OPINIÓN
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Desmoralizar

Si el juez Elpidio Silva es una víctima de la persecución, la estampa es nefasta. Pero si es un chalado desmadrado, aún es peor

En el campo de labranza del sistema judicial español, cuando el arado mediático escarba entre sus surcos se traslada una idea de infertilidad. Ha sucedido con el juicio contra Elpidio Silva. Si el juez es una víctima de la persecución, la estampa es nefasta. Pero si es un chalado desmadrado, aún es peor, porque lleva años ejerciendo sin que haya significado un problema profesional hasta que se ha topado con un banquero poderoso y desafiante. Si realmente utiliza todos los resortes de picapleitos para entorpecer su juicio por prevaricación y promocionar su carrera populista, no parece lo más inteligente permitir que se le aparezca la Virgen, con nombre de María Tardón, y que su recusación del tribunal sea, no solo entendible, sino razonable dada la participación de esta magistrada en la antigua Cajamadrid de Blesa & Cía.

El caso Silva ha transformado en verbena el caso Blesa. El banquero provoca una de las cotas más altas de indignación ciudadana, porque personifica el saqueo de las finanzas públicas desde la asociación con políticos y personajes poderosos de ese sistema que muchos consideran contaminado e irrecuperable. La más seria advertencia contra el mal funcionamiento judicial en nuestro país llega de los jueces. Todos ellos denuncian en sus declaraciones públicas la precariedad de sus recursos, la raquítica colaboración gubernamental y el desánimo generalizado. El descrédito aumenta con medidas como el cobro de cuotas para acceder al sistema y la legislación de urgencia en asuntos como la justicia universal y esa cascada de liberaciones de narcotraficantes y delincuentes internacionales porque la prisa y la sumisión guían a los políticos más que la pericia y el estudio calmado.

Las declaraciones del fiscal general alrededor de la falta de medios para la labor judicial de los departamentos anticorrupción culmina este panorama desolador. Se percibe que las armas judiciales son insuficientes para combatir un ecosistema político donde se alían arribistas y sobornadores. Sin investigación, medios, dedicación y protección institucional la lucha contra el fraude languidece, descarrila y es derrotada por defensas ágiles, combate a remo contra motores fuera borda. El país se fundamenta en la división de poderes y la eficacia institucional, no en la pantomima de sus juicios más desmoralizadores.

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