Coordinación Democrática dispuesta a "pactar la ruptura"

El organismo unitario de oposición Coordinación Democrática ha hecho público un comunicado, tras su reunión de ayer, en el que reitera su disposición, a pactar la ruptura o alternativa democrática con aquellos sectores o instituciones de poder que acepten el establecimiento de las libertades democráticas, como premisa para ir a unas elecciones a Cortes constituyentes, en la forma concreta especificada en su documento fundacional.Coordinación Democrática opina que el Gobierno, «sumido en luchas internas que se reflejan en su incoherencia política, en descrédito creciente, propugna un programa de reformas, encaminado a secuestrar indefinidamente la libertad de la voluntad popular».

El comunicado comienza analizando la situación socioeconómica «cada vez más insostenible en que se encuentra el país y, en especial, los trabajadores (aumento de la inflación, carestía y paro, descontento popular, desorientación del empresariado ante la carencia de una política económica coherente).

Señala también la que considera « falta de legitimidad de las consultas propuestas por el Gobierno, más aún cuando no van precedidas de las siguientes garantías: reconocimiento de los partidos políticos sin excepción; reconocimiento de las libertades de asociación, expresión, reunión y manifestación; reconocimiento y garantía de la libertad sindical sin ningún tipo de trabas a su ejercicio; acceso a los grandes medios de comunicación de masas y consiguiente utilización igualitaria de los mismos; control del censo y de los actos consultivos y electorales por los partidos políticos y libertad para todos los presos políticos y retorno de los exiliados».

Coordinación Democrática rechaza todo planteamiento de referéndum como el anunciado, «ya que ni permite al pueblo expresar libremente lo que desea, ni ofrece cauce para resolver la necesidad política apremiante del momento, que es instaurar una verdadera democracia pluralista».

Coordinación Democrática dice también, de la ley recientemente aprobada sobre el derecho de reunión y manifestación, «que no corresponde a las exigencias en esta materia de una auténtica democracia».