Estos serán los tutores legales del mar Menor encargados de su representación y gobernanza

Tras lograr más de 600.000 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de enorme éxito, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado abril comenzar la tramitación de una ley para dotar de personalidad jurídica al mar Menor y toda su cuenca, como las personas o las empresas. Este miércoles la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja ha dado un paso más al dar luz verde al texto con las enmiendas que da forma a esta figura jurídica sin precedentes en Europa.

Según el texto aprobado —con 29 votos a favor y 5 en contra—, que debe ser ratificado ahora en el Senado, la representación y gobernanza de la laguna del mar Menor y de su cuenca se concretan en tres figuras: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico. Tres órganos que formarán la Tutoría de este valioso ecosistema cada vez más deteriorado.

El Comité de Representantes estará formado por 13 miembros, 6 de la Administración y 7 de la ciudadanía. En el primer caso, se prevé que haya tres representantes por la Administración General del Estado y tres por la Comunidad Autónoma. En cuanto a la parte ciudadana, el texto aprobado en el Congreso fija que en una primera etapa los elegidos sean los miembros del grupo promotor de esta ILP, que está haciendo historia en el Parlamento por la velocidad a la que avanza. Este Comité de Representantes tiene entre sus funciones la de proponer actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, y también la de vigilar y controlar el cumplimiento de los derechos de la laguna y su cuenca; a partir de las aportaciones de la Comisión de Seguimiento y del Comité Científico.

La Comisión de Seguimiento (los guardianes y guardianas) estará formada por una treintena de personas en representación tanto de los Ayuntamientos como de los sectores sociales de la cuenca y se ocupará de la difusión de información sobre la nueva ley, el seguimiento y control del respeto a los derechos de la laguna y su cuenca, y la información periódica sobre el cumplimiento de esta normativa, teniendo en cuenta los indicadores definidos por el Comité Científico para analizar el estado ecológico del mar Menor. Por un lado, incluye a un representante y un suplente por cada uno de los municipios ribereños o de cuenca (Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco), que serán designados por cada Ayuntamiento y renovados cada cuatro años tras las elecciones municipales. Y, por otro, a otro representante y suplente por cada uno de los siguientes sectores: asociaciones empresariales, sindicales, vecinales, de pesca, agrarias, ganaderas, de defensa medioambiental, de lucha por la igualdad de género y juveniles. Estas personas deberán tener una trayectoria previa en la defensa del mar Menor y serán designadas por acuerdo de las organizaciones más representativas en estos ámbitos.

Por último, el Comité Científico estará formado por científicos y expertos independientes especializados en el estudio del mar Menor, propuestos por las Universidades de Murcia y Alicante, por el Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia), por la Sociedad Ibérica de Ecología y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para un periodo de cuatro años renovable. Este tercer órgano se ocupará del asesoramiento a los otros dos y de identificar unos indicadores sobre el estado ecológico de este ecosistema. Para garantizar su independencia, los científicos seleccionados deberán ser de reconocido prestigio y no recibirán remuneración alguna.

“La Declaración de la personalidad jurídica del mar Menor y su cuenca permitirá una gobernanza autónoma de la laguna costera, entendida como un ecosistema merecedor de protección en sí mismo, una novedad jurídica que potencia el tratamiento dado hasta ahora: la laguna pasa de ser un mero objeto de protección, recuperación y desarrollo, a ser un sujeto inseparablemente biológico, ambiental, cultural y espiritual”, detalla el texto de la proposición de ley que pasa ahora al Senado.

A pesar de contar con estos tres órganos como tutores, el artículo sexto de la futura ley incide en que cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del mar Menor, y puede hacer valer sus derechos a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o Administración Pública. “Dicha acción judicial se presentará en nombre del ecosistema del mar Menor como la parte interesada”, detalla este texto, que añade que “la persona que ejercite dicha acción y que vea estimada su pretensión tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, procuradores, peritos y testigos, y estará eximido de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares”.

En caso de aprobarse en el Senado, el mar Menor se convertiría ya de forma definitiva en el primer ecosistema con derechos propios de Europa.

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