La CEE está facultada para ampliar el acuerdo de 1970 a sus nueve miembros
El servicio jurídico del Consejo de Ministros de la CEE afirmó hoy en Bruselas que la aplicación recíproca e integral de todas las disposiciones del acuerdo España/CEE a los tres nuevos países miembros de la CEE (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca) es jurídicamente obligatoria a partir del 1 de julio.Se confirma así la tesis, avanzada hace unas semanas en estas mismas páginas, que el problema de la adaptación del acuerdo España-CEE de «seis», en vigor desde octubre de 1970, a la actual CEE de los «nueve», es, ante todo, un problema jurídico interno de la Comunidad.
Los juristas precisan que la extensión geográfica de la Comunidad no tiene ninguna incidencia sobre su identidad y su personalidad jurídica. El campo de aplicación territorial de los acuerdos comunitarios se extiende automáticamente en caso de ampliación de la Comunidad.
El caso comunitario de «tolerancia» hacia España, gracias a la aplicación del statu quo que ha regido, desde enero de 1973, entre España, Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, no quiere decir que la Comunidad lo apruebe jurídicamente.
Los juristas destacan que la aplicación del acuerdo ampliado debe ser recíproca. La Comunidad se inclina, pues, a un arreglo jurídico interno de la aplicación del acuerdo de 1970.
La Postura de los juristas confirma la idea de una adaptación en dos etapas: una primera simplemente jurídica, antes del 1 de julio, y una segunda económica, a negociar entre España y la CEE, durante el segundo semestre del año en curso.
La segunda etapa -que los medios políticos de la CEE esperan negociar con un Gobierno español con base democrática- podría ir más lejos de la simple adaptación económica.
Por el momento España se ha mostrado contraria a la idea de una adaptación en dos etapas. Madrid quiere concesiones económicas (agrícolas, en especial) antes de la extensión del acuerdo. Si España no aceptase la postura de los juristas de la CEE, la situación podría evolucionar hacia la denuncia del acuerdo, con seis meses de preaviso.
En medios diplomáticos con sede en esta capital se espera que habrá un «compromiso» hispano-comunitario para evitar lo peor: la denuncia del acuerdo.
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