La Federación creará una comisión para negociar con la LFP

En la batalla por el reparto de los derechos de televisión entre los clubes españoles se ha dado esta mañana un pequeño paso hacia el acuerdo final. Encalladas como estaban las relaciones entre Federación, Liga de Fútbol Profesional y Consejo Superior de Deportes, por la incapacidad para sacar adelante un Real Decreto que regule la venta centralizada de los derechos de televisión, la junta del organismo que preside Ángel María Villar se ha reunido esta mañana con varios representantes de clubes. En la junta se ha acordado la creación de una comisión de representantes de la Federación que se reunirá con miembros de la LFP para diseñar un acuerdo que recoja las instrucciones para llevar a cabo el reparto centralizado, que una vez negociado, se enviará al Gobierno.

La decisión de reunirse con representantes de la Liga ejemplifica el cambio de tendencia que ha adoptado la Federación puesto que la relación entre Villar y Javier Tebas, su presidente, no se encuentra en su mejor momento. Tampoco la de Villar con Miguel Cardenal, presidente del CSD, del que el máximo responsable de la RFEF recela en cuanto a sus intereses en la redacción del Decreto. Villar se ampara en el artículo 78 del Estatuto de la FIFA en el que se establece que los derechos de las competiciones de cada país corresponden a las federaciones nacionales “sin ninguna restricción”, por lo que según entiende el presidente de la Federación podría producirse una injerencia en las competencias de un organismo como la FIFA por parte del Gobierno.

“Se está poniendo en peligro nuestra situación en el mercado de los derechos audiovisuales y sobre todo de nuestros derechos internacionales para las próximas temporadas”, declaró Tebas, apoyado por el resultado de la votación resultante en la última asamblea extraordinaria llevada a cabo en la LFP en la que participaron representantes de los 41 clubes profesionales y que culminó con el envío de una carta a Consejo Superior de Deportes para que acelerase la tramitación del Real Decreto.