El Tribunal de Apelación británico niega poderes al fiscal general
El fiscal general británico no tiene poderes para impedir que un ciudadano privado se dirija a la justicia para denunciar un hecho que puede ir en contra de las leyes del país, dictaminó ayer el Tribunal de Apelación de Gran Bretaña. Se cierra así momentáneamente la controversia constitucional creada tras la acción (interdicto) llevada a cabo por el representante de una organización derechista, la Asociación Nacional en favor de la Libertad, contra el boicot que los sindicatos postales ingleses quisieron imponerle a Suráfrica hace dos semanas. El que solicitó el interdicto, John Gouriet, estimó que tal boicot lesionaba las normas legales vigentes en el Reino Unido, pero el fiscal general, Samuel Silkín, consideró que no había razón alguna para perseguir con la ley criminal a los líderes sindicales que habían organizado el boicot. Finalmente, la suspensión postal no se produjo porque el interdicto de Gouriet consiguió el beneplácito de los jueces británicos.
Silkin había alegado que él era el único personaje que podía decidir en el Reino Unido sobre la oportunidad de los interdictos que vinieran de entidades o personas privadas. Gouriet dijo ayer que el dictamen del Tribunal de Apelación demuestra que Silkin no es el último árbitro que puede supervisar el uso de la ley criminal, porque él es un animal político, cuya conducta obedece a convicciones de carácter partidista.
Silkin, el fiscal general, es un antiguo diputado laborista al que ahora se acusa de haber querido usar sus poderes para proteger una huelga convocada por un grupo sindical muy fuerte.
El Tribunal de Apelación ha establecido que hay límites para la acción fiscal y que las diversas magistraturas que hay en el país tienen que estar siempre abiertas a la consideración de lo que el ciudadano estime delictivo, sin que su denuncia tenga que pasar por las manos del fiscal.
Para la Administración, el asunto reviste gran importancia porque refuerza el poder judicial y disminuye atribuciones tradicionales del ejecutivo. Según Silkin, el dictamen de ayer resulta lesivo para la capacidad del Parlamento.
La organización que impidió el boicot postal contra Suráfrica, la National Association for Freedom, que anoche mismo celebró en Londres una cena internacional de la libertad, a la que asistieron la líder conservadora Margaret Thatcher y el disidente soviético Vladimir Bukovski, está considerada en Gran Bretaña como una entidad de ultraderecha.
