Las elecciones municipales, también urgentes

El aplazamiento de las elecciones municipales -previstas inicialmente para noviembre pasado- se está mostrando cada vez más como un hecho negativo para la situación política y ciudadana en muchos municipios españoles. La victoria de la teoría de que era mejor celebrar las elecciones generales antes que las municipales puede tener dos consecuencias graves: en primer lugar, que esas elecciones generales pueden ser sometidas a mayor manipulación y en segundo, la serie de abusos e irregularidades a nivel municipal que se están produciendo, durante esta prórroga. Una mejor solución hubiera sido seguramente unas elecciones municipales en su. fecha, por un período corto de mandato para los elegidos, lo que habría producido por lo menos una renovación parcial en los ayuntamientos y, como consecuencia, unas corporaciones más neutrales ante las elecciones y sobre todo un mejor control sobre la gestión de los ayuntamientos respecto a temas como especulación, urbanismo, servicios, etcétera. Acerca del primer argumento no hay mucho que insistir ya que la mayoría de los grupos políticos -tanto reformistas como de la oposición- estaban de acuerdo en aplazar estas elecciones. De todas formas pienso que hubiera sido mejor decir claramente que la razón de este aplazamiento no eran sus ventajas, sino la imposibilidad de atender simultáneamente a los dos niveles de elecciones por parte de los partidos políticos. No parece beneficioso que las elecciones generales se celebren con las actuales corporaciones, sobre todo en los pueblos, donde aquéllas disfrutan de influencias en las juntas municipales y poseen un control sociológico de la población; una auténtica fiscalización democrática de las elecciones en muchos de los 8.000 municipios españoles va a presentarse muy difícil por la necesidad de un importante número de interventores, que no siempre van a estar disponibles.

Es sin embargo necesario tratar más a fondo el segundo problema: los abusos e irregularidades que se están cometiendo en este período, precisamente porque los interesados son conscientes de que se trata de la última oportunidad para campar por sus respetos; la impunidad está basada unas veces en la inoperancia de las corporaciones y otras en su complicidad. Se asiste a una verdadera campana predatoria y de rapiña sobre muchos puntos del suelo español. A veces esta presión se realiza sobre los municipios más despoblados e indefensos. Hay que tener también en cuenta que nada es más engañoso que la seudodemocracia, situación que se plantea en muchos municipios donde formalmente se vota pero por señores que tienen escasa o nula representatividad. Se pueden esgrimir incluso votaciones con algún voto en contra para cubrir las apariencias pero que en realidad no son precedidas por un verdadero debate ni, sobre todo, de una real posibilidad de que los caciques directos o indirectos de los municipios corran peligro de ver derrotadas sus mociones, proyectos e iniciativas.

Otras veces no existe ni esa fachada de pluralidad; prácticamente siempre se da la unanimidad que se produce incluso en casos impensables como es la liquidación del patrimonio municipal guardado durante siglos; como ejemplo, valga Soria, donde todos los concejales, por unanimidad, han estado de acuerdo en desprenderse de una parte importante de este patrimonio para entregarlo al discutido Centro de Investigación de la Junta de Energía Nuclear. Lo escandaloso no es que se conceda o no, sino la unanimidad de los concejales cuyo primer deber es defender a ultranza en nombre del pueblo el patrimonio municipal- en entregarlo a manos extrañas, sean cuales fueren. Caso semejante de unanimidad es el de los cincuenta alcaldes de Avila que, bajo la batuta del gobernador han dicho que sí a la política de entrega de terrenos municipales para la construcción de urbanizaciones que van a proliferar a todo lo largo de la vertiente norte de la sierra de Gredos.

En cambio, los que hoy día se han constituido en algunos casos como verdaderos defensores de los intereses municipales son los vecinos que no tienen prácticamente poder ni vías jurídicas para defenderlos. Por eso a veces su único medio de acción es una cierta presión en la calle y en la opinión pública. Son también muchas veces ignorados e incluso perseguidos por las autoridades municipales que ven en ellos a unos denunciadores de su incuria y su inacción, delitos que hasta la aparición de la asociaciones de vecinos pasaban más desapercibidos. Incluso con la ley actual de Ptégimen Local, si estas elecciones se hubieran celebrado; un grupo nuevo de concejales hubiese podido entrar en muchas corporaciones y por lo menos habría sido posible oponerse a las infracciones y abusos más importantes y tomar algunas nuevas iniciativas que condujesen a una concepción totalmente distinta de lo que ha sido en los últimos decenios la actividad municipal.

En el peligroso interregno actuaI en el que el control municipal, en un gran número de municipios sobre todo pequeños, es escaso e incluso cómplice de irregularidades, los grupos ciudadanos quizá sólo puedan aspirar a una cosa, pero importante e imprescindible: oponerse y bloquear todos los proyectos urbanísticos abusivos o ilegales decididos a espaldas de tos verdaderos intereses de los vecinos. Hay que aguantar como sea las embestidas finales hasta que accedan a representantes de los ciudadanos los concejales y alcaldes que defiendan verdaderamente los intereses generales y el bien público de sus convecinos.