Una denuncia de verdad

A principios de febrero de 2011, tres semanas después de que la Federación Española de Ciclismo lo sancionara con dos años de suspensión y una multa de 97.125 euros por dopaje —positivo por EPO y HES en la Vuelta a España de 2010—, el corredor gallego David García Dapena acudió a una comisaría de policía donde denunció a X por un supuesto delito de dopaje. Al inspector del Grupo de Consumo y Medio Ambiente, experto en investigar tramas de dopaje, le contó que la sustancia por la que había dado positivo, Retacrit o EPO Zeta, se la había proporcionado X,de quien dio nombre, apellidos y localización, y añadió que le había prometido, falsamente, que era un producto indetectable.

Un mes después, su abogado, José Rodríguez, presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) un recurso pidiendo que a su patrocinado se le recortara a seis meses o un año la suspensión y se le anulara la sanción económica en aplicación de la ley española contra el dopaje, que prevé tales reducciones a aquellos deportistas que “ayuden sustancialmente” a la policía en sus investigaciones contra el dopaje. El recurso fue visto por un árbitro único, el gallego José Manuel Otero Lastres, en julio pasado en la sede madrileña del Comité Olímpico Español (COE). Su decisión, argumentada en un laudo redactado en diciembre, fue la de reducir a 18 meses la sanción y, lo que más le interesaba al ciclista, ya retirado y emigrado a Tenerife, donde tiene un negocio de alquiler de bicicletas urbanas, la anulación de la multa de casi 100.000 euros.

El corredor presentó, avalado por el CDS, un certificado policial sobre su eficaz ayuda

Como prueba de su sustancial colaboración, el árbitro aceptó una certificación del Ministerio del Interior proporcionada al abogado federativo por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que, después de confirmar la denuncia presentada por García Dapena, concluía: “Su colaboración se considera eficaz para la lucha contra el dopaje”. Tanto el abogado del corredor como el de la federación estuvieron de acuerdo en que era prueba suficiente. “Y el árbitro único”, se lee en el laudo, “es del mismo parecer. En consecuencia, procede aplicar el artículo 298 del reglamento de la UCI y reducir parcialmente la sanción, quedando esta fijada en el periodo de 18 meses por entender que la reducción de un cuarto de la sanción inicial de dos años guarda perfecta proporción con el alcance de la ayuda”.

García Dapena, nacido en 1977, corría en el Xacobeo Galicia, equipo cuyo propio médico llegó a denunciar prácticas ilícitas. Con la decisión del TAS, el ciclista, que tuvo como mayor éxito una victoria de etapa, en Ponferrada en la Vuelta de 2008, pasó a engrosar la lista de deportistas españoles cuya colaboración con la policía les ha valido un indulto parcial: el ciclista Moisés Dueñas —al que ningún equipo quiso contratar tras hablar— y los atletas Yesenia Centeno, Paquillo Fernández y, aún en trámites, José Luis Blanco.

El TAS decidirá esta semana un caso similar, el del atleta Paquillo Fernández

Esta práctica o, más bien, la facilidad con que se otorga en España el certificado de colaboración activa no es, sin embargo, del agrado de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), más exigente en sus normas, que ha recurrido ante el TAS las reducciones a Centeno y Paquillo de dos años a uno. El tribunal adelantó la semana pasada que la solución del caso Paquillo, el marchador granadino que podría quedar excluido de los Juegos, se publicaría el próximo viernes. Aunque fue una confesión limitada, llegó avalada por una certificación similar a la de García Dapena, por lo que el laudo de Otero Lastres podría servir de guía. Según fuentes arbitrales, sus fundamentos han sido revisados por el propio TAS en Lausana, preocupado por su compatibilidad, y escrupuloso en que no haya contradicciones, con sus normas, dada la posibilidad de que siente un precedente precisamente con otro deportista del mismo país.

Sin embargo, el caso de García Dapena tiene un plus a favor del ciclista: la confirmación práctica de su colaboración sustancial que no ha podido verificarse, sino un año después de haberse producido la denuncia.

Según fuentes policiales, la reciente desarticulación de una trama internacional de tráfico y venta de sustancias dopantes es fruto fundamental de la denuncia del ciclista gallego. Uno de los miembros del grupo de traficantes permanece en prisión en Madrid. El caso aún está bajo secreto de sumario y las investigaciones de posibles ramificaciones siguen en marcha.