Desestimada la demanda contra la modificación de los estatutos del Madrid

Si una eventual crisis deportiva o institucional precipita este año la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid, el proceso se conducirá según dictan los estatutos aprobados en 2012 bajo el impulso de Florentino Pérez. Esto implica que los candidatos deberán acreditar 20 años de antigüedad como socios, aportar un preaval de unos 90 millones de euros, y garantizarlo con su patrimonio personal bajo el escrutinio de un banco español. Es el resultado de la sentencia publicada ayer por la juez Almudena Maricalva, titular del Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid, que desestimó la demanda de un grupo de socios que consideran que los requisitos para ser directivo resultan tan restrictivos que vulneran el derecho fundamental a la libre asociación.

Encabezados por el exdiputado de CDS Rafael Martínez-Campillo, los demandantes coinciden con otras plataformas madridistas en señalar que las elecciones de 2013 quedaron desiertas debido al excesivo rigor de los estatutos actuales, que, en la práctica, solo permiten que se presente Florentino Pérez.

La juez Maricalva discrepa. La magistrada empleó 15 folios para consignar los antecedentes y justificó su decisión en uno solo. Allí afirma, en primer lugar, que los estatutos de 2012 no discriminan a la mayoría puesto que tiene pruebas de que el 85% de la masa social del Madrid cumple los requisitos para aspirar a la presidencia. Dice la juez que "ha quedado acreditado que el 84,85% de los socios reunía en 2013 la cualidad para ser miembro de la junta directiva con los nuevos requisitos y 29.979 socios pudieron acceder al cargo de presidente. No cabe entender vulnerado el principio de igualdad pues no se trata de forma desigual a personas en situaciones idénticas".

La juez no se dejó convencer por la declaración del expresidente madridista Vicente Boluda, que acudió al juzgado para denunciar la arbitrariedad de una norma que le impidió a él presentarse a los comicios de 2013, puesto que entonces solo tenía 17 años de antigüedad como socio.

Respecto al preaval, la juez afirma que se exigía desde 1992, y para ello se apoya en la Ley del Deporte. Aquí Martínez-Campillo entiende que la resolución no está argumentada y confunde el aval previsto en la ley de 1992 con el preaval instituido por Florentino Pérez en 2012.

"Es un batiburrillo", lamenta el demandante. "La juez se hace un lío". Martínez-Campillo asegura que recurrirá. El jurista dice que ya prepara el escrito de apelación para presentarlo en la Audiencia Provincial de Madrid, cuya resolución se estima que se dicte en el plazo máximo de un año.

Florentino Pérez ya advirtió el 23 de noviembre, cuando se celebró la vista, que la juez Maricalva no tomaría ninguna decisión relevante. "Lo más fácil", dijo, "es que esto termine en el Tribunal Supremo dentro de muchísimo tiempo, así es que no pasará nada".

Por otra parte, el Consejo Superior de Deportes concedió a David Bettoni, ayudante de Zidane, la cautelar y podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu este sábado ante el Athletic de Bilbao. La Federación había retirado la licencia a Bettoni por considerar que no ejercía de encargado de material, tal como lo había inscrito el club.