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El juez desestima la querella del Huesca contra el Racing y el Hércules

El club aragonés acusaba a los otros dos equipos de amañar un encuentro para que los cántabros se mantuvieran en Segunda División La Audiencia Nacional dice que no es competente para investigar la denuncia

Fernando J. Pérez

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha desestimado la querella interpuesta por el club de fútbol Huesca contra los dirigentes del Racing de Santander y del Hércules de Alicante por supuestamente amañar un partido en junio de 2013 para facilitar la permanencia de los cántabros en Segunda División. El magistrado, a petición del fiscal, rechaza la acción judicial al entender que la Audiencia Nacional no es competente para investigar la denuncia por corrupción entre particulares y estafa presentada por el equipo oscense.

La querella relataba que después de que la Liga de Fútbol Profesional decretara el descenso a del Guadalajara a 2ªB por irregularidades en su conversión en sociedad anónima, el Racing, el Huesca y el Real Murcia, situados en la cola de la clasificación, tuvieron una oportunidad para mantener la categoría. Según la denuncia, los dirigentes racinguistas Miguel Ángel Lavín y Francisco Pernía propusieron a los directivos del Hércules, que tenía ya garantizada la permanencia, pactar la victoria de los cántabros. Tras conseguir los tres puntos contra los alicantinos, el Racing aún no había conseguido salvar la categoría, por lo que, según la querella, sus directivos se desplazaron a Girona para que este club reconociera de manera retrospectiva una alineación indebida en un partido disputado en abril, de modo que los cántabros obtuvieran los tres puntos de ese encuentro.

También sostenían los querellantes que los directivos del Hércules Enrique Ortiz y Carlos Parodi acordaron que su equipo se dejara ganar por el Murcia para evitar el descenso de este equipo, lo que, según el Huesca, propició su pérdida de categoría.

Los hechos denunciados, según Andreu, no son competencia de la Audiencia Nacional, ya que no constituyen un daño a la economía nacional ni suponen un perjuicio patrimonial para una generalidad de personas. El magistrado sostiene que la competencia corresponde a un juzgado de instrucción provincial y recuerda que la Audiencia Nacional “carece de más o distintos medios con los que ya, de por sí escasos, se cuenta en los juzgados territoriales”.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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