Los militares no logran contener la resistencia popular argentina

El 24 de marzo de 1976 los portavoces del golpe anunciaban la puesta en marcha de una nueva etapa en la vida argentina , contenida en lo que denominaron «Plan para la Reorganización Nacional». Todavía nadie pudo precisar con exactitud las características de aquel proyecto con pretensión histórica; sin embargo, tampoco nadie desconoce -por repetido - el trasfondo de esta nueva incursión militar en el Gobierno del País suramericano. Como en otras oportunidades, se trata una vez más de descargar la crisis de una economía dependiente sobre las anchas espaldas de los sectores populares.El nombramie...

El 24 de marzo de 1976 los portavoces del golpe anunciaban la puesta en marcha de una nueva etapa en la vida argentina , contenida en lo que denominaron «Plan para la Reorganización Nacional». Todavía nadie pudo precisar con exactitud las características de aquel proyecto con pretensión histórica; sin embargo, tampoco nadie desconoce -por repetido - el trasfondo de esta nueva incursión militar en el Gobierno del País suramericano. Como en otras oportunidades, se trata una vez más de descargar la crisis de una economía dependiente sobre las anchas espaldas de los sectores populares.El nombramiento de Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía fue el signo más evidente para desentrañar el verdadero carácter del golpe. Más allá de las alharacas moralistas de las que hicieron uso los jefes militares, la presencia de Martínez de Hoz definía el perfil ideológico del desdibujado «Plan para la Reorganización Nacional». Presidente de ACINDAR, el emporio siderúrgico vinculado a la US Steel de Estados Unidos, y ligado a la Banca Morgan a través de la Western Telegraph (grupo ITT), Martínez de Hoz habría de poner las cosas en su lugar.

A lo largo de 1976 las estadísticas económicas arrojaron estos resultados: la inflación trepó por encima del 300%; el poder adquisitivo de los salarios se redujo alrededor del 60%; el consumo de los productos básicos disminuyó en un 50%; el desempleo ascendió al 8,7%; la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se limitó al 20% (en España es del 58%).

Varios millares de presos políticos se hacinan e n las cárceles argentinas. El actual «Régimen de Máxima Peligrosidad» que padecen los reclusos impone la prohibición de recreos, lecturas y hasta la posibilidad de escribir. En celdas de dos por tres metros se apiñan hasta tres personas, y en los calabozos de castigo, de uno por dos metros, los detenidos no cuentan ni siquiera con retretes ni utensilios. En todos los casos habrá una sola comida diaria -si así puede llamarse- casi siempre infecta de residuos de excrementos de roedores.

Pero acaso sea más grave -si es posible- la situación de quienes se albergan en los campos de concentración. Según recientes denuncias elevadas a la Comisión por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existen por lo menos tres instalaciones de ese tipo: «El Atómico», en los alrededores de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y «La Perla» y «La Ribera» en la provincia mediterránea de Córdoba. Otras versiones agregan el Cuartel militar de Campo de Mayo y los buques 33 Orientales, Buenos Aires y Bahía Aguirre. Lo cierto es que el número de desaparecidos asciende a varios miles y es posible que se encuentren en aquellos sitios cuidadosamente secretos.

Los métodos de tortura han alcanzado el límite de lo inverosímil.

La necesidad del tormento ha sido reconocida por un alto jefe de las Fuerzas Armadas a través de un reportaje realizado por Robert Lindley, del Financial Times, publicado el 9 de septiembre del año pasado. «Acerca de la tortura -dice el militar argentino-, nosotros sabemos que tenemos un máximo de seis horas, y generalmente no más de cuatro, para obtener información de un guerrillero capturado, que permitirá llegar a más de ellos; por tanto ... » Algunas cámaras de torturas funcionan en la Superintendencia de Seguridad (SS), Escuela de Suboficiales de la Policía y Escuela de Mecánica de la Armada.

Sin embargo, tan sombría realidad no logra contener la pertinaz resistencia que ofrecen los sectores populares.

A menos de un mes de la instauración del Gobierno militar, el movimiento obrero producía sus primeros enfrentamientos a la política oficial. Una empresa constructora de la ciudad de Córdoba y la factoría autómotriz de la General Motors, en Buenos Aires, se declaraban en huelga. La respuesta fue contundente: diecisiete obreros detenidos en el primer caso, y la irrupción con carros de combate en el segundo, abortaron los primeros intentos de protesta. A partir de entonces, otros serían los canales de expresión para la resistencia.

Con la reaparición del sabotaje, los obreros argentinos ponían en práctica un viejo hábito adoptado cada vez que deben sufrir el corsé dé los gobiernos dictatoriales.

En medio de creciente actividad subterránea nace la Confederación General del Trabajo en la Resistencia (CGTR), promovida por las hueste sindicales del Partido Montonero. En septiembre, el desafío obrero Se expresa a través de las «huelgas salvajes» que se pronuncian en las plantillas de Chirysler, General Motors, Ford, Fiat y Mercedes Benz. El Gobierno contraataca con la ley de Seguridad Industrial, que san ciona con hasta diez años de cárcel a quienes perturben la producción. No obstante, la resistencia se extiende a la refinería petrolera de YPF a los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), a las centrales energéticas de Puerto Nuevo. En noviembre, la agencia de noticias Reuter informa que. la producción eléctrica ha disminuido en un 50% por acción de los sabotajes y que el trabajo portuario se realiza a un tercio de su actividad habitual. Se producen despidos, detenciones y secuestros de activistas obreros, pero la ola de descontento no cesa. Los operarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) proclaman el «trabajo a tristeza» (desgana) y el ejemplo cunde en otras empresas administradas por militares. En los primeros días de 1977 el panorama conflictivo se agrava con las medidas de fuerza adoptadas en los Astilleros y Fabricantes Navales del Estado (AFNE), Agua y Energía y Ferrocarriles Argentinos, Durante las últimas semanas, el centro de la crisis laboral vuelve al gremio de Luz y Fuerza, hasta que, podía preverse, en marzo asoma la primera manifestaci6n callejera en los alrededores de la propia Casa de Gobierno. La represión es feroz, pero las barricadas que vuelven a salpicar Buenos.Aires insinúan el clima insurreccional que no pocos observadores pronostican para los próximos meses.

Ni acabaron con las guerrillas de izquierda, ni contaron con la rebeldía de los trabajadores. Dos requisitos que, al no cumplirse, cuestionan el contenido del proyecto que dio origen al golpe del 24 de marzo de 1976. Un año es demasiado en términos mílitares y el argumento de la represión se agota cada vez que, como sucede en la Argentina, se aplica con mayor vehemencia cada día. De ahí que los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a doce meses de tomar el poder, se hallen paralizados en interminables reuniones donde predomina el antagonismo.

Por un lado, el general Jorge Rafael Videla, presidente del país, junto al general Viola, jefe del Estado Mayor Conjunto, promueven la tesis de un entendimiento con los viejos caciques del sindicalismo vertical del régimen isabelista. La maniobra intenta la concertación de un Estado represivo-populista, tras el objetivo de ejercer cierta influencia sobre los sectores del trabajo. Por el otro, el almirante Emilio Massera, miembro de la Junta Militar, algunos jefes del Ejército de Tierra, y el brigadier Agosti, titular del Ejército del Aire y tercer hombre en el tríptico gobernante, se proponen una instancia liberal-represiva, mediante una entente con ciertos caudillos políticos de probada genuflexión a las órdenes castrenses.