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El Barça echó balones fuera ante la Fiscalía sobre los pagos a Negreira: “No se puede afirmar quién, del FCB, encargó los servicios”

El club aceptó ante la Agencia Tributaria que los 7,3 millones pagados al exdirigente arbitral no respondían a servicios reales

El presidente del Barça, Joan Laporta, en una foto de archivo.Foto: Alejandro García (EFE) | Vídeo: EPV
Jesús García Bueno

El FC Barcelona no ha sido capaz, por ahora, de dar una explicación pública razonable sobre los 7,3 millones de euros que, a lo largo de 17 años y bajo cuatro presidentes distintos, hizo al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira. Tampoco supo hacerlo cuando fue requerido para ello por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía. A través de sus representantes legales, el club asumió que no disponía de ningún contrato o documentación que avalase los servicios presuntamente prestados por Negreira y echó balones fuera: “No se puede afirmar quién, por parte del FCB, fue el responsable del encargo de los servicios”, según uno de los documentos que constan en la investigación judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.

El origen del caso Negreira es una inspección de Hacienda a Dasnil y Nilsad, las empresas con las que Negreira facturó al Barça por un presunto asesoramiento verbal del que no hay rastro alguno. En su declaración, que avanzó el viernes este diario, el exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) explicó que el club le pagaba porque tenía miedo de resultar perjudicado en las competiciones y quería asegurarse el comportamiento “neutral” de los árbitros, de modo que no favorecieran a los equipos rivales. Ante la sospecha de que los desembolsos no obedecían a servicios reales, la Agencia Tributaria preguntó también al club, que fue incapaz de articular una explicación. “No se formalizó por escrito contrato con dicha empresa [Dasnil]. El club desconoce los detalles de la formalización del contrato verbal dado que deberíamos remontarnos a 2001. Es decir, las personas que debieron negociar dichos contratos no son ya empleadas del club″, respondió por escrito la entidad azulgrana.

La investigación ha acreditado que, entre 2001 y 2018 —bajo las presidencias de Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu— el Barça abonó a Negreira 7,3 millones de euros. La relación finalizó en verano de 2018, coincidiendo con la salida de Negreira del órgano de gobierno de los árbitros. Tras la denuncia de la Fiscalía contra el Barça por un delito continuado de corrupción en el deporte, una jueza de Barcelona investiga ya si parte de ese dinero sirvió para comprar la voluntad de árbitros españoles, de manera que favorecieran al club azulgrana sobre el terreno de juego. Negreira negó haber pagado a árbitros, pero su costumbre de retirar el dinero en efectivo a través de cheques es uno de los elementos que hace sospechar a los investigadores de que, tal vez, pudo hacer pagos a terceros.

Ningún responsable del Barça, en cualquier caso, pudo o supo explicar a las autoridades el motivo real de los pagos, o sea el pecado original, más allá de los conceptos que recogen las facturas. “Poco más puede decirse en cuanto, como se ha señalado, las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla del club”, respondió María Isabel M., en nombre del Barça, a Hacienda. Negreira sostiene que nunca hubo contrato, sino que fue un acuerdo verbal entre él y los sucesivos presidentes del club, con los que trataba de forma regular.

Ante Hacienda, el Barça tuvo que acabar firmando un acta de conformidad en la que acordó regularizar el impuesto de sociedades y el IVA de los años 2015, 2016 y 2017. El club asumió que no debía haberse deducido ni el IVA ni el gasto en sociedades de las facturas pagadas a Dasnil y Nilsad, que fueron calificadas como una “liberalidad”, un concepto jurídico en el que quien paga lo hace sin esperar contrapartidas. O sea, una especie de regalo. Según fuentes consultadas por este diario, para el FC Barcelona eso es tanto como aceptar una infracción fiscal, por más que no vaya a tener consecuencias penales al haberse cerrado el acuerdo en la vía administrativa. Esas mismas fuentes subrayan que en el acuerdo puede haber pesado el hecho de que el Barça ya fuera condenado, en 2016, por dos delitos fiscales tras asumir su responsabilidad penal y el pago de una multa de 5,5 millones en el caso Neymar.

El club remitió a dos exdirectivos

La Agencia Tributaria trasladó sus sospechas sobre los tratos con Negreira a la Fiscalía, que en mayo de 2022 inició su investigación. Requerido por la policía, el club que dirige Joan Laporta entregó copia de las facturas y justificantes de pago, pero insistió en que no disponía de más información y, como el periodo investigado inicialmente comprendía los años 2016 a 2018, remitió a dos personas que formaron parte del círculo de confianza de Josep Maria Bartomeu (2014-2020): el exdirector general Òscar Grau y el exrseponsable de deportes Albert Soler. Ellos serían “fuentes de información adicional”, según un escrito del 5 de julio de 2022 firmado por Lluís Mellado, director del área legal. “Nos remitimos a los conceptos que constan en las facturas […] No se puede afirmar quién, por parte del FCB, fue el responsable del encargo de los servicios”, subrayaba el escrito. En sus informes, la Policía acabó reprochando al Barça la “escasa documentación” aportada.

Los agentes localizaron a Grau y Soler, que declararon como testigos. En su comparecencia, Grau contó que “desconocía la relación existente” entre Negreira y el Barça hasta 2018, cuando, debido a los apuros económicos que atravesaba el club, “se llevó a cabo una revisión a fondo del presupuesto”. Bartomeu estuvo de acuerdo en eliminar los pagos, lo que provocó la ira de Negreira, que envió diversos burofaxes amenazando con airear secretos: “Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades”. Cuando el Barça cerró el grifo, los ingresos de Dasnil cayeron en picado y Negreira tuvo que poner freno, también, a su alto tren de vida.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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