El fútbol se alza contra el Gobierno

El fútbol, una de esas raras industrias en las que España es referencia mundial, se está revolviendo. La insurgencia comenzó en Asturias, en la asamblea general que la federación del Principado celebró el 4 de febrero. Los 160 delegados, representantes de directivos, árbitros, entrenadores y jugadores de los 315 clubes del fútbol base (1.213 equipos) del Principado votaron por unanimidad interrumpir las competiciones el fin de semana pasado. El próximo amenazan con parar las federaciones de Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Tenerife, Ceuta y Melilla. Y la ola crece. Avanza hacia el Consejo Superior de Deportes (CSD), primera escollera del Gobierno.

El paro no afecta al fútbol profesional. De momento. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ampara las medidas. Y advierte de que la protesta se extenderá a las Ligas de Primera y Segunda si no lo soluciona el Gobierno. Villar requiere la intervención del ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert.

La RFEF advierte que la protesta se extenderá a las Ligas de Primera y Segunda si no lo soluciona el Gobierno

Maximino Martínez, presidente de la federación asturiana, señala que la protesta se dirige contra el CSD por recortar el 26% de las ayudas derivadas de los ingresos de las quinielas, que tradicionalmente servían para subvencionar la construcción de infraestructuras, y contra el Gobierno por fiscalizar a trabajadores voluntarios a través de la Ley de Emprendedores. “Esta ley obliga a darse de alta en la Seguridad Social a monitores, jardineros, y demás voluntarios, que perciban 200 euros o más para gastos. Y son instituciones sin ánimo de lucro. El fútbol base se fundamenta en personas altruistas. Los directivos no cobran. La ley es inviable. Desconoce totalmente el fútbol modesto, que ya está malherido por la saturación de retransmisiones de partidos de Primera. Hoy la media de espectadores en los campos de Segunda B es de 300 personas”.

Martínez observa que arrecian las inspecciones de la Seguridad Social en clubes de toda España y que están abriendo expedientes. Los directivos deben asumir con su patrimonio las eventuales multas. La consecuencia es que más de 3.000 directivos han renunciado en los últimos cuatro años en Asturias. La crisis afecta al fútbol aficionado, que en España cuenta con más de 680.900 jugadores afiliados en 19.000 clubes con unos 550 millones de euros de gasto anual. El perjuicio puede repercutir en las canteras, principal sostén financiero de los clubes medianos y pequeños de Primera y Segunda.

Villar rechaza la intervención del CSD y reclama el arbitraje del Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, opina que el conflicto es artificial. Cardenal argumenta que dando de alta a todas las personas que trabajan en el fútbol base —incluso aquellos que ganan 100 o 200 euros al mes— se trata de proteger el Estado de bienestar. Recuerda que aquellos que hagan labores voluntarias deben formalizar un contrato especial en donde es sencillo justificar que el dinero que se recibe es exclusivamente para gastos.Cardenal responsabiliza del paro a Villar, a quien acusa de vengarse porque en la última auditoría no justificó ocho millones de subvenciones para invertir en 56 estadios de fútbol base. En la federación aseguran que dichas obras fueron licitadas por el propio CSD, y que 41 ya han sido completadas. También advierten de que Tebas discrimina a la federación en favor de la Liga en materia de subvenciones, recortando un 26% de quinielas al fútbol base y un 10% a la Liga profesional.

Villar supone que detrás de la aplicación de la Ley de Emprendedores al mundo del deporte de base no hay más que una intención política por parte del Gobierno de elevar las altas a la Seguridad Social. Para sostener la disminución del paro en año electoral. Incluso considerando trabajadores a personas que no ganan más que para gastos.