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COLUMNA

Avales perversos

Los buenos propósitos de una ley suelen perderse por el camino. Indefectiblemente, cuando la norma no se adapta a la realidad cambiante. Sería el caso de la Ley del Deporte que a principios de los 90 forzó a los clubes de futbol a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La Ley, de 15 de octubre de 1990, fue precedida de un Plan de Saneamiento del fútbol español. El objetivo era doble: por un lado enjugar la deuda de los clubes de la Primera y la Segunda División, que a 31 de diciembre de 1989 ascendía a 26.000 millones de pesetas; y, por otro lado, gracias a las SAD, recapitalizarlos y responsabilizar a sus directivos y socios de las futuras deudas a que pudieran incurrir.

Aquellas medidas se vendieron como la última oportunidad del fútbol español para entrar en la senda de la racionalidad económica y la responsabilidad mercantil de sus dirigentes. A tenor de la evolución de los hechos, es evidente que buena parte de los objetivos perseguidos entonces se han dado de bruces con la realidad de un fútbol todavía más endeudado y con la mayoría de sus clubes sobreviviendo entre angustias financieras y litigios judiciales.

Pero todavía hay un segundo aspecto incluido en la Ley del Deporte cuyos efectos no fueron previstos y que ahora se antojan de una perversidad admirable. Me refiero a la disposición adicional Séptima por la cual aquellos clubes que desde la temporada 1985-1986 hubiesen obtenido resultados positivos podían mantener su estructura jurídica de asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Fue el caso de FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Osasuna. La condición a que fueron sometidos, como garantía de responsabilidad civil de sus directivos en caso de pérdidas económicas, fue la obligación de "depositar a favor del club y ante la Liga de Fútbol Profesional un aval bancario que alcance el 15% del presupuesto de gasto" para la temporada en curso y del cual podrán deshacerse cuando los beneficios acumulados en el ejercicio de su mandato compensen la cantidad a avalar.

Al legislador se le supuso la buena intención, que era evidente. Sin embargo, el paso del tiempo ha convertido aquella condición en una trampa perversa coyuntural y estructuralmente. Y esto es así porque la realidad económica de los clubes, de FC Barcelona y Real Madrid, concretamente, ha cambiado de manera radical sin que ninguna adaptación legislativa se haya producido. El FC Barcelona cerró el ejercicio 1989-1990 con unos gastos de 6.363 millones de pesetas (unos 38 millones de euros). En el año 2003, la primera Junta barcelonista obligada a depositar un aval bancario, la de Joan Laporta, presentó un presupuesto de gastos de 168,2 millones de euros. Es decir, que los gastos del club se habían multiplicado por cuatro en el espacio de trece años. La tendencia se ha mantenido desde entonces. Los gastos previstos por la primera junta de Sandro Rosell se han disparado hasta los 441 millones de euros y los candidatos a las elecciones de hace un año previeron situarlos cerca de los 1.000 millones durante el próximo quinquenio. Dicho de otra manera, mientras que en el año 1990 el aval -que la Junta de Josep Lluís Núñez no debió prestar- ascendía a menos de 600.000 euros, hoy en día supera los 6,6 millones de euros.

A corto plazo y de forma coyuntural, estas cifras mueven a las directivas entrantes a sanear las cuentas de la entidad hasta el punto máximo que la prudencia contable les permita con el fin de descargar su debe lo más posible. Porque cuanto más pasivo se atribuya a la Junta saliente, menor coste financiero tendrá su aval. Lo cual, además, genera la tentación para cualquier Junta en trance de abandonar el club de proceder a la venta de cuantos jugadores sean necesarios para cubrir eventuales demandas judiciales y relecturas contables de la directiva sucesora.

Sin embargo, no es la querella entre directivos entrantes y salientes la mayor perversidad que encierra la cuestión de los avales sino la propiedad futura de estos clubes y, quizás, su estructura jurídica definitiva. Porque no debe escapar a nadie que la posibilidad de depositar un aval bancario por valor de hasta 150 millones de euros (si alguna vez el presupuesto de gastos se eleva a los 1.000 millones de euros) va a estar en manos de muy pocos socios con lo cual el riesgo de caer en posesión de corporaciones financieras, grupos mediáticos o empresariales con intereses en el mundo del fútbol es evidente. Si además se observa que, mientras en el año 1990 los socios y abonados del FC Barcelona cubrían el 53% del presupuesto, actualmente apenas aportan el 12% y que el resto es sufragado por el operador televisivo, el patrocinador principal y el subministrador del material deportivo, entonces los riesgos se avecinan como inevitables. Y luego, la conversión de FC Barcelona y Real Madrid en SAD, aunque todavía no se adivine con que estrategia, no deviene ninguna quimera puesto que no hay corporación alguna que se someta a la incertidumbre de las urnas.

Jordi Badia es exdirector de comunicación del FC Barcelona.

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