales superiores —la tecnocracia— tiene un poder decisorio superior al que debiera corresponder a su situación real; domina en los comités de gestión a los trabajadores menos cualificados, preside con mayor frecuencia y tiene un desmesurado poder en los comités de obreros. A todo esto habría que añadir el poder «extrademocrático» que le otorgan sus connivençias con la burocracia del partido y el poder político.

Punto final

Sería un atrevimiento ciego atacar frontalmente el problema de la autogestión precisamente porque de momento es sólo un operador filosófico. Hemos pretendido centrar el tema, penetrar en el proyecto y relativizarlo, poniendo de manifiesto que no pasa de ser una utopía asediada por dificultades de toda índole.

Las consecuencias de utilizar un registro teórico que otorgue coherencia a un programa político, conlleva los graves inconvenientes señalados y convierte al documento programático en un proyecto con validez exclusiva en el ámbito interno del partido.

En política, las condiciones ni se eligen ni se dictan. Las actuales condiciones de la vida española obligan a vertebrar la opinión pública ofreciendo visiones objetivas y soluciones posibles. Atraer los votos prometiendo panoramas fantásticos y desmontar a posteriori el escenario es grave responsabilidad que arriesga el futuro de las generaciones próximas.