Polémica en Portugal por los procesos a ex agentes de la PIDE

Los procesos de los ex agentes de la policía política del régimen derrocado en abril de 1974 están provocando una polémica que amenaza degenerar en conflicto abierto entre el poder legislativo y el poder judicial, ilustrando así el difícil proceso de institucionalización del nuevo Estado de derecho, en que los actuales dirigentes portugueses están empeñados.

En dos días, los tribunales militares de Lisboa y Coimbra han pronunciado cinco nuevas sentencias contra agentes de la PIDE, que se han traducido en otras tantas liberaciones inmediatas, ya que las condenas fueron de suspensión temporal de los derechos civiles, o de penas de prisiones inferiores a la reclusión preventiva sufrida por los reos.Decenas de juicios están por celebrarse aún este mes. Otros ya se encuentran en su fase final. Entre estos últimos, dos casos famosos: el del inspector Seixas, que fue durante años director del penal de Tarrafal (Cabo Verde) y el del agente acusado de homicidio en la persona de! conocido artista y dirigente comunista, Días Coelho, muerto de un balazo en el momento de su detención, en 1961.

La clemencia manifestada por los tribunales en relación con funcionarios y agentes de la PIDE ha provocado reacciones en numerosos sectores de la opinión, y evidente discrepancia entre los poderes constituidos.

La Asamblea de la República, haciéndose eco de la emoción levantada por este asunto, le dedicó una de sus últimas sesiones de 1976. A propuesta del grupo parlamentario socialista, los diputados aprobaron el 30 de diciembre un decreto-ley destinado a corregir los efectos de una ley del 13 de mayo de 1975 del Consejo de la Revolución. Al prever atenuantes para los agentes que hubiesen prestado servicios, sobre todo en los departamentos de información militar en las ex colonias después del 25 de abril de 1974, esta disposición del Consejo estaba permitiendo a los defensores de los a gentes solicitar -y obtener- de los jueces, la liberación de sus clientes.

La nueva legislación aprobada por la Asamblea restablece las penas previstas inicialmente: de ocho a doce años de condena, reduciendo los atenuantes a casos muy limitados (como la clara recusa de colaboración activa o pasiva a malos tratos o la dimisión, por este motivo, anterior en varios años al 25 de abril de 1974). Entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial. Pero esta publicación no ha tenido lugar todavía, y entretanto, los tribunales militares continúan emitiendo sentencias basadas en el famoso decreto del Consejo de la Revolución, generando protestas en la prensa y por parte de la Asociación de ex Presos Políticos, que ha convocado una manifestación frente al tribunal de Santa Clara en Lisboa para hoy.