Se emplearán con todo rigor las posibilidades que nos da la legislación antiterrorismo

Tras dar lectura al comunicado del Gobierno -que publicamos en nuestra última página-, el nunistro de Gobernación dijo, entre otras cosas al locutor:«Realmente el Gobierno, en su sesión de esta tarde, ha considerado, como dice la nota, todas las posibilidades que la ley de Orden Público le ofrece. Y una de esas posibilidades es evidentemente la del estado de excepción. El Gobierno ha acordado, por unanimidad, creo que no falto a ningún secreto de las deliberaciones del mismo, la decisión adoptada, y ello por algunas razones de orden práctico y por otras de orden político. De orden práctico, porque el Gobierno cree que la suspensión de los derechos ciudadanos a que da lugar la declaración del estado de excepción, no ofrece mayores ventajas o no ofrece ventajas importantes en relación con las medidas que ha tomado y a las que hace referencia la nota.

En definitiva, la suspensión de derechos ciudadanos, en el marco de la ley de Orden Público y de acuerdo con el artículo 35 del Fuero de los Españoles, hace referencia a los derechos de reunión y manifestación, a las actuaciones policiales, y creemos que los primeros -ejercicio de los derechos de reunión y manifestación- pueden estar suficientemente guardados por las instrucciones que hemos cursado a los gobernadores civiles y a las autoridades policiales. Y en cuanto a la actuación policial, se emplearán con todo rigor, como es lógico, todas las posibilidades que nos da la legislación antiterrorismo, porque claramente estamos en un supuesto de terrorismo.

En este sentido, las detenciones pueden circular en un marco de mayores facilidades e incluso la entrada en los domicilios, en estos supuestos concretos, también es posible, en un funcionamiento muchísimo más normal y quizás sin necesidad de apelar a las facilidades que da la declaración del estado de excepción.

Por otro lado también, el Gobierno es consciente, y así lo dice en su nota, de que debe operar desde la firmeza y también desde la serenidad.

He insistido muchas veces que el orden público no es negociable; he insistido muy recientemente en que el orden y la libertad no son cuestiones que se contraponen, sino que son complementarias y que se necesitan.

El Gobierno es consciente de que la gran mayoría del pueblo

español respalda sus propósitos de reforma política. El Gobierno sabe que cuenta con la motor parte de la sociedad española, que son, además, los más, los más y los mejores, y eso sabe que es general en el país; y sabe que lo es también en las provincias vascas. Por tanto, no ha creído necesario que unas medidas tengan que circular como castigo para unas comunidades concretas.

El Gobierno sabe y conoce que respaldando la acción de las fuerzas de orden público -que realmente merecen todo nuestro apoyo, y apoyo con firmeza, destacando que son objeto de campañas que hemos de rechazar absolutamente porque son intencionadas y porque llevan a resultados como los de hoy-, este proceso es posible y, por tanto, tomará las medidas que crea necesarias en cada momento.

Comprendo que buena parte de la sociedad española se puede preguntar -después de los sucesos de la pasada semana, de la jornada del día 27, de los sucesos del viernes en Madrid, que claramente se desarrollaron con un fracaso total y absoluto para los que los promovieron, y de los asesinatos de hoy- si éstas son las medidas necesarias.

El Gobierno cree tener en su mano todos los datos para haber decidido así. El Gobierno sabe que así responde a los deseos de los más. El Gobierno insistirá con todos los medios a su alcance: policiales, gubernativos y políticos, en la detención de los culpables, en entregarlos a las autoridades judiciales como es propio en cualquier Estado de Derecho, y proseguirá su proceso político en paz y en libertad.»