Colegios, campos de fútbol o residencias: en qué municipios hay lugares en riesgo ante una inundación extrema

369 municipios en España tienen al menos un colegio que quedaría gravemente afectado en caso de una inundación extrema. En cincuenta ciudades (como Sevilla o Tortosa) las riadas alcanzarían uno o más hospitales y en otras 55, estaciones de autobús o ferrocarril. Plantas industriales de 231 municipios y fábricas con material radioactivo en otros 54 también sufrirían daños graves ane una riada fuera de lo normal.

El Ministerio para la Transición Ecológica recopila en una base de datos pública todos estos puntos de “especial importancia” para identificar los lugares vulnerables ante una inundación extraordinaria, aquellas que se esperan, de media, una vez cada 500 años. Es el tipo de eventos extremos que el cambio climático está haciendo más frecuentes y devastadores.

En la tabla y en el mapa de más abajo se pueden explorar los 1.003 municipios en los que hay instalaciones que quedarían dañadas de forma grave (más del 25% de la superficie afectada o calados superiores a 30 cm) o muy grave (más del 50% o más de 70 cm).

Tres provincias catalanas (Barcelona, Girona y Tarragona) son las que más puntos concentran, probablemente por la alta densidad de población en zonas cercanas al paso del Ebro y otros ríos. En Barcelona, uno de cada cuatro lugares potencialmente inundables con consecuencias graves es un centro escolar (colegios o guarderías). La provincia de Valencia, donde hace un año murieron 229 personas tras el paso de la dana, es la quinta con más instalaciones en riesgo.

¿Cuándo hay inundaciones extremas?

Las inundaciones extremas son las que tienen un período de retorno de 500 años. A partir del estudio de series históricas de precipitaciones, riadas y morfología del terreno se elabora una cartografía que dibuja las zonas que podrían anegarse en un episodio tan extraordinario como para ocurrir una vez cada 500 años.

Esta estimación utiliza sobre todo datos de ciclos de lluvia, que ya se ven afectados por el cambio climático. Una de sus consecuencias más estudiadas es el aumento de los eventos extremos, en cantidad y sobre todo en vehemencia. Ya en la dana de Valencia se vio cómo las riadas superaron con creces las áreas que según la cartografía oficial se inundarían al menos una vez en 500 años. Y lo hicieron todas a la vez. El agua alcanzó zonas (en Torrent, Paiporta, Benetússer, Sedaví o Castellar) donde el riesgo se consideraba mínimo. Hubo lugares anegados donde los modelos hidráulicos no contemplaban peligro de inundación.

Entre los expertos la dana sirvió para poner sobre la mesa la revisión de los datos de retorno: la propia riada del día 29 de octubre obligó a analizar si una inundación de esa magnitud era menos improbable de lo que se pensaba. Los científicos estudian a fondo las cuencas del Mediterráneo porque aquí los episodios de lluvias extremas se han sucedido desde hace siglos. La mala gestión del suelo y del espacio urbano no ha hecho más que agravar su impacto, como señaló un informe de la Cumbre Mundial del Clima del año pasado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (que gestiona gran parte de los ríos y barrancos que se desbordaron en Valencia) ya incorpora en sus análisis de las zonas inundables los nuevos escenarios: “la adaptación al cambio climático es una prioridad en la gestión del riesgo de inundaciones en España”, señalan desde este organismo. Los datos recabados tras la dana ya están obligando a redibujar los mapas de peligrosidad de la zona.

Algunos de los expertos implicados en el análisis y actualización de los mapas con esa nueva información apuntan a que los caudales en cuencas pequeñas pueden ser “entre un 30% y un 50%” superiores a lo observado en el pasado, lo que obliga a revisar los periodos de retorno de 100 y 500 años.

¿Cuánta gente está expuesta?

Los mapas de riesgo de inundación y sus potenciales consecuencias están centralizados por el Ministerio desde después de 2010, cuando entró en vigor el Real Decreto que los regulaba, a raíz de una directiva europea de tres años antes.

Al publicarse esta información se pudo comprobar cuánta gente quedaría ‘bajo el agua’ en caso de una gran inundación, ya que los planes urbanísticos municipales suelen ser anteriores. Resultó así evidente el riesgo extremo en algunos municipios pequeños, donde prácticamente toda la población vivía en zonas inundables. Es el caso de Polinyà de Xúquer (Valencia), con un 98% de residentes expuestos; Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), con un 97%; o Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), con un 96,3%.

Entre las grandes ciudades, destaca Murcia, donde casi dos de cada tres habitantes (62,8%) viven en zonas incluidas en las capas cartográfica de inundación. A nivel provincial, la proporción supera el 30%. En Valladolid, más de la mitad de la población municipal está asentada en áreas en riesgo, y en Sevilla la cifra ronda el 50%. Para ciudades de este tamaño, una crecida tendría un impacto potencial sobre decenas de miles de personas y cientos de infraestructuras críticas.

Metodología

Los datos de riesgo proceden de los mapas de riesgo de inundación fluvial con periodo de retorno de 500 años que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La lámina de agua está basada en la cartografía de riesgo a la población. Las infraestructuras proceden del archivo de riesgo en puntos de especial importancia. En este caso, se excluye la categoría de patrimonio cultural y se muestran únicamente las instalaciones con riesgo grave o muy grave. Además, se han unificado en la categoría de centros escolares los subtipos de escuela, educación infantil y educación escolar.

Los mapas interactivos utilizan la capa ráster del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (CC-BY 4.0, scne.es) y la capa hidrográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las etiquetas de poblaciones se han obtenido del Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE).

La distribución de infraestructuras por municipio se ha completado cruzando las ubicaciones identificadas por el ministerio con el mapa de recintos municipales del IGN.

Los datos de habitantes afectados proceden del propio análisis de riesgo a la población del Ministerio, que se basan en la información del censo de 2011. Para las cifras de población en la provincia se ha empleado el censo del mismo año.

En la siguiente tabla puede consultar el listado completo de infraestructuras con riesgo. Los nombres de los puntos de riesgo se emplean también en las etiquetas del mapa y se han tomado directamente del conjunto de datos del ministerio.