Rocha perfila su última bala para aferrarse a la presidencia de la RFEF

Pedro Rocha cumple una inhabilitación de dos años impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por excederse en sus funciones cuando presidía la comisión gestora que reemplazó a Luis Rubiales. También está investigado en el marco de la Operación Brodie por presuntos contratos irregulares relacionados con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que presidía desde el pasado mes de mayo. Antes, había sido presidente de la comisión económica en algunos de los presuntos delitos como las adendas en los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí que permitieron que Gerard Piqué cobrar una comisión de unos 20 millones de euros. Rocha respondió a la jueza Delia Rodrigo no saber nada cuando su firma aparecía en las actas de aprobación, por lo que la magistrada cambió en apenas media hora de declaración su condición de testigo a imputado.

Con toda esa carga judicial sobre sus espaldas, pese a su inhabilitación y el daño reputacional causado, el dirigente extremeño pretende aferrarse al cargo y retomarlo lo antes posible con la solicitud de una nueva medida cautelar que paralice su sanción. El pasado jueves ya le fue denegado el primer intento.

La junta directiva de la RFEF, reunida de manera telemática, aprobó este viernes por unanimidad la aplicación del punto 31.8 de los estatutos federativos por el cual se celebrarán en breve unas elecciones con la actual asamblea en las que el que el elegido asumirá la presidencia por unos días y convocará elecciones para un periodo de cuatro años en las que primero se eligen a los 140 asambleístas y después estos votan al presidente que deberá regir la RFEF durante el próximo ciclo olímpico 2024-2028. Esta vía que hubiera evitado todo el enjambre que retrasó las elecciones hasta mayo, fue descartada por Pedro Rocha en septiembre de 2023. Por entonces, aún seguía las directrices de Luis Rubiales y de sus dos ideólogos de cabecera, el secretario general Andreu Camps, y el comisionado externo Tomás González Cueto. Ambos defendieron en una reunión con los presidentes de las territoriales que lo conveniente era aplicar la Orden Ministerial reguladora de las elecciones en las federaciones deportivas, que contemplaba unos solos comicios con una nueva asamblea que eligiera presidente para cuatro años. Por entonces, al rubialismo y a Rocha les interesaba dilatar lo máximo posible su estancia en la poltrona del fútbol español, por la que percibía los 700.000 euros de sueldo que heredó de su antecesor en el cargo. Ahora percibe la mitad, después de que algunos barones le reprocharan que aceptara el sueldo de Rubiales. En la asamblea de julio se rebajó sus emolumentos como un gesto de buena voluntad y de maquillaje, pero no hay noticias de que haya pretendido hacer retroactiva su nueva retribución y devolver la diferencia a las arcas federativas.

Según un barón presente en la junta directiva, la intención de Rocha es presentarse a las elecciones en cuanto se convoquen. Con ese movimiento ya podrá solicitar la medida cautelar que frene su inhabilitación por haber despedido a Andreu Camps de manera unipersonal sin contar con el resto de miembros de la gestora.

Será el mismo juez que le denegó la primera cautelar el que decida si ahora se las concede. Este, entre otras cosas, razonó en su auto que, al no estar convocadas las elecciones, no cabía la medida cautelar. El próximo lunes, está previsto que la junta directiva se reúna y se ultimen los pasos para iniciar el proceso electoral. Será el momento en el que Pedro Rocha pueda solicitar otra cautelar. Otra vía por la que puede optar es recurrir la primera denegación de cautelares ante la Audiencia Nacional, pero esta tiene una duración de entre cuatro y seis meses.

Existían discrepancias sobre si lo correcto era aplicar el citado artículo 31.8 de los estatutos federativos o la citada Orden Ministerial. Fuentes federativas aseguran que ahora se considera más garantista la primera opción para evitar otra sanción del TAD. Hace un año eso daba igual porque de lo que se trataba era de dilatar el proceso pese a las prisas del CSD por agilizarlo. Ahora tampoco ven con buenos ojos que Rocha trate de seguir en la poltrona.

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