La directora de la CELAD impulsa un nuevo Real Decreto de lucha contra el dopaje

Ni el Real Decreto de Lucha Contra el Dopaje de octubre pasado era perfecto ni los requisitos para ser agente de control estaban bien descritos en la ley. Así lo entiende Silvia Calzón, directora de la CELAD, la agencia antidopaje española, desde febrero pasado. Calzón ha anunciado que somete a consulta pública la modificación de ambas normas, que están en la raíz de la grave crisis de la agencia que concluyó con el cese de su anterior director, José Luis Terreros.

Los puntos conflictivos que desea modificar del Real Decreto son el referido a las autorizaciones terapéuticas, el de localización de los deportistas para controles, la posibilidad de controles entre las 23.00 y las 6.00 y la definición más precisa del pool de deportistas sometidos a controles fuera de competición, así como concretar respecto del pasaporte biológico las referencias al estándar internacional que le es de aplicación, el de gestión de resultados (ISRM). Desde que la Audiencia Nacional anuló una sanción por pasaporte biológico, esta herramienta de la lucha antidopaje ha sido una pesadilla para el sistema español. La práctica de aceptar justificaciones terapéuticas –uso de medicamentos prohibidos para tratar una enfermedad– con recetas antedatadas (prescritas posteriormente a los hechos, pero con una fecha anterior) no era solo habitual en España, sino en todas las agencias del mundo, pero generó casos conflictivos como el de la maratoniana española Majida Maayouf.

También busca modificar, mediante una orden ministerial sometida a consulta pública, los requisitos para ser agente de control. Para controles de sangre y extracciones de muestras biológicas será necesario, como hasta ahora, estar en posesión de una titulación sanitaria. Sin embargo, para la recolección de muestra de orina solo se exigía hasta ahora la condición de ser mayor de edad. No se pedía siquiera que el agente supiera español y había casos de agentes extranjeros, contratados por la alemana PwC, que no se podían comunicar los deportistas. Con la orden se exigirá una titulación mínima. Todos los agentes, además, deberán superar un curso de formación antes de ser habilitados. La mayoría de los agentes habilitados en España poseen el diploma de Experto en Prevención del Dopaje que otorga la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Pese a que la UCAM exige pagar una matrícula (1.550 euros), el curso (seis meses, semipresencial) está subvencionado por la CELAD y en su claustro profesoral figuran algunos de los funcionarios de la propia CELAD.

Cuando era joven, casi niña, en Utrera, las tardes de Tour y Vuelta Silvia Calzón las pasaba junto a su madre pegada a la tele, sufriendo y emocionándose con Indurain y Perico, y, sobre todo con Chava Jiménez, tan rebelde, tan diferente a todos, tan alegre en el momento de ponerse de pie sobre los pedales y atacar. Fue su único ídolo. El ciclismo, su deporte. Todo acabó un día de diciembre de 2003 cuando Chava, cliente de Eufemiano Fuentes, murió, tan joven, víctima de una profunda depresión y de adicciones, en una clínica de desintoxicación. Su muerte sacó a la luz el lado más oscuro del ciclismo. Su conocimiento supuso el fin del amor de Calzón, y de miles de aficionados hasta entonces, por un deporte manchado como ninguno por el dopaje. No perdió, sin embargo, la admiración por la capacidad de acción del ciclista de El Barraco. Y aprendió que el dopaje es un asunto de salud pública, capaz de causar la muerte de un deportista, que puede acabar con la credibilidad de un deporte, de un atleta, y hasta de las administraciones públicas.

Dos décadas más tarde, ironías del destino quizás, Calzón, de 48 años, fue nombrada directora de la CELAD, la agencia española contra el dopaje, después de que su anterior director, José Luis Terreros, fuera destituido y su gestión de los controles sometida a la investigación de la Fiscalía de Madrid y del Tribunal de Cuentas, y a la crítica de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Más que por su historia de amor y desengaño con el deporte, el perfil que valoró José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, al elegirla, fue el de una gestora sanitaria –Calzón es doctora en economía y médica experta en salud pública– crecida en el sistema andaluz de salud que mostró su gran capacidad como secretaria de Estado de Sanidad durante la pandemia.

La modificación legislativa iniciada con el proceso de consulta pública son las decisiones de Calzón después de tres meses al frente de la agencia y de cambiar la cúpula directiva, para mejorar la gestión y lograr más rigor, más transparencia y más eficiencia, según se traduce de la nota de prensa que acompaña la información sobre los nombramientos de Manuel Sarmiento como número dos de la agencia, jefe del departamento de control, en sustitución de Jesús Muñoz Guerra, un histórico de la maquinaria antidopaje en España también en el disparadero por la gestión de los controles y de los resultados; del médico y exnadador olímpico Carlos Peralta como jefe de prevención, en sustitución de Enrique Lizalde, que se jubila, y de Montserrat Herranz como secretaria general en sustitución de Ramón Sánchez, que se traslada al Instituto Carlos III. Ninguno de los tres nuevos directivos ha tenido contacto nunca con el antidopaje español o sus agencias.

Todos los actos de la agencia estarán supervisados por una comisión de control, recién creada, y debatidos en una comisión de coordinación en la que estarán representados los deportistas en activo, quienes por primera vez tendrán cierto peso en la política antidopaje española.

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