Testimonios de talonario

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, imputado por el caso Malaya y con varias condenas por causas urbanísticas, recibió un suculento talón por sentarse ante las cámaras de televisón y desgranar sus actividades financieras y los presuntos delitos que las acompañaban. Rosalía García, madre de El Cuco, imputado en el caso de Marta del Castillo, también recibió dinero de una televisión por contar la vida de su familia. Mercadear con este tipo de entrevista puede tener los días contados si prospera una iniciativa para atajar la compra de declaraciones de personas involucradas en procesos judiciales.

Este es el objetivo que se ha marcado la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Este organismo avanzó ayer el lanzamiento de una campaña para que los medios de comunicación, y especialmente la televisión, se comprometan a no pagar por la emisión de entrevistas a implicados en procesos judiciales.

La FAPE considera necesario evitar que personas condenadas o inmersas en pleitos con la justicia acudan a los platós a contar sus delitos y sean retribuidos por ello. “Pagar por conseguir testimonios supone deformar la causa judicial engañando al público”, explicó ayer la presidenta de la federación, Elsa González.

Se deforman las causas judiciales engañando al público Elsa González, presidenta de la FAPE

Pagar a los famosos para que cuenten sus andanzas en los programas de cotilleo es una práctica habitual en las cadenas de televisión, especialmente las privadas. La feroz lucha por la audiencia entre los dos grandes operadores (Telecinco y Antena 3) les ha llevado a competir por atraer hacia sus pantallas no solo a los personajes populares sino también a personas involucradas en casos judiciales de amplio alcance mediático.

Para conseguir una “limpieza informativa”, la FAPE quiere que los medios audiovisuales renuncien a estas prácticas. Una resolución de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología sobre la intervención retribuida de testigos y protagonistas de un proceso judicial asegura que “la comparecencia mediática de testigos y otros protagonistas del proceso mediante retribución genera una situación de riesgo tanto para la recta Administración de Justicia como para el derecho de defensa de los implicados en la causa”.

Esta comisión ha emitido este año 12 resoluciones sobre las prácticas periodísticas, una de las cuales hace referencia a la piratería audiovisual por parte de la televisión autonómica de Murcia, que, según el dictamen de los 12 miembros de la comisión, plagió informaciones para el programa El tiempo vivido. El presidente de la comisión, Manuel Núñez Encabo, apeló ayer al periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable. Frente a las multas de los tribunales, este organismo, dijo, “aplica sanciones morales”. La entidad se presenta como una garantía para la credibilidad del periodismo y una alternativa a la regulación jurídica.