Villar vulnera los estatutos

Cuando el martes 19 de enero la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó la reducción de la Asamblea General de 180 a 140 miembros, esta vulneró los propios estatutos federativos. “Esta rebaja del número de asambleístas que eligen al presidente introducida en el reglamento electoral está destinada a favorecer la reelección de Ángel María Villar”, dicen desde las oficinas federativas.

La aprobación de ese reglamento electoral dejó a los clubes profesionales, contrarios a la gestión de Villar, con 20 votantes cuando antes contaban con 30. El estamento arbitral, favorable a la actual dirigencia, aumentó por el contrario su número de asambleístas. “Esta es una prueba más de que Villar hace lo que le da la gana. Podía haber dejado los 180 y haber ajustado las horquillas de los votos según impone la orden ministerial, pero la redujo a su conveniencia. ¿Por qué reduce ahora el censo, cuando desde hace más de 20 años son 180 los asambleístas?”, sostiene un dirigente federativo que pide guardar el anonimato.

El reglamento electoral enviado al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que este lo apruebe incumple los estatutos de la Federación en su artículo 28. “La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, y está compuesta por 180 miembros, de los cuales 20 son natos y 160 electos”.

La Comisión Delegada, formada por Villar, cuatro presidentes de territoriales, cuatro clubes y cuatro miembros salidos de los estamentos formados por jugadores, árbitros y entrenadores, no tiene potestad para modificar los Estatutos Y dejar el número de asambleístas en 140. Entre sus deberes está “el de la aprobación y modificación de los Reglamentos y de las normas de competición”, pero en ningún caso vulnerando los Estatutos, que también son muy claros al respecto en el apartado K, del artículo 4 sobre competencias de la propia Federación: “Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA, de la UEFA y los suyos propios, así como las Reglas de Juego”.

La reducción impulsada por Villar, en medio del conflicto que mantiene con el CSD, incluso vulnera el propio reglamento electoral aprobado por la Comisión Delegada que en su artículo 13, apartado F, dice: “Velar por la aplicación de los Estatutos, reglamentos y disposiciones de la FIFA y de la RFEF”.

Miembros federativos alegan que la reducción es para hacer la asamblea más barata

Durante la celebración de la Comisión Delegada fue Marcelino Maté, presidente de la territorial castellano-leonesa y uno de los hombres fuertes de Villar, el que presentó el manifiesto que justificaba la reducción del número de asambleístas. Su argumentación sorprendió y mucho a la dirigencia federativa contraria a Villar. “Además de los altos costes económicos y humanos que entiendo debe ocasionar la organización de una reunión de tantos miembros, lo cierto es que, por lo que hemos podido percibir en las últimas reuniones, no solemos asistir todos los miembros de la Asamblea General, siendo el número de asistentes habituales cercano a los 130 o 140”, rezaba el manifiesto de Maté.

En esa misma reunión los clubes profesionales pidieron un aplazamiento de la decisión al verse claramente perjudicados por la decisión tomada, pero obtuvieron por respuesta un “no” de Villar. También solicitaron incluir entre los miembros natos de la Asamblea (el propio Villar y los 19 presidentes de territoriales) a representantes de los seleccionadores de fútbol 11, a los entrenadores y al fútbol sala, pero su petición fue denegada.

“40.000 euros por reunión”

“Villar reduce la Asamblea por dinero y resulta que tiene una junta directiva compuesta por 67 miembros y entre ellos hay tres presidente del Betis, por poner un ejemplo. La última que montó costó 40.000 euros y fue para 40 minutos en los que no se tocó ni uno solo de los temas importantes que están encima de la mesa como es el caso del Recreativo”, argumenta un miembro de la junta directiva federativa.

Si Villar pretende llevar a cabo esa reducción deberá convocar por tanto la Asamblea General, de la que ya se despidió el pasado mes de julio advirtiendo que era la última de este mandato. “Esto es otra cacicada y un movimiento más para ganar tiempo y retrasar las elecciones lo más posible”, concluyen desde la sede federativa.