Iván Hierro, el traficante que quiere olvidar que delató a sus clientes

Pocos días después de hacerse pública la sentencia de la Operación Jimbo, Iván Hierro se arrepintió de haberle ordenado a su abogado que la aceptara y se comprometiera a no recurrirla. Y no se arrepintió tanto de mostrar su conformidad con una condena de seis meses que no suponía ingreso en prisión como, más bien, de haber hablado tanto ante la policía y la fiscal, lo que había conducido a que en la sentencia se identificara a sus clientes, la mayoría atletas de élite.

Era un desastre para sus amigos y colegas del gremio, porque él también era atleta. Su reputación estaba por los suelos. Había cantado. Si la juez se había tomado la molestia de citarlos con nombre y apellidos, un hecho inusual en las sentencias de los delitos contra la salud, no era por otra razón que la de posibilitar que la agencia española antidopaje (AEPSAD) los sancionara deportivamente por posesión.

La única solución que se le ocurrió a Hierro para evitarlo fue la de cambiar de abogado, acudir a la fiscal a decirle que él se había equivocado con los nombres e interponer un recurso de nulidad parcial de la sentencia. Bastaba, dijo, con que se borrara a los atletas citados. La maniobra interrumpió el expediente sancionador abierto en junio pasado por la AEPSAD a Margarita Fuentes Pila, Lolo Penas y los hermanos Fernando y Julio Rey, entre otros. Todas las actuaciones quedaron paralizadas y dejó de surtir efecto la suspensión cautelar con que habían sido ya castigados.

La reclamación surtió efecto instantáneo, pero finalmente, quizás, todo su empeño habrá sido vano. Según fuentes conocedoras del caso, la Audiencia Provincial de Cantabria dictará en los próximos días una resolución denegando la petición de Hierro. No habrá, insisten, revocación de la sentencia inicial, ya que la juez no quiere rectificarse a sí misma pese a que la fiscal se sumó al deseo de olvido expresado por Hierro, y los deportistas mencionados serán sancionados con varios años de suspensión. Gracias a la sentencia, y apoyándose en los autos de la investigación policial que reflejan el número de paquetes de sustancias dopantes recibido por cada uno de los atletas y su contenido (principalmente EPO y anabolizantes) revelado por los escáneres a los que los sometieron, la agencia considera probado que todos ellos entraron en posesión de productos prohibidos para deportistas federados. La posesión en sí ya está prohibida y sancionada. La única defensa a que se agarran los implicados es la presunta prescripción de los hechos, ocurridos en algunos casos antes de la entrada en vigor de la ley antidopaje.

Los envíos de Hierro tuvieron lugar en 2013 y 2014. Según la policía, Penas recibió cinco paquetes; Fuentes Pila, cuatro, y los hermanos Rey, seis, todos ellos enviados a Toledo al domicilio de la maratoniana Vanessa Veiga, pareja del mayor de los Rey. Todos ellos superan o rondan los 40 años. Solo Fuentes Pila permanece en activo, percibiendo ingresos por su actividad deportiva a través de sus acuerdos de imagen con la marca de calzados Robusta. Quizás por ello ha sido Margarita, de 36 años, la menor de la dinastía Fuentes Pila (su hermana mayor, Zulema, aún sigue compitiendo a alto nivel a los 41 años y representó a España en los últimos Europeos de cross, y la mediana, Iris, también es atleta de alto nivel), la más combativa en el proceso. También, dado que ya fue sancionada seis meses por dopaje en 2015, la que se arriesga a una mayor suspensión.

En todos sus escritos ante la AEPSAD y ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ante el que alegó para que se le levantara la suspensión cautelar que llevaba aparejada la apertura de su expediente disciplinario, la atleta cántabra ha negado que recibiera ningún paquete de Hierro, “y mucho menos de sustancias dopantes” y ha afirmado que su nombre apareció por error y descuido de la fiscalía. También ha expuesto una serie de cuestiones que ella consideraba irregulares (como que Hierro no hubiera firmado personalmente la conformidad con la sentencia inicial, sino que lo hubiera hecho su abogado, a quien había otorgado poderes ya que se encontraba hospitalizado) y hasta una carta en la que la fiscal del caso acepta expresamente sus tesis y las nuevas de Hierro y promete, si se celebra una nueva comparecencia para prestar nueva conformidad, borrar al menos un nombre de la sentencia, ya que, afirma, los paquetes de Margarita Fuentes Pila no habían sido escaneados.

Sin embargo, siempre según fuentes cercanas al caso, la Audiencia cántabra no estaba dispuesta a aceptar el borrado de los nombres. La AEPSAD no tendría entonces obstáculos para actuar.