El referéndum elimina a la extrema derecha del pacto político

La irritación de la extrema derecha, ante el resultado del referéndum, no proviene de que la reforma política haya sido aprobada -cosa que daba por supuesta- sino del exiguo margen de votos negativos que la reduce, en la práctica, a la inoperancia política.

«Voy a votar no -aseguraba el mismo día 15 un político muy ligado al régimen anterior- porque entiendo que es necesario un equilibrio de fuerzas. No seria bueno -aseguraba- que a partir de ahora no se tuviera en cuenta a este sector del país.»Esa irritación, tras el resultado adverso, era patente ayer, en el órgano de la Confederación de Combatientes, El Alcázar que repetía, casi milimétricamente la idea anterior en un destemplado editorial que hablaba claramente de pucherazo. «Cuando todos pensábamos que iba a ganar el Gobierno ( ... ) por un margen de votos aceptable -escribía el editorialista- y con el suficiente contraste de sufragios negativos para evitar las tentaciones totalitarias (sic) sobre la confusión de convertir la consulta en plebiscito...»

Es patente que su meta no era ganar el referéndum, sino conseguir un porcentaje suficiente que les permitiera legitimar, de alguna forma sus posiciones, y tratar de hacer valer ese hipotético porcentaje a la hora de frenar la avalancha reformista que inevitablemente se desencadenará en breve.

Nada de esto es posible desde ahora. Porque ese 2,6 % que referido al total del censo electoral se reduce hasta un insignificante 2% invalida cualquier pretensión de ser tenida en cuenta en la negociación política que, a escala nacional, ha de ponerse en marcha.

El Gobierno ya ha adelantado una primera pista sobre esta situación. El ministro de la Gobernación, señor Martín Villa, en la rueda de prensa que mantuvo la madrugada del día 16, afirmó, ante una pregunta de EL PAIS que ese porcentaje de «noes» no era sino un reflejo claro de la auténtica influencia de ese sector en el conjunto de la nación.

El valor del menguado porcentaje se acentúa tras la belligerante campaña en favor del no. Todos debemos acudir a las urnas y todos debemos oponernos, había sido la síntesis de la extrema derecha. El descalabro final sólo podría explicarse a partir de una grave indisciplina por parte de sus adeptos -lo que resulta mortal para cualquier posición política- o del verdadero reflejo de su entidad que no alcanza ni siquiera el medio millón de habitantes del conjunto electoral.

Un último dato que conviene analizar es que buena parte de los portavoces más cualificados en favor del no se encuentran situados en instituciones todavía fundamentales de la política nacional: Consejo del Reino, Consejo Nacional, Cortes, y algún pequeño sector de las Fuerzas Armadas: Girón, Piñar, Martín Sanz, Iniesta, Gias Jove y otros. Precisamente, desde esas posiciones se hubiera intentado con toda energía capitalizar el porcentaje pretendido. A la vista del 2,6% toda la operación política -sin duda planeada para surtir efecto a medio y largo plazo- se derrumba estrepitosamente.

Sin necesidad de recurrir a ningún análisis el sector político que pretendía un no cualificado ha comprendido rápidamente la auténtica posición en el juego de fuerzas y ha decidido marginarse. No se explica de otra forma la afirmación con que concluía un artículo de primera página publicado el mismo jueves con la firma del director de El Alcázar: «Nuestra lealtad -decía- cifrada hasta ayer en el pasado y en el presente que de él se derivaba, la ponemos desde hoy en el futuro.» Y unas líneas antes aseguraba que «cumplido nuestro deber, pasamos a la ofensiva».

La abstención vacilante

El 22,6% que arroja la abstención situa a sus defensores en una posición débil frente al Gobierno. Si se admite que un doce o un 15% de ausencias pertenezcan al sector que se inhibe por motivaciones no políticas, resulta que apenas un 10% puede atribuirse a la campaña de oposición activa. Un elemento importante de esa campaña es precisamente el que estaba propiciado por un conglomerado de partidos, de forma conjunta, pero, a la hora de la verdad -y como era de esperar- sólo la extrema izquierda se ha mostrado, verdaderamente activa y consecuente y ha tratado de llevar el tema a su terreno -la calle, la manifestación, la mesa pública, con intervención policial asegurada, etcétera- que difiere notablemente del que conviene a la que se denomina Oposición moderada. Ese factor de confusión y la lógica falta de cohesión en los cuadros de los distintos partidos y sus potenciales partidarios, explican las consecuencias de un resultado que, según algunos observadores, sería el precio de un planteamiento erróneo. A la Oposición moderada le hubiera bastado -según este planteamiento- con denunciar incansablemente los presupuestos y el desarrollo de la campaña pro referéndum, pero sin dar el paso de pedir la abstención activa que -quiérase o no- ha resultado finalmente un factor de reforzamiento para las posiciones gubernamentales.

¿Un sí excesivo?

Inmediatamente antes de la consulta se detectó en círculos oficiales -ver EL PAIS, día 15- el deseo de que los votos afirmativos no sobrepasen el 70% para evitar la imagen de los dos referendums franquistas. Es posible que estas afirmaciones no fuesen sino globos-sonda, lanzados oportunamente para curarse en salud ante el posible resultado. Pero también, la misma madrugada del recuento de votos, el señor Martín Villa, con mal disimulada euforia se rendía a la evidencia de las urnas y que el Gobierno no tenía más remedio que aceptar la decisión del pueblo español. Sin decirlo de manera explícita, el señor Martín Villa -único portavoz autorizado que ha analizado hasta ahora los resultados- reconocía paladinamente que los resultados eran un auténtico plebiscito para el Gobierno del presidente Suárez.Pero hay un elemento fundamental que debe concretarse al 94,2% de votos afirmativos: su significación para consolidar la posición de la Corona.

Es cierto que don Juan Carlos ha mantenido el más riguroso silencio a lo largo de toda la campaña del referéndum. Su única aparición pública se limitó a la presencia ante la urna, en compañía de la Reina, para depositar su voto. Estábamos, desde luego, ante la ley de Reforma Política del Gobierno, pero hay que añadir que era la reforma política del Gobierno de Su Majestad, y que el fin de la democracia orgánica y del entramado político del franquismo lo refrendará don Juan Carlos de Borbón cuando aparezca su firma al pie de la disposición oficial en el Boletín Oficial del Estado, una vez cumplidos los trámites administrativos de recuento, impugnaciones y resúmenes finales que establece la legislación.

Ese 94,2% y aquel 2,6% enmarcan una inmensa franja política que totaliza prácticamente a la nación y que se convierte en auténtico terreno de juego para todas las incitaciones de cambio que, desde ahora, se pongan en marcha propiciadas por el Gobierno de Su Majestad.