Villar y Sáez, en manos del TAD

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) vuelve a reunirse este viernes para decidir si abre expediente a los presidentes de las dos federaciones más importantes del deporte español. A Ángel María Villar, máximo responsable del fútbol, se le acusa de haber concedido presuntos tratos de favor de índole económico al Recreativo, en las temporadas 2014-15 (Segunda A) y 15-16 (Segunda B), y al Marino de Tenerife en el curso 12-13 (Segunda B) para que estos clubes pudieran inscribir jugadores y poder competir. A José Luis Sáez, a la cabeza del baloncesto, la incoación del expediente le puede llegar por haber imputado gastos personales a la Federación Española de Baloncesto (FEB). La semana pasada el TAD decidió no tomar decisión alguna por la complejidad de ambos casos y la necesidad de estudiar la documentación.

En la reunión se plantea la abstención de, al menos, dos de los siete miembros del tribunal por conflictos de intereses.Tomás González Cueto se abstendrá, tal y como adelantó este periódico, porque Villar ha utilizado los servicios de un abogado que colabora para el bufete Jiménez de Parga, el mismo en el que él trabaja. González Cueto también se abstendrá en el caso del baloncesto por haber presidido el Comité de Competición hasta que fue nombrado miembro del TAD. El otro componente del tribunal que probablemente presente su abstención es su presidente, Enrique Arnaldo, este por haber integrado el Comité Jurisdiccional de la FEF hasta hace pocas semanas.

Los casos del Recreativo y del Marino pueden significar el fin de los 28 años de mandato de Villar en el fútbol español. El crédito concedido al conjunto onubense, a través del Comité Nacional de Entrenadores, para que este verano pudiera saldar su deuda con su exentrenador José Luis Oltra y así poder inscribir jugadores tiene a Villar y también a su vicepresidente económico, Juan Padrón, contra las cuerdas. Ambos son señalados por fuentes federativas como los instigadores de esa financiación que también bordea los límites de la legalidad con la Agencia Tributaria por el embargo que padece el Recreativo.

El lunes pasado, Pablo Comas, representante de los accionistas del club, leyó una carta ante la junta directiva de Villar en la que responsabilizaba al secretario general de la federación y candidato a la presidencia, Jorge Pérez, de estar al tanto de la maniobra y de que la garantía de ese préstamo era un cobro que debía recibir del grupo de clubes del G-35 como ayuda al descenso. Para ello, el Betis debería haber aceptado una cesión de crédito por su deuda con el Recre por el traspaso de Chuli y haber pagado la parte que le correspondía al club onubense.

Ayuda al descenso

Todos los clubes se comprometen a pagar una cantidad que luego es repartida entre los equipos que descienden y, como el Recre no la había abonado, la Liga de Fútbol Profesional le mandó un burofax recordándole que ya no tenía derecho a ese pago. Comas defiende que sí tenía derecho a él y que el Betis había aceptado pagar esa deuda. Sin embargo, un alto dirigente del club verdiblanco desmiente a Comas al asegurar que no podía pagar al estar el Recreativo embargado por Hacienda.

Este periódico también ha tenido acceso a documentación en la que, desde principios de julio, dirigentes del Betis aseguran que Comas estaba enterado de que el club sevillano no puede hacerse cargo de esa cesión de crédito y que, de pagar, pagaría a Hacienda para no incumplir la ley. Esto habría impedido al dirigente del club decano garantizar la deuda de más de 200.000 euros contraída con la Federación por el pago a Oltra y que puede suponer que a Villar se le acuse, además de perjudicar a terceros, de malversación de fondos.