El caso de los avales, listo para sentencia

En unas semanas se conocerá si el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el resto de su junta directiva deberán avalar alrededor de 40 millones de euros o quedan eximidos de esta obligación, después de que el juicio sobre los avales quedó ayer listo para sentencia. El propio Laporta compareció como demandado en la vista oral, que se celebró en el juzgado de primera instancia número 24 de la capital catalana y en la que ha declarado que ni él ni sus directivos avalaron al inicio del segundo mandato, en septiembre de 2006, "porque la Liga de Fútbol Profesional (LFP) certificó que no era necesario. Era público y notorio que habíamos logrado tener superávit durante tres ejercicios seguidos y, por lo tanto, tras las últimas elecciones, la comisión gestora que esos momentos gobernaba el club nos dijo que nuestra gestión era positiva y que, tras consultar a la LFP, podíamos tomar posesión sin necesidad de depositar el aval", añadió el máximo dirigente de la entidad azulgrana.

Tras Laporta, testificaron, en el mismo sentido, el vicepresidente y responsable del área económica del FC Barcelona, Ferran Soriano, y el que fuera tesorero del club y ahora vicepresidente al frente del área de mercadotecnia, Jaume Ferrer. También había sido llamado a declarar el presidente de la junta gestora de 2006 y actual presidente de la comisión económica de la entidad, Xavier Sala Martín, aunque éste excusó su incomparecencia alegando que se encontraba en Estados Unidos. La demanda por el caso de los avales fue interpuesta por un socio del Barça contra Laporta y su junta después de que, a petición de otro socio, el juzgado de primera instancia número 30 de Barcelona obligara a la actual directiva de la entidad catalana a convocar elecciones en verano de 2006, al considerar probado que sus primeros ochos días en el cargo (los últimos de la temporada 2002-03) equivalían a un año de mandato.

En base a esta sentencia, que fue ratificada por la Audiencia Provincial y actualmente está recurrida por el club ante el Tribunal Supremo, la parte actora solicita al juzgado que declare nula la toma de posesión de la actual junta directiva azulgrana -lo que derivaría en un nuevo proceso electoral- o, subsidiariamente, que le obligue a avalar el 15 por ciento (unos 41 millones de euros) de los 280 millones presupuestados por el club para la temporada 2006-07. Laporta y sus directivos cerraron el ejercicio 2002-03 con 164 millones de pérdidas, mientras que en las tres temporadas siguientes lograron un superávit total de unos 71 millones por lo que, según la normativa vigente, deberían haber vuelto a avalar al inicio de su segunda mandato, el 15 por ciento del presupuesto de aquel entonces.

Argumentos

Durante su comparecencia, Laporta explicó que, pese a que su junta se vio obligada a cerrar el ejercicio económico de la temporada 2002-03, no tomó ninguna decisión económica importante, por lo que atribuye la deuda a los gestores del anterior mandato, que empezó con Joan Gaspart y acabó con Enric Reyna como presidente interino. "En el acta de nuestra primera toma de posesión, hicimos constar expresamente que durante esos últimos ocho días de la temporada 2002-03, para evitar que en un futuro se generase cualquier tipo de confusión, sólo llevaríamos a cabo actos de administración, no de disposición". Sin embargo, la parte demandante sostiene que Laporta y su equipo tomaron, durante esos primeros ocho días, decisiones de enorme trascendencia económica. En concreto, provisiones por diversas actas de inspección por valor de más de 28 millones de euros, por costes derivados de la rescisión de ciertos contratos de jugadores por casi 64 millones de euros y por gastos de urbanización de los terrenos de Sant Joan Despí por más de 10 millones.

La auditoría externa encargada por Reyna en abril de 2003 arrojaba casi 38 millones de euros de déficit en ese ejercicio, mientras que la que solicitó la junta ya presidida por Laporta dos meses después reflejó una deuda de 164 millones. Un incremento de 125 millones de déficit que el demandado atribuye a la gestión de la actual junta. Durante la fase de prueba, diversos peritos de una y otro parte han presentados sus respectivos informes contables, en los que cada uno ha hecho una interpretación muy diferente de los números auditados en este primer ejercicio y de las responsabilidad que la junta saliente y la entrante tuvieron en los mismos. La decisión final de si esa deuda es imputable o no a la actual directiva y, por tanto, si la misma deberá prestar el aval con efecto retroactivo o continuar en el cargo sin comprometer su patrimonio personal la tendrá el magistrado Antonio Nuño de la Rosa, que podría dictar sentencia en 15 o 20 días.