Vallecas, Palomeras y San Diego tendrán plan parcial único

La Asociación de Vecinos de Palomeras Altas celebró su primera rueda de prensa desde la revocación de su suspensión, notificada par el Gobierno Civil el 25 de febrero. Se comentó ampliamente el tema de las contribuciones especiales. El Ayuntamiento ha girado avisos a los vecinos reclamando cantidades que oscilan entre las 15, y 20.000 pesetas, por el arreglo de las calles. La asociación recomendó negarse al pago, por considerar, entre otras cosas, que las cantidades representaban el 90% de las obras realizadas, cuando la ley señala que la contribución a imponer se situará entre el 50 y el 75%.Se presentaron los recursos correspondientes ante el tribunal económico-administrativo, y éste a ceptó la argumentación de los vecinos. El Ayuntamiento envió un escrito a los afectados, indicando que en cumplimiento de la sentencia, y mientras ésta fuera definitiva, se suspendería el proceso de cobro de contribuciones.Aun así, los vecinos han seguido recibiendo avisos, y por vía de apremio, con amenaza de embargo. Algunos, en su mayoría ancianos de pocos recursos, asustados, han pagado. La explicación de este hecho contradictorio reside en que las notas en vía de apremio no las tramita directamente el Ayuntamiento, sino empresas recaudadoras, que trabajan a comisión, y que -en expresión de los vecinos- van a lo suyo. El Ayuntamiento deberá controlarlas, pero se plantea el problema de la devolución del dinero a las personas que ya han pagado.

Plan único

El otro tema es el acuerdo al que se llegó hace poco entre vecinos y Ministerio de la Vivienda y Gerencia Municipal, para redactar un Plan Parcial único, que abarque toda la zona. Actualmente existen tres planes: el de Vallecas, que afecta a unas 8.000 familias, actualmente en suspenso hasta el primero de septiembre; el de San Diego, que parece que se va a dejar en suspenso, y el de Palomeras, que ha rebasado ya el plazo, y está nuevamente en vigor, por lo que las primeras obras Podrían comenzar en cualquier momento.Verbalmente, los representantes de la Administración accedieron a la redacción de un plan parcial único, que garantizara el derecho de los vecinos a permanecer en la zona, a financiar la construcción de 12.000 viviendas sociales, siempre que hubiera terrenos disponibles, y a formar una comisión, integrada por ocho miembros de los diferentes organismos y dieciséis de las asociaciones (dos por cada una de las ocho existentes en los tres barrios que se encargaran de la redacción del proyecto.

Aun así, los vecinos advierten que el hecho de firmar un acuerdo no es una garantía real, y que sólo la anulación de los tres planes parciales citados, y la aprobación del plan único, garantizará el que no sean desalojados en cualquier momento.