El Elche desciende a Segunda; el Eibar mantiene la categoría

En el nuevo escenario que castiga a los clubes de fútbol españoles por impagos o ausencia de acuerdos con la Agencia Tributaria para saldarlos, el Elche se ha convertido primer equipo de la máxima categoría del fútbol español que sufre un descenso administrativo. El Juez de Disciplina de lo Social de la Liga de Fútbol Profesional, Manuel Rivero González, así lo decidió tras examinar un expediente abierto por la propia Liga por mantener deudas con la Agencia Tributaria que sumaban 8,8 millones de euros y por las que estaba sometido a embargo. En la gravedad de la resolución pesó el agravante de reincidencia y se apunta como desde la campaña anterior el club ilicitano recibió varias sanciones y apercibimentos no sólo por no cumplir con Hacienda sino también por facilitar datos erróneos de carácter económico.

El Eibar, que acabó el pasado campeonato en el puesto décimo octavo, se beneficia de esta decisión y mantendrá la categoría que había perdido en los terrenos de juego. “Es la mayor injusticia que se ha cometido en el fútbol español y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, anuncia Juan Anguix, presidente del Elche. Tiene abierta durante los próximos quince días la vía del recurso al Tribunal Administrativo del Deporte e incluso en última instancia la de la justicia ordinaria, pero también un nuevo desafío que ahora se presume complicado de resolver: abonar el dinero que adeuda a los futbolistas (el goteo de denuncias situará la cantidad a pagar más allá de los seis millones de euros) antes del 31 de julio. Si no lo consigue acabará en Segunda B.

El desastre en los despachos castiga a un club que fue ejemplar durante la temporada en otros aspectos. En el social estuvo amparado por más de 25.000 abonados, en el futbolístico logró la permanencia cuatro jornadas antes del final tras sellar una segunda vuelta espectacular cuando ya le daban por entregado. En Navidad el Elche era colista y sus profesionales denunciaron reiterados impagos. La Liga, que ya había atado en corto al club en verano para que se ciñera a su tope salarial, le impidió realizar incorporaciones hasta el punto de que el veterano Gaby Mudingayi, que llevaba tres meses entrenando con el equipo, se tuvo que marchar a otro destino vista la prohibición. Hartos de promesas incumplidas, técnicos y jugadores firmaron un comunicado el 1 de abril informando de que no participarían en ningún acto público, comparecencia o evento de representación institucional del club que no fuese el de jugar los partidos. Menos de un mes después, el 27 de abril, el presidente José Sepulcre presentó su dimisión y la Fundación que detenta la mayoría accionarial del club aupó a Juan Anguix, otrora mano derecha de Sepulcre y poco después su más encarnizado crítico.

El 'lo que se ha ganado en el campo' es un discurso en el que hay mucha trampa" Alex Aranzábal, gerente del Eibar

Anguix llegó entre aclamaciones y tracas. “Este club no puede morir”, dijo. E invitó a empresarios y aficionados de la ciudad y su entorno a concurrir a una ampliación de capital que inyectara al club 7 millones de euros este mismo verano. Pero primero tenía que jugar un importante partido en la sede de la Agencia Tributaria. La semana pasada desde el club se cantó gol: “Acuerdo cerrado con Hacienda. A partir de ahora, a pensar en lo deportivo”, escribió en su cuenta de twitter Daniel Rubio, vicepresidente del Elche. Días antes había anticipado que presentarían un recurso a la instrucción en marcha. “Lo haremos con todo detalle y documentación para que no haya lugar a dudas”, apuntó.

Pero en su resolución, el juez de la Liga desnuda lo que entrecomilla como “acuerdo” entre el Elche y la Agencia Tributaria. La directiva presidida por Anguix presentó un compromiso de aval bancario por 2,9 millones condicionado al ingreso íntegro de unas deudas por retenciones ante las que esgrimió un pagaré conformado por el banco BMN y registrado por el banco suizo UBS por importe de 3,5 millones y con fecha de vencimiento el 28 de julio, justo cuando expira la contragarantía de la entidad financiera. “El primer día que podría ejecutarse dicha garantía, el 29, ya habría caducado”, zanja el juez de Disciplina Social, que además argumenta no sólo que ni está ante un método de pago regulado, ni con el pagaré se salda la deuda, sino que el Elche tampoco se lo había presentado al instructor pese a que desde hace dos semanas aludía a ese documento como una causa esencial de sus alegaciones, Lo aportó al fin el pasado lunes, ya cerrada la instrucción, mediante una fotocopia en la que no figura la fecha en que se firma el pagaré, ni según le transmitió la Agencia Tributaria a la Liga, se establece una garantía evidente de pago. Por tanto, dice Hacienda, el impago sigue en gestión de cobro. “Se trata de provocar una apariencia de presunto cumplimiento”, apunta la resolución que tira por tierra los argumentos de la actual directiva del Elche y advierte que darlos por buenos sería tanto como “aceptar que las deudas se pagan sí y cuando el deudor decide”.

Conocida la decisión, con la afición del Elche en la calle y los diez jugadores con contrato en vigor resignados a lo peor, Anguix añadió un tinte surrealista a la situación al asegurar que podría pagar en efectivo. Durante las horas anteriores a la resolución el club trató de ganar tiempo e incluso solicitó la suspensión de todo el procedimiento durante diez días e incluso aludió a una supuesta indefensión. El juez consideró la primera petición extemporánea y abusiva. “Implicitamente reconoce la insuficiencia de la documentación y argumentación expuesta”, añade. Sobre la segunda recuerda que incluso se recibieron y contestaron alegaciones fuera del plazo indicado para que la entidad evitase el descenso en los despachos y una multa de 180.303 euros. Y le advierte de que hubiera podido sancionarle con una expulsión de tres a cinco años de la LFP. No lo hizo, asegura, por haber ponderado que casi todas las conductas infractoras era atribuibles a la directiva que precedió a la que ahora preside Juan Anguix.