Legales, ilegales y neutros

( ... ) La distinción entre partidos legales, legalizables y no legalizables se ha convertido en la manzana de la discordia que puede dar al traste con el referéndum. La distinción sólo tendría sentido en la lógica autoritaria del franquismo, y por su bizantinismo recuerda otros juegos semánticos de la época caudillil. Escudarse en la legalidad que representa la ley de Asociación Política del pasado mes de junio y justificar con esa base la discriminación entre partidos es moverse en la arbitrariedad más absoluta disfrazada de norma. Aquella ley pertenece al «ciclo Arias» de la reforma y responde a todos los resabios de la dictadura.El presidente Suárez dijo que quería, «elevar a la categoría de normal lo que en la calle es normal». No cabe, en consecuencia, empeñarse en desconocer el hecho evidente de que socialistas y comunistas están ahí, existen y se mueven, aunque no hayan pasado por la famosa ventanilla. La alternativa es cerrar los ojos, inventarse una realidad distinta de la realidad y llevar al país a la catástrofe por seguir jugando a los buenos y. los malos. La ley de marras obliga a las asociaciones (ni una sola vez el articulado habla de partidos) a «conformar su actuación a las Leyes Fundamentales», es decir, a unas normas dictatoriales, antidemocráticas, cuya derogación es condición indispensable para hablar de democracia, como el propio Gobierno reconoce. ¿Cómo se puede pedir a partidos que durante cuarenta años han mantenido su rechazo sistemático de la dictadura que, al final, y a dictador muerto, comulguen con las ruedas de molino del franquismo?

La distinción entre partidos legalizados Y no legalizados es una actitud farisaíca propia de ciertas mentalidades escolásticas que se mueven en las brumas de la irrealidad. Perderse a estas alturas en silogismos jurídicos para justificar el veto de RTVE a algunos partidos equivale a continuar las prácticas del franquismo, que ignoraba lo que no le convenía. El trámite de la ventanilla parece la pequeña venganza de una mediocridad que se siente compensada haciendo pasar por las horcas caudinas a los enemigos de antaño.

Si la democracia es de veras el objetivo del Gobierno, que se deje en paz de distingos. Un registro meramente declarativo en el que se inscriban todos los partidos existentes debe ser el único requisito de legalización. Como el registro civil, donde se apuntan feos y guapos, altos y bajos, inocentes y futuros delincuentes, y a nadie se le excluye porque le caiga gordo a alguien.

Menos tolerable es aún que se etiquete a algún partido como no legalizable porque se presume que su actuación va a ser ilícita antes de que se hayan cometido hechos delictivos y de que ningún tribunal haya emitido sentencia. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Perderse en semejantes laberintos legulescos supone perpetuar la división nacional, la distinción entre vencedores y vencidos y, lo que todavía es peor, intentar edificar la democracia sobre la arena de la arbitrariedad.

, 26 de noviembre